Los fosfoyesos de Huelva, unos 100 millones de toneladas de residuos tóxicos, que contienen elementos radioactivos, acumulados durante 40 años  son un problema complejo que tiene múltiples aristas –ambientales, sanitarias, sociales– y que lleva sin resolverse la friolera de 17 años, si se toma como referencia el momento en que el Gobierno de España decidió acabar –debido a distintos incumplimientos de las reglas medioambientales– con la concesión que tenía en ese momento la empresa Fertiberia para utilizar unos terrenos como depósito en plenas marismas.

A finales de los años 60, en pleno desarrollismo franquista, comenzaron a fabricarse a las afueras de Huelva fertilizantes químicos, y los residuos generados por el ácido fosfórico, los yesos, comenzaron a acumularse en la margen derecha del Río Tinto. Entre los restos, hay uranio, radio y otros materiales radiactivos, que provienen de la roca fosfática tratada con ácido sulfúrico de la que resulta el fertilizante.

Las balsas de yesos, que son cuatro, están a escasos 500 metros de las primeras viviendas de Huelva y ocupan 1.200 hectáreas, un espacio considerable. En torno al 50% de esos restos almacenados ha sido restaurado por las administración autonómica y local, según el Consejo de Seguridad Nuclear.

En 1998, Fertiberia recibió del Gobierno la concesión para gestionar los depósitos en esa finca y cinco años después, en 2003, el Ejecutivo decidió retirársela debido a diversos incumplimientos, como la superación de los espesores máximos de yeso y la utilización inadecuada de una de las balsas. La empresa acudió a la justicia y la Audiencia Nacional falló en el año 2007 que el Gobierno tenía razón, en una sentencia hoy firme tras haber quedado desestimados los recursos de Fertiberia.

Dos años después, en 2009, la Audiencia Nacional, en un auto en el que ordenaba ejecutar su sentencia, acordó la prohibición de apertura de nuevas balsas de vertidos y el cese definitivo de los vertidos para el 31 de diciembre de 2010, además del inicio "inmediato" por Fertiberia de la regeneración ambiental de los terrenos.

La Audiencia especificaba que el proyecto debía "adecuarse a los estudios científicos" y además ordenaba a Fertiberia la constitución de un aval multimillonario que garantizase la ejecución de las obras necesarias para recuperar los terrenos y que la factura no la tuviese que pagar el Estado, como sucedió en el caso de la ruptura de los lodos tóxicos de Aznalcóllar, hace 22 años, un caso del que Boliden, la empresa responsable, se ha ido, de momento, de rositas. 

A partir de ese momento, se inicia un devenir judicial y administrativo que, después de más de un decenio, no ha solucionado el asunto y que se ha convertido en un auténtico vodevil en el que, poco a poco, la propia Audiencia Nacional ha ido empujando a la empresa y al Gobierno a ejecutar un plan, que Fertiberia presentó finalmente en 2014.

Enterrar los recursos

El plan recibió esta semana, según afirmó la empresa en un comunicado, un nuevo espaldarazo –después de la declaración de idoneidad emitida hace años– del Gobierno de España mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva, cuyo contenido exacto aún no se conoce, porque aún no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado.

El proyecto, según Fertiberia, prevé la regeneración del terreno en dos fases: un periodo estimado de diez años para el encapsulado de los fosfoyesos y la vegetación de la zona, a los que seguirían otros 30 años de seguimiento y control. Es decir, la solución de la empresa consiste básicamente en enterrar los residuos.

Esta idea, aunque avalada, al menos en parte, por el Gobierno –tanto con administraciones del PP como del PSOE– ha sido puesta en cuestión por diferentes estudios técnicos –del CSIC, del Instituto Geológico y Minero y de varias universidades, entre ellas la de Huelva–, que consideran que ese almacenamiento no es seguro. Por un lado, las marismas podrían verse afectadas debido a filtraciones y vertidos. Por otro, en caso de un seísmo, las balsas podrían romperse, y por último, también existe el riesgo de emisión de flúor a la atmósfera. 

