La muerte de Manuel José García Caparrós el 4 de diciembre de 1977 es un crimen que ha quedado impune. 45 años después, la familia de aquel joven de 17 años, militante de Comisiones Obreras, un andaluz más entre millones en las calles que pedían aquel día clave libertad y autonomía, aún no tiene un relato oficial completo sobre lo que realmente sucedió.

Por supuesto, tampoco recibe hoy el reconocimiento de una parte de la oficialidad. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, que esta semana declaró el 4 de diciembre como el Día de la Bandera de Andalucía, ha ignorado al mismo tiempo hasta ahora a la familia.

Hay indicios que apuntan a que fue el disparo de un cabo, hoy fallecido, de la Policía Armada, los grises, el que alcanzó a García Caparrós por debajo de la axila y causó su muerte. Después, todo apunta también a que la policía quiso tapar todo el asunto. Como resultado, el crimen quedó sin resolver oficialmente. Ni verdad, ni reparación ni justicia.

Al respecto de este tema son muy interesantes tanto el documental 23 disparos de Jorge Laplace, que se puede ver en Filmin, como el exhaustivo libro de Rosa Burgos Las muertes de García Caparrós, editado por la Revista El Observador, en los que se encuentran numerosos detalles sobre el caso.

Este jueves el nombre de García Caparrós apareció de nuevo en el Parlamento de Andalucía. Teresa Rodríguez, portavoz de Adelante Andalucía e Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía, lo reivindicaron. Rodríguez hizo suya la reivindicación de la familia: "Las banderas la llevaba gente y uno de ellos no volvió a casa. Esa familia se merece reconocimiento". Nieto le pidió al presidente que recibiera a las hermanas.

Moreno tuvo buenas palabras, pero no se comprometió a nada. "Somos conscientes de que en aquellos años hubo personas que perdieron la vida en la defensa de la autonomía. Nosotros estamos siempre [a disposición] de hacer reconocimientos. Estaremos pendientes y examinamos y veremos qué posibilidades tenemos para reconocer a esas personas que sufrieron", dijo el presidente.

Kafka en el Congreso

Sobre el caso, hay documentos que aún, de un modo kafkiano, no se pueden aún hoy, 43 años después, consultar con calma ni tampoco en su integridad: los que generó la comisión de Encuesta que se abrió en el Congreso tras la muerte. Duró once meses y, como la investigación judicial, se cerró en falso. Los papeles solo se pueden consultar allí y de allí no se pueden sacar. Así le sucedió a la diputada Eva García Sempere, que pudo consultarlos en 2017.

Se le aplicó la Ley de Patrimonio Histórico, que recoge que "los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos".

"Falta información. Estaba anonimizada, con los nombres tachados. Había un informe en el que se reconoce que había habido disparos y agentes a los que se había abierto expedientes. Se supone que sí. Confiamos en que se nos dio todo lo que había. Nos quedó un sabor agridulce de todo aquello: queríamos que la familia pudiera acceder a la documentación", recuerda García Sempere en conversación con Público. En ese artículo dejó escrito lo que pudo rescatar del Congreso.

Rosa Burgos ha estado varias veces allí, en el Congreso. A ella, paradójicamente, le dieron hace años acceso a parte de la documentación que hoy tienen los nombres tachados. "Me la dieron, me dieron fotocopias con nombres y apellidos, con todo. Me la entregaron y unos años después, me la censuran y por supuesto a las hermanas no se la dan nunca", lamenta. En su libro y en la web de la Revista El Observador está toda la documentación a la que ha tenido acceso Burgos.

Hay unas cintas, grabaciones de testigos e intervinientes en la comisión, a las que Burgos no ha tenido jamás acceso. "Creo que no hay nada interesante por descubrir en el Congreso, pero puede ser que sí", afirma. "He solicitado la documentación insistentemente y he ido varias veces al Congreso y continuamente estoy presentado escritos a la mesa del congreso. No hay voluntad de entregarlos. Hay grabaciones que no están transcritas en la comisión de encuestas", agrega la autora.

Luz en la penumbra

Adelante Andalucía ha registrado una proposición no de ley –no es vinculante, pero expresa una voluntad política– en el Parlamento autonómico para poner luz donde hoy hay aún penumbra. Si se aprueba, para lo que necesita el apoyo del PP de Moreno, que tiene mayoría absoluta, implicaría que la Cámara andaluza instaría al Gobierno a "desclasificar toda la documentación de la Comisión de Encuesta, sin anonimizar nombres propios, referente a los sucesos del 4 de diciembre de 1977 en Málaga y del asesinato de Manuel José García Caparrós, así como toda la información relativa a los hechos que permanece bajo secreto".

"Las hermanas llevan toda la razón sobre el 4-D. Va indisolublemente unido a García Caparrós. A las hermanas, que son las principales afectadas, no les hayan dado el sumario ni la documentación. Es demencial", afirma Burgos.

La proposición de Adelante insta al Gobierno a reconocer a Manuel José García Caparrós y su familia "como víctimas de la violencia política en pie de igualdad con las víctimas del terrorismo, con su consecuente reparación".