En estos momentos, Juan Carlos de Borbón, que hoy celebrará en Abu Dabi su 84 aniversario, no está imputado en causa judicial alguna. De hecho, nunca lo ha estado, pese a los conatos de investigaciones judiciales en España y en Suiza y pese a los numerosos indicios sobre sus negocios opacos y su patrimonio oculto. 

La Fiscalía suiza daba carpetazo a finales del 2021 a la investigación sobre la presunta comisión de 100 millones de dólares recibida por Juan Carlos I en 2008, siendo jefe de Estado, en el marco de la adjudicación a un consorcio español para la construcción del AVE a la Meca. El fiscal Yvess Bertossa no pudo demostrar que el dinero, oficialmente registrado en la cuenta de la Fundación Lucum en la banca suiza Mirabaud como una donación de la familia real saudí, sea en realidad una comisión ilegal por dicho negocio. 

Cerrada la vía helvética para procesar al rey emérito, que nunca estuvo oficialmente investigado en Suiza debido a su inmunidad, en España el terreno es igual de estéril. La Fiscalía del Tribunal Supremo llegó a plantear en la comisión rogatoria a Suiza-- cuya respuesta acaba de llegar-- que el rey emérito había escondido su fortuna en paraísos fiscales y que esos fondos podrían ser de procedencia ilícita; y apuntaba cuatro presuntos delitos: blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias. 

Sin embargo, las posibilidades de acusaciones judiciales formales se fueron desinflando hasta el punto de que la Fiscalía del Supremo prepara el archivo de las tres líneas de investigación abiertas desde hace dos años, sin que exista posibilidad de que sean judicializadas. Se trata de la donación de 100 millones de dólares que recibió del gobierno de Arabia Saudí en 2008, enmarcada en la adjudicación a un consorcio español del AVE a la Meca; de los fondos hallados en el paraíso fiscal de Jersey; y de las tarjetas de crédito nutridas con fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, usadas por el rey emérito y miembros de su familia. 

En el caso de la donación de 100 millones de dólares (65 millones de euros, en 2008), no declarada a Hacienda, la Fiscalía considera que no se puede investigar debido a que se produjo siendo Juan Carlos I jefe de Estado, ya que abdicó como monarca en 2014. Todo los hechos anteriores a esa fecha no pueden ser juzgados en base a la inviolabilidad de la que gozaba cuando era jefe de Estado, según señala la Constitución. 

En el caso de los diez millones de euros ocultos en una cuenta a nombre de un trust financiero en Jersey hace más de treinta años, la fiscalía aplicará la prescripción para tumbar la investigación, según adelantan fuentes fiscales. 

Dudas sobre la veracidad de las regularizaciones

Respecto a la investigación sobre los gastos que, entre 2016 y 2018, realizaron el rey emérito y algunos miembros de la familia real con tarjetas black nutridas con dinero del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, la investigación no es posible, según fuentes fiscales, debido a la primera regularización realizada por el rey emérito en diciembre de 2020, por importe de 678.000 euros. La regularización voluntaria impide la investigación por delito fiscal, según la legislación. Aunque existen muchas dudas de que dicha regularización fuera en efecto voluntaria ya que, según ha trascendido, la Fiscalía avisó previamente al abogado del rey de que se le estaba investigando por el uso de las tarjetas black. 

De la misma manera, la segunda regularización fiscal de Juan Calor de Borbón, del 25 de febrero de 2021, por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka, fundada por Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano del rey emérito, como viajes en aviones privados, impide una hipotética investigación sobre los movimientos de dinero a sociedades offshore que presuntamente se realizaron a a través de esa fundación, a través de la cual, por ejemplo, se destinaron 102.000 euros a la compra de escopetas de caza. 

El fallecimiento este miércoles del teniente fiscal del Supremo, número dos de la Fiscalía General del Estado, Juan Ignacio Campo, no afectará al decreto de archivo que prepara la Fiscalía respecto a las tres líneas de investigación, según fuentes fiscales. El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, que trabajaba con Campo desde hace un año que este asumió la dirección de la investigación, será ahora quien firme el decreto. 

Pendiente de la inmunidad en Londres

El único escollo pendiente para los intereses de Juan Carlos I de cara a poder regresar a España limpio de investigaciones se sitúa en Reino Unido. Un tribunal británico deberá decidir en las próximas semanas si conserva su inmunidad antes de determinar si examina la demanda presentada contra él en diciembre de 2020 por su examante, Corinna Larsen, por presuntos delitos de acoso, difamación y vigilancia ilegal.

Según la empresaria alemana, Juan Carlos I le exigió la devolución de los 65 millones de euros que había en la cuenta de la Fundación Lucum y que Corinna sostiene que fue un regalo. A partir de la negativa de Larsen, se sucedieron hechos que ella considera constitutivos de acaso, como la visita "hostil" que recibió en Londres del entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán.

Como pruebas de acoso, la alemana cita en su demanda un agujero que simulaba una bala en su casa de campo de Shropshire (oeste de Inglaterra) el 21 de junio de 2017, mientras ella dormía. Otras pruebas del memorial de agravios son el hallazgo de un libro sobre la muerte de la princesa Diana en las mesitas de noche de sus apartamentos de Mónaco y Suiza y las amenazas a sus hijos.