Fernández Díaz lleva ya un mes sin presentar denuncia ni siquiera pedir las grabaciones en su despacho oficial

El 23 de junio, Público desvelaba al menos dos presuntos delitos reflejados en las tres horas y media de conversaciones entre el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el exdirector de la Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso. El de vulneración de la intimidad a alto dirigente del Gobierno y lo que pudiera extraerse de unos encuentros encaminados a destruir a los adversarios políticos independentistas. La primera reacción del afectado fue declararse “víctima de este atropello” y acusar de “calumnias” y de información “sesgada” a la publicación.

Pero un mes después de que se le escuchase conspirar con el ahora juez, Jorge Fernández Díaz no ha pisado aún un juzgado para interponer una denuncia por violación de la intimidad contra quien le haya grabado y tampoco por calumnias a Público. Es más, la Comisaría General de Policía Judicial tampoco ha acudido a presentar ningún informe a los tribunales o a la Fiscalía sobre la investigación que encargaron al comisario José Santiago Sánchez Aparicio, que acaba de jubilarse esta semana.

“Las pesquisas van más que lentas”, reconocen funcionarios policiales a Público. De hecho, ya no está en manos de la Comisaría General de Policía Judicial, que debería trabajar a las órdenes de un juez, si no que ha sido trasladada a la Dirección Adjunta Operativa (DAO), la cúpula policial de donde salen los informes fantasmas y apócrifos como el montaje contra Podemos (PISA) o de la falsa cuenta de Trías, con la que especulan el ministro de Interior y el exdirector de la oficina antifraude en esas conversaciones.

Después de que dos enviados de la Policía Judicial acudieran a la Redacción de Público a solicitar las grabaciones a pesar de no tener nada que ver con la investigación, ni tener mandamiento juidicial, el diario entregó los audios íntegros a la Fiscalía General del Estado para que investigara los delitos oportunos. Una vez que la supuesta “víctima de este atropello” manifestara la vulneración de su intimidad y de los asuntos de Estado que se tratan en ese despacho, lo normal hubiera sido que se intentase investigar quién grabó al ministro.

Pero hasta el momento ni la Policía Judicial ni la Dirección Adjunta Operativa han emitido oficio alguno a la Fiscalía solicitando una copia de la grabación íntegra para su análisis y tampoco el Ministerio Público lo ha remitido a la Policía Científica o al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil para que se haga una pericial sobre quién y cómo grabó.

Los juristas consultados aseguran que “esta pericial es fundamental para saber si hubo una violación de la intimidad del ciudadano Jorge Fernández Díaz y también si hubo un ataque a la seguridad del Estado, debido a que el ministro del Interior tiene información reservada y en su despacho pueden discutirse asuntos que atañen a la seguridad nacional”.

Casi en las mismas fechas (2 y 16 de octubre de 2014) en que Jorge Fernández Díaz fue grabado conspirando con Daniel de Alfonso, la prensa germana y estadounidense se hacía eco de que los servicios de inteligencia alemanes habían pinchado el teléfono móvil de Hillary Clinton y grabado sus conversaciones. Alemania también había grabado al primer ministro de Israel y al presidente de Francia, y, a su vez, Estados Unidos también había espiado a la mayoría de los países e instituciones de la Unión Europea.

Sin embargo, el ministro nunca ha hecho alusión a esta posibilidad de espionaje internacional y tampoco ha señalado a Daniel de Alfonso como posible autor de la grabación. ¿Quiere decir eso que Fernández Díaz sabe quién y cómo lo grabó y prefiere no investigarlo, porque a lo mejor no violaron su intimidad?

Si grabar una conversación a un ministro en su despacho puede poner en riesgo la seguridad nacional, ¿por qué la abogacía del Estado no lo denuncia como víctima de tales hechos? Según las fuentes consultadas, “porque se acogen a que tiene que ser la víctima del delito contra la intimidad la que inicie la denuncia y esto no ha ocurrido”.

Los que sí han acudido a la Justicia, al entender que en esas conversaciones se estaba conspirando contra rivales políticos del PP, han sido los partidos Catalunya Sí Que Es Pot, ERC y PSC. Sin embargo la Fiscalía General del Estado, que ha tenido que manifestarse sobre el fondo de la cuestión, entiende que dentro del despacho del ministro se tratan temas delicados y que no se está cometiendo ningún delito. "Del contenido de las conversaciones no se desprenden indicios suficientes para iniciar una investigación penal por preconstitución falsa de pruebas, prevaricación administrativa ni por los restantes tipos penales", contesta expresamente a la querella de ERC contra Fernández Díaz.

Sin embargo, al mismo tiempo la Fiscalía del Estado abre la puerta a que el presunto grabador sea el exdirector de la Oficina Antifraude y actual juez en activo. Su decisión es que De Alfonso pudo cometer un delito de revelación de secretos, que ha enviado investigar a la fiscalía madrileña, y otro de malversación de caudales públicos, cuyas pesquisas se tramitan en Catalunya.

“El ministro tiene la puerta abierta por la decisión de la Fiscalía a personarse e impulsar las investigaciones sobre revelación de secretos iniciadas en Madrid. Lo mismo si deja de ser ministro lo hace”, explican fuentes jurídicas.

¿Por qué es tan remiso a que la Justicia investigue?