Después del visto bueno del Gobierno de España al plan de Fertiberia, aún queda que la Junta de Andalucía otorgue una autorización ambiental, el siguiente gran jalón en el proceso, y también que el Ayuntamiento de Huelva, que tiene las competencias urbanísticas, vea si el plan cuadra con su Plan de Ordenación Urbana y, en su caso, permita arrancar las obras. Además, el Consejo de Seguridad Nuclear, debido a la presencia de radioactividad también tiene que dar su punto de vista.

Un fondo en Jersey

La Audiencia Nacional, después de años de litigios y de tener una sentencia sin ejecutar durante trece años –no solo debido a las dilaciones causadas por la empresa, sino también a las provocadas por las administraciones y a los recursos ecologistas–, no termina de fiarse de que la compañía vaya a cumplir con el plan entero.

En un contundente auto del pasado mes de junio instó a Fertiberia a que con carácter inmediato deposite definitivamente los avales –hoy fijados en 65,9 millones de euros– que garanticen que es la empresa la que va a ejecutar los trabajos de regeneración ambiental. Los magistrados consideran este asunto "urgente" debido "a la previsible venta" de la sociedad a Triton Partners, un fondo radicado en Jersey, un paraíso fiscal vinculado al Reino Unido ubicado en el Canal de la Mancha.

El tribunal entiende que "existe el riesgo de que Fertiberia no ejecute la obra, sin que ni siquiera se tenga garantías de que vaya a ser posible ejecutarla a su costa". Así, Fertiberia ha agotado la paciencia de la Audiencia, que ha decidido que si no aparece en plazo la garantía, Javier Goñi del Cacho, presidente de Fertiberia, pagará "multa de 1.500 euros reiteradas cada 20 días, hasta la completa ejecución de lo fijado por el tribunal". Los magistrados consideran que la compañía ha tenido acceso a financiación por lo que "podría y debería haber constituido" ya la caución.

Actores en acción en Huelva

La presencia de esos residuos y la manera en que se puede resolver la problemática que han causado ha generado a lo largo de los años amplias y profundas polémicas en Huelva.

A grandes rasgos, los actores sociales que agrupan las diferentes sensibilidades e intereses, son los siguientes: por un lado, está la gran patronal, la Asociación de Industrias Químicas, que tiene como aliado a la UGT local, que, aunque con matices, defienden la postura de Fertiberia.

Y, por otro lado, están las asociaciones ecologistas –WWF Adena, Greenpeace, Ecologistas en Acción…–, diversos expertos de la Universidad de Huelva, y la Mesa de la Ría, que comenzó como una plataforma integrada por profesionales y que ha acabado por tener dos concejales en el Ayuntamiento de Huelva. Todos ellos rechazan el enterramiento de las residuos y algunos de ellos apuntan a soluciones imaginativas de distinto tenor.

Por ejemplo, una de ellas se refiere al aprovechamiento de los fosfoyesos, a través de una patente que permite transformar los residuos en calcita, indispensable en la industria de la construcción, y sulfato de sodio, utilizado para hacer detergente, para su uso con fines comerciales. 

"Para Fertiberia, la solución más fácil es enterrar los residuos. A la ciudadanía no nos corresponde decidir qué hacer. Es la administración la que tiene que proponer alternativas. Si este proyecto no es válido, que la empresa presente otro. Nuestra opción siempre va a ser reutilizar los residuos. Hay muchas posibilidades y somos conscientes de que no va a haber una solución mágica”, afirma a Público Rafael Gavilán, portavoz municipal de la Mesa de la Ría.

Incidencia en la salud

En Huelva preocupa mucho y es un tema de conversación habitual si la actividad industrial del Polo químico, el gran motor económico de la zona, del que dependen unos 6.000 empleos,  –donde está Fertiberia, además de otras quince empresas– y la contaminación resultante son las causantes de una mayor mortalidad que en el resto del país.

No se ha podido establecer de manera fehaciente una relación directa de causa-efecto entre los residuos químicos y las tasas de muerte y enfermedad en Huelva, aunque se ha hecho algún estudio relevante, que apuntan a la conjunción de causas socioeconómicas junto a las ambientales y laborales. Hay mucha gente en la ciudad que reclama un gran estudio epidemiológico que indague con toda la profundidad al respecto. La industria rechaza, por el contrario, estas consideraciones.