El Gobierno prepara una propuesta para modificar la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) para rebajar la mayoría necesaria en la toma de decisiones importantes por las comunidades de vecinos, entre ellas el alquiler turístico de un piso, de la unanimidad actual a tres quintos de los propietarios.

La propuesta ha sido presentada este martes por la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, a representantes de los 17 gobiernos autonómicos y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en una reunión en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, donde ha comparecido ante los periodistas en un receso.

Si el Parlamento aprueba la reforma, los vecinos podrán plantear cambios en los estatutos de las comunidades de propietarios para prohibir que haya alquileres turísticos en su edificio, algo que actualmente solo cabe por unanimidad, y entonces el arrendador lo bloquea.

El origen de la propuesta son las viviendas turísticas, pero trascendería a otras decisiones de las juntas de vecinos, por ejemplo la necesidad de contratar a un portero, ha explicado Oliver. Bastaría con el voto a favor de tres quintas partes de propietarios, o bien, seguramente, de tres quintas partes de metros cuadrados de superficie en propiedad, que suele ser el criterio en la LPH.

Otra propuesta del Gobierno para el control de viviendas turísticas es modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para acotar los alquileres de temporada. Según han explicado fuentes del Ministerio, se fijarían unos límites de tiempo para diferenciar los alquileres de corta estancia o turísticos de los arrendamientos regidos por la LAU, que tienen ahora un plazo prorrogable de tres años y que el Gobierno pretende, en la misma modificación de la ley, aumentar a cinco años.

Ese límite podría estar en menos de 45 días al año, según ha comentado a periodistas un representante autonómico. Oliver ha advertido de que las proposiciones de reforma de la LAU y de la LPH son competencias estatales, mientras que la regulación turística es competencia autonómica y lo seguirá siendo porque "no va a haber una armonización".

También el Ministerio prepara otras dos medidas: una definición común de qué son alojamientos turísticos -que podrán incorporar las autonomías a sus ordenamientos- y crear un registro estatal de viviendas turísticas. Ese registro, según Oliver, será útil tanto al arrendador como al arrendatario; servirá además para que las comunidades autónomas verifiquen que se cumple su normativa, y estará "conectado con Hacienda", para luchar contra la evasión fiscal.

Oliver trata en la reunión con las comunidades autónomas lograr un "acuerdo de mínimos" para esa definición de vivienda turística. El grupo de trabajo entre el Gobierno, las comunidades autónomas y la FEMP continuará esta tarde y mañana, miércoles, y se unirán ahora representantes de una veintena de asociaciones del sector.

Respecto a los recursos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la regulación de las viviendas turísticas de Galicia, Canarias, Castilla y León y Madrid y de los ayuntamientos de Bilbao, San Sebastián y Madrid, Oliver ha adelantado que se reunirá en octubre con su presidente, José María Marín Quemada. Intentará "trasladarle el sentir de las comunidades y los ayuntamientos" para que la CNMC "vea el abanico entero" de posibilidades "y no solo una parte", la de plataformas como Airbnb.