La salvaje represión contra manifestantes en suelo colombiano ya tiene testigos internacionales. Tras realizar una verificación in situ, 41 representantes de organismos sociales y de derechos humanos de 13 países acaban de lanzar un informe en el que advierten sobre las graves vulneraciones perpetradas por el Gobierno de Iván Duque. Según han comprobado, la violencia de los cuerpos policiales se combina con las actuaciones ilegales de las bandas paramilitares. El resultado se mide en torturas, muertes y desapariciones. 

"Tenemos que tener los ojos puestos en Colombia. Hay una lógica de represión como si se tratase de una guerra, y las consecuencias pueden ser terribles. No hay que dejarles solos", son las primeras palabras de Lorea Undagoitia, integrante de la organización vasca Mugarik Gabe, tras aterrizar en Bilbao. Detrás quedan nueve días en Colombia, un país que acumula ya más de dos meses de represión contra las protestas antigubernamentales.

Undagoitia ha formado parte de la misión internacional SOS Colombia, en la que también han tomado parte representantes de la Secretaría Internacional del sindicato Comisiones Obreras, así como el Centro de Estudios por la Paz de Catalunya, la organización estadounidense Amazons Frontlines, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de México o el Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, entre otros. 

El informe preliminar refleja el horror que sufre Colombia desde que el Gobierno de Duque decidió poner en marcha una violenta respuesta represiva contra las protestas. En tal sentido, la misión documentó aproximadamente 180 denuncias directas de "agresiones físicas, persecución, hostigamiento y violación de los derechos humanos en el marco del Paro Nacional" que ha movilizado a miles de personas en distintos puntos del país. 

A modo de contexto, los organismos destacan que las movilizaciones "se remontan a una crisis socioeconómica estructural con altas tasas de desempleo, aumento de la pobreza y de la pobreza extrema. Aunado a ello, la precarización social se agudizó durante la pandemia del Covid-19, tiempo en el que el gobierno no garantizó la cobertura de las necesidades básicas de la ciudadanía como el acceso a la alimentación, a la salud, a una vivienda digna y una renta básica".

Junto a ello, "la violencia contra los firmantes de la paz y los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia ha aumentado significativamente desde la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en 2016". 

El documento ofrece datos espeluznantes sobre los crímenes acumulados durante los últimos  cinco años. "Según la ONU se presentaron más de 400 asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia entre enero de 2016 y diciembre de 2020, aproximadamente 120 asesinatos en 2020 y, al menos, 71 asesinatos en lo que va de 2021, incluidos 49 entre el 27 de marzo y el 25 de junio de 2021", subraya.

Tras mantener entrevistas con diferentes organizaciones y conocer de primera mano el testimonio de víctimas de la represión, los participantes en la misión internacional llegaron a la conclusión de que los principales responsables de las vulneraciones que se registran a día de hoy son, básicamente, los cuerpos policiales –con especial protagonismo del ESMAD, el temible escuadrón antidisturbios de Colombia–, así como "grupos armados ilegales" y "personas civiles armadas que actúan en connivencia con la fuerza pública".

A la hora de establecer los "patrones de vulneración de derechos humanos" registrados desde el pasado 28 de abril, el informe habla de "homicidios selectivos", "lesiones personales", "tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes" o también "lesiones oculares" y "agresiones con armas de fuego". Del mismo modo, alerta sobre casos de "violencia y tortura sexual", "detenciones arbitrarias e ilegales", desapariciones forzadas y "estigmatizaciones, señalamientos y persecuciones".

Más allá de las habituales imágenes de cargas policiales en ciudades como Bogotá o Medellín, la misión internacional incide también en el drama que se vive en distintos puntos del país a manos de las bandas paramilitares. En regiones como el Valle del Cauca, Nariño, Antioquia, Santander y el Eje Cafetero, entre otras, se ha identificado el fenómeno del paramilitarismo urbano y rural y/o de civiles armados. Algunos de estos grupos atacan con armas de fuego de largo y corto alcance a las y los manifestantes", indica.

En base a "fuentes de información fidedignas" obtenidas sobre el terreno, los representantes internacionales advierten sobre "la consolidación de un plan criminal cuyo objetivo es generar terror y, en la mayoría de los casos, el eventual asesinato de personas jóvenes que pertenecen a movimientos sociales y populares que se congregan en los diferentes puntos de resistencia del Paro Nacional".  

Asimismo, "se ha identificado que la gran mayoría de las víctimas tienen temor de denunciar, pues se han recibido testimonios de que, una vez, las personas ponen en conocimiento las diferentes arbitrariedades, son objeto de señalamientos, persecuciones, hostigamientos y hasta algunos asesinatos", relatan los autores. "Ante este panorama –continúan–, el derecho de acceso a una justicia real con garantías constitucionales establecidas se diluye por completo".

Denuncia internacional

Pocas horas después de regresar a casa, Undagoitia apunta hacia esa ausencia de garantías como una de las razones fundamentales del "objetivo final" de la misión: "contar con suficiente sostén y argumentación para comenzar un proceso judicial contra el Gobierno colombiano en instancias internacionales. "Si lo hiciéramos en Colombia, solo serviría para poner en peligro a las personas denunciantes", remarca. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en un reciente informe ha advertido sobre "el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia basada en género, la violencia étnico-racial, la violencia contra periodistas y contra misiones médicas" en Colombia, aparece en la hoja de ruta de la misión internacional, que también prevé llevar sus denuncias a parlamentos y gobiernos de distintos países. "Queremos arrancar compromisos", afirma la representante de Mugarik Gabe.  

Venta de armas

Del mismo modo, reclaman que la Unión Europea paralice inmediatamente la "venta de armamento militar y material antidisturbios" al Gobierno colombiano. Según datos oficiales, España figura entre los vendedores de armas a las Fuerzas Armadas de ese país. En una respuesta enviada en junio pasado al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, el Ejecutivo rechazó aclarar si mantendrá ese negocio pese a las graves vulneraciones a los derechos humanos registradas desde finales de abril pasado.