El Gobierno ha asegurado este jueves a PP y Ciudadanos de que no podrán usar su mayoría en la Mesa del Congreso para bloquear la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria con la que el Ejecutivo y sus socios pretenden eliminar el veto irreversible del Senado al techo de gasto, como se conoce popularmente al límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales del Estado.

El PSOE, junto con Unidos Podemos, presentó una proposición de ley para terminar con el veto que el Senado tiene sobre el techo de gasto desde que así lo decidiera la mayoría absoluta del PP en 2012. Ante la negativa de PP y Ciudadanos a tramitar con urgencia este cambio, los socialistas presentaron de manera sorpresiva esta semana una enmienda al proyecto de reforma de la Ley del Poder Judicial sobre violencia de género para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria a través de un atajo parlamentario.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha denunciado que PP y Ciudadanos, con su postura, pretenden "hurtar el debate al Congreso" utilizando su mayoría en la Mesa para impedir la tramitación de iniciativas con las que no están de acuerdo. "Eso es secuestrar al Congreso", ha avisado Lastra, que no se ha puesto en el escenario de que los letrados de la Cámara les den la razón a PP y Ciudadanos.

El PP ya ha anunciado que tratará de frenar la tramitación de esa enmienda y, para ello, ha pedido por escrito a la Mesa de la Comisión de Justicia, que se reúne hoy, que no admita la enmienda a trámite, al tiempo que ha pedido el amparo a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en defensa de sus derechos como grupo parlamentario. Si no prospera esa pretensión, el PP presentará un recurso de alzada ante la Mesa del Congreso, donde PP y Ciudadanos tienen mayoría.

Ante esa posibilidad, el Ejecutivo ha lanzado la advertencia al órgano de gobierno de la Cámara Baja de que "el histórico es claro" y no puede revisar los acuerdos alcanzados en comisión. Según los socialistas, la enmienda, una vez que se admita este jueves a trámite por la Mesa de la Comisión de Justicia, que controlan PSOE y ERC, se debatirá y votará primero en ponencia y luego en Comisión, y de ahí pasará directamente al Pleno de la Cámara Baja, sin que la Mesa del Congreso tenga papel alguno en este proceso.

El Gobierno no ha presentado de momento escrito alguno ante la Mesa, pero fuentes del Ejecutivo aseguran que se esperará a conocer la evolución de los acontecimientos y se actuará en caso de que sea necesario.

Las fuentes citadas recuerdan que ya ha habido casos en los que se constata que no puede hacerse esa revisión y cita una reunión de la Mesa del Congreso en la que fue el propio PP el que llegó a esa misma conclusión.

Así, recuerda una decisión adoptada por la Mesa el 24 de junio de 2014, con Jesús Posada como presidente, en la que se rechazó la petición del grupo de La Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA) para que reconsiderara un acuerdo de la Mesa de la Comisión de Justicia respecto al proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de racionalización del sector público.

En su justificación para rechazar la petición de ese grupo se subrayaba que "no existe un sistema de recursos de alzada generalizado en virtud del cual la Mesa del Congreso pudiera resolver cualquier reclamación contra actos de otros órganos de la Cámara".

"Por el contrario -consideró entonces la Mesa-, la inexistencia de una relación jerárquica entre los distintos órganos abona la restricción del ámbito de recursos contra actos parlamentarios a los regulados expresamente en el Reglamento".

Y añadía que la intervención de la Mesa de la Cámara ha de realizarse de forma restrictiva "puesto que ni el artículo 31 del Reglamento ni ningún otro precepto atribuyen a la Mesa de la Cámara la competencia para revisar la decisión adoptada por la Mesa de la Comisión respecto a la calificación" de las enmiendas que en ese momento estaban en cuestión. 

La justificación de la enmienda

La enmienda que modifica la Ley de Estabilidad Presupuestaria incorporada en el proyecto de Ley del Poder Judicial alega la necesidad de que haya más recursos presupuestarios para luchar contra la violencia de género en el ámbito judicial.

Según consta en la justificación de esta iniciativa se propone la modificación del artículo 15.6 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria porque es "urgente e imprescindible" que puedan seguir desarrollándose en el ámbito presupuestario los contenidos del Pacto de Estado en materia de violencia de género, aprobado por el Pleno del Congreso en septiembre de 2017.

La enmienda pide cambiar la Ley de Estabilidad para que si aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por el Congreso son rechazados por el Senado, dichos objetivos puedan someterse a votación en el Pleno del Congreso y ser aprobados por mayoría simple. Recuerda que si en la última votación de la Cámara Baja se rechaza la senda de estabilidad, el Gobierno debe presentar en el plazo de un mes nuevo acuerdo que se sometería al mismo procedimiento.

El grupo socialista argumenta que esta modificación pretende "asegurar la coherencia en la posición institucional de las Cámaras parlamentarias en la aprobación de los objetivos de déficit y deuda pública y en la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado".