La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, conocida en la jerga como PETI, analizará el jueves el caso de los abusos a los menores tutelados en el País Valencià y el papel de la exvicepresidenta Mónica Oltra. La particularidad del caso, en un organismo contaminado por las luchas e intereses políticos, es que la demanda viene a cargo de Elena Bastidas, diputada popular, y la presidenta de la comisión europarlamentaria es Dolors Monserrat, antigua ministra de Sanidad con el Gobierno popular de Mariano Rajoy, lo que abre la puerta a un posible conflicto de intereses.

PETI es uno de los organismos europeos con la reputación más manchada. Su papel es atender las quejas de los ciudadanos europeos que ven vulnerados sus derechos fundamentales. Por ello, esta vía les abre una pasarela para que las instituciones europeas intermedien en casos de posibles brechas y contradicciones del acervo comunitario. En el asunto en cuestión la petición no llega de un ciudadano de a pie, sino de un actor político.

Durante los últimos años, la comisión que preside la portavoz del PP en la Eurocámara ha sido una fuente de críticas por convertirse en el fango de la política española. Y cuenta con una cascada de reproches por su instrumentalización. Ya en 2020 una treintena de eurodiputados socialistas, de la izquierda y de los verdes denunciaron su instrumentalización y la "falta de imparcialidad" de su presidentas "especialmente en aquellas peticiones relacionadas con asuntos críticos con la gestión del Gobierno de España".

La ponente Bastadis, que intervendrá en el debate de la Eurocámara el próximo jueves, presentó una petición en senda comisión en marzo de 2021 en nombre propio y como portavoz del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de la Comunitat Valenciana. El próximo 8 de septiembre la defenderá en Bruselas. El preámbulo pasa por exigir la apertura de una investigación al departamento de Oltra alegando desprotección de los menores tutelados en la comunidad y pidiendo el amparo de Bruselas. Oltra dimitó el pasado junio pocos días después de su imputación por presunto encubrimiento del caso de abuso a una menor tutelada por el que fue condenado su exmarido.

En su escrito, aceptado por la comisión europarlamentaria, la diputada valenciana pide la intervención de PETI "para proteger a los niños que han sido víctimas de abuso en sexual en centros públicos de la comunidad autónoma ante la falta de acción de las autoridades nacionales y regionales". Apela a sus miembros a recopilar testimonios de las víctimas. Pero lo cierto es que de facto, la comisión europarlamentaria tiene poco margen de maniobra y de acción sobre los múltiples casos que les llega.

Bruselas se desvincula

La defensa de la exdirigente de Compromís desmonta la solicitud no solo sobre las formas, sino el fondo. Los ejemplos que se adjuntan corresponden a una decena de casos, alegados con noticias de periódicos, muchos de los cuales ya han sido investigados y perseguidos por la Fiscalía. Muchos otros ocurridos fuera de los centros. Y algunos de ellos incluso corresponden a la época bajo dominio del Partido Popular.

Es posible que el informe salga adelante con la mayoría de populares y de la extrema derecha. Pero su consecuencia se limitaría a un máximo de visitas oficiales de eurodiputados a València y un documento a la Comisión Europea. Sin embargo, sobre este caso, la Comisión Europea, guardiana de los tratados, ya ha eludido implicarse alegando que extrapola sus competencias. Ya en marzo, el Ejecutivo comunitario advirtió de que el asunto de los menores tutelados y el rol de Oltra es competencia exclusiva de las autoridades españolas. Y reiteró que solo puede intervenir en aquellos ámbitos donde los derechos fundamentales sean atacados en el marco de los tratados europeos.

Así, Bruselas ve la protección de la infancia como un campo competencia de las autoridades nacionales y, en este caso, de las españolas. "La Comisión Europea no puede intervenir en casos individuales, por lo que corresponde a los Estados miembros, incluidas sus autoridades judiciales, garantizar el respeto y la protección efectivos de los derechos fundamentales, de conformidad con su legislación nacional y sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Por lo tanto, la reparación debe buscarse a nivel nacional", justificó por entonces.

En paralelo, el abogado Magi Ribas Alegret ha presentado otra petición para que la Eurocámara investigue el bautizado como caso Bar España. Según documentación a la que ha tenido acceso Público, la solicitud ha sido aceptada a trámite por la secretaría de PETI, aunque ahora corresponde a los eurodiputados estimarla o no. El caso, uno de los bulos de pederastias más extendidos de la última década, hace referencia a una trama de conspiración contra diversos cargos públicos a los que se acusaron de pederastia satánica en al Bar España de Castellón. Es uno de los casos de desinformación más populares del país.

Todo ello alimenta la idea de que los políticos españoles recurren a Bruselas para extender su gallinero político y estrategias de combate contra sus adversarios. Durante los últimos meses, el Partido Popular ha aterrizado en la capital comunitaria con la misión de desacreditar al Gobierno de Pedro Sánchez en la gestión de los fondos europeos. También muy crítico ha sido con las medidas de ahorro energético, a pesar de que la presidenta de la Comisión Europea, la popular Ursula von der Leyen, ha elogiado al país por ello.

El último cruce entre los socialistas y españoles en la comisión de Peticiones llegó a través de una resolución para condenar los crímenes impunes de la banda terrorista ETA. El próximo jueves llegará el nuevo asalto en la campaña de los populares contra los socialistas y de la que la Comisión Europea ya se ha desentendido.