El pasado lunes 28 de febrero, el periodista Pablo González fue detenido en la localidad polaca de Przemyśl, a tan sólo 13 kilómetros por carretera de la frontera con Ucrania. A las diez y media de la mañana de ese último día de febrero, su abogado, Gonzalo Boye, escribía en Twitter que su defendido había sido apresado. Unas horas antes, en esa misma red social, Pablo González hacía su última publicación pasada la medianoche.

Desde ese momento, todos los detalles en torno a su detención y a los delitos que se le imputan han estado cubiertos por un manto de silencio y un oscurantismo propio de regímenes totalitarios y no de la Unión Europea.

La última vez que se pudo ver a Pablo González públicamente fue durante su intervención en el programa laSextaNoche. Era casi la medianoche del 26 de febrero. Quedaban tan solo unos minutos para que comenzara su último día completo en libertad. Se encontraba en la estación de Przemyśl retransmitiendo el éxodo de ciudadanos ucranianos hacia Polonia. Unas horas después, los servicios secretos polacos lo arrestaron.

Pero tuvieron que pasar cuatro días desde ese momento para que se produjera una comunicación oficial de la detención del periodista por parte de las autoridades polacas. El portavoz del ministro coordinador de Servicios Especiales publicó una nota el 4 de marzo en la que aseguraba que Pablo González era "un agente de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor General de la Federación Rusa (GRU)" y se agregaba, además, que había realizado "actividades para Rusia utilizando su estatus periodístico".

En ese comunicado, el Gobierno de Polonia señalaba que en la región donde fue detenido Pablo González, Podkarpackie (Subcarpacia en castellano), estaba "en vigor el nivel de alerta BRAVO, introducido por el primer ministro a petición del jefe de la Agencia de Seguridad Interna (del 28 de febrero al 15 de marzo de este año)". Este detalle se añade al final de la nota, pero no se explica por qué se incluye, a pesar de que no guarda relación con la detención de Pablo González y no podía afectarle.

El periodista de doble nacionalidad (rusa y española) fue arrestado en la noche del 27 al 28 de febrero y el estado de alerta BRAVO, el segundo nivel en Polonia, se estableció a partir de las 23:59 horas del 28 de febrero, tal y como señaló el Centro Nacional de Seguridad polaco en Twitter. Es decir, que la aplicación de dicho estado de alerta en esa zona de Polonia no debería haber tenido consecuencias para Pablo González. En cualquier caso, ese estado de alerta no lleva aparejada la suspensión de garantías jurídicas y de derechos fundamentales para los detenidos. Por lo que aunque hubiera estado vigente en el momento del arresto, los derechos fundamentales de González se tendrían que haber respetado igualmente, algo que no ha sucedido.

Pero las inconsistencias sobre la detención de Pablo González y el ejercicio de sus derechos como ciudadano de la Unión Europea no sólo se han producido en Polonia. El Gobierno español no ha parado de repetir que se le está ofreciendo atención consular. El primero en anunciarlo fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, el 2 de marzo, donde aseguró: "Según me informa el ministro de Asuntos Exteriores, al periodista español se le va a dar asistencia consultar".

Esta asistencia consular, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha consistido en una visita a la cárcel de Rzeswów por parte del cónsul español y en ofrecerle una lista con diez abogados de oficio para que elija uno y pueda ser asistido hasta que el letrado que tiene contratado en España, Gonzalo Boye, pueda entrevistarse con él y defenderlo.

La primera abogada de oficio, según desveló Público, renunció días después de que se le asignara el caso sin haber visitado a Pablo González en la cárcel. En estos momentos, el periodista español vuelve a tener una nueva abogada de oficio. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores han asegurado a este diario que si Pablo González no ha podido seleccionar desde la cárcel a esta nueva abogada de la lista, lo habrán hecho su familia o su abogado.

Sin embargo, según ha podido saber Público, esta letrada ha sido seleccionada por la Fiscalía polaca y no por el entorno de González. Es decir, que la asistencia consular consistente en ofrecer una lista con abogados de oficio no ha servido de nada, ya que ha sido el Gobierno polaco el que finalmente ha decidido quién asistirá a Pablo González. El mismo Gobierno que le acusa de ser un espía ruso.

Las inconsistencias que ya hemos contado y que siguen sin explicación

En las primeras horas de la detención de Pablo González ni su abogado ni su familia y amigos sabían dónde se encontraba el periodista. Hasta que pasó a disposición judicial y las autoridades polacas emitieron un comunicado, la única información que se tenía era una comunicación oficiosa que se le había realizado al ministro de Asuntos Exteriores y que tardó casi dos días en llegar. Tal y como relató Público, en esos primeros días, con el arresto de Pablo González, se vulneraron hasta 18 artículos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Hasta ahora, el Gobierno español no ha dado explicaciones sobre estos sucesos y tampoco ha exigido públicamente responsabilidades a Polonia.

Además, el ministerio de Asuntos Exteriores tampoco se ha pronunciado sobre otro hecho insólito: cuando Pablo González fue interrogado por los servicios secretos ucranianos, le acusaron de "prorruso" por haber trabajado para el diario Gara, estar en posesión de una tarjeta de crédito de Caja Laboral Kutxa (una entidad financiera vasca), por su perfecto dominio del idioma ruso y por su conocimiento de la región. 

Por otro lado, el Gobierno español tampoco ha salido al paso de la información oficial publicada por las autoridades polacas en la que no se hace referencia a ningún documento, material o información en posesión de Pablo González que explicase la acusación de espionaje. En el comunicado del portavoz del ministro Coordinador de Servicios Especiales polaco confirmando la detención del periodista español se hacen las siguientes acusaciones sin fundamento: "Realizó actividades para Rusia utilizando su estatus periodístico"; "Durante su estancia en Polonia obtuvo información cuyo uso por parte de los servicios secretos rusos podría tener un impacto negativo"; o un genérico "se obtuvo amplia evidencia sobre el detenido".