El PP se sienta este viernes como persona jurídica en el banquillo de los acusados. El Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid debe determinar si el borrado de los discos duros del extesorero conservador, Luis Bárcenas, perseguía evitar el acceso de la justicia a datos clave sobre la contabilidad b del partido, cuya existencia acreditó la sentencia de la Audiencia Nacional sobre Gürtel.

Apenas un año después de su condena como partícipe a título lucrativo por la trama corrupta –y de la moción de censura que le hizo perder el Gobierno-, la formación de Pablo Casado está acusada de un presunto delito de daños informáticos, y se sienta en el banquillo en calidad de persona jurídica. Todo, pese a los intentos del PP por dar carpetazo a la causa.

Además del propio partido, tres empleados y exempleados del Partido Popular, entre ellos su actual gerente y extesorera, Carmen Navarro, están acusados de los presuntos delitos de daños informáticos y encubrimiento, por la destrucción de los discos duros de dos equipos custodiados en la sede del partido, guardados bajo llave en el despacho del extesorero y exsenador Bárcenas, hoy en prisión por su condena a 33 años de cárcel por Gürtel. Los otros dos acusados son el ex responsable de los servicios del PP, Alberto Durán, y el exresponsable informático del partido, José Manuel Moreno.

El juicio arranca cinco años después de que la Audiencia Nacional pidiera a la justicia madrileña que investigara los hechos, y seis años después de que estos tuvieran lugar. En enero de 2013, el PP prohibió a Bárcenas el acceso a la sede de Génova, a la que había tenido acceso hasta entonces, pese al hallazgo de su patrimonio en Suiza y su suspensión de militancia. Tras intentarlo sin éxito, el extesorero denunció al PP tras intentar recuperar sus pertenencias, si bien la causa fue sobreseída, al no considerarse acreditado que los dos ordenadores que guardaba en su despacho fuesen de su propiedad.

Según el relato de la jueza instructora, Rosa María Freire (juzgado 32 de Madrid), en mayo de ese año Durán comunicó a Moreno que debía aplicar “los protocolos de seguridad y reasignación” a los equipos usados por Bárcenas hasta escasos meses antes. Moreno se encargó “personalmente” del borrado, que consistió en la “sobreescritura de los discos duros hasta en 35 ocasiones, su posterior ralladura, y por último los tiró a la basura”. “La información fue destruida a conciencia, mediante el método de borrado más drástico”, sostiene Freire.

Cuando la justicia reclamó los ordenadores, uno de ellos, marca Apple, había sido totalmente formateado y no se encontraron archivos ni “evidencias” de su utilización posterior. El otro equipo, un Toshiba, “fue entregado sin disco duro”. Vacío.

Según Bárcenas, en los ordenadores había información sobre la contabilidad b del PP –“Contabilidad extracontable” que diría él mismo años después-, capturas de pantalla de correos electrónicos, una agenda que recogía reuniones con donantes del partido y varios pagos escaneados de esa caja b, así como “detalles de presupuestos de campañas electorales”.

La juez Freire recuerda en el auto de transformación de diligencias en procedimiento abreviado, fechado en 2016, que la investigación por Gürtel arrancó en 2008–“Es una trama contra el PP”, que diría entonces su líder, Mariano Rajoy”-, y Bárcenas fue imputado un año después. El PP se personó como acusación en ese mismo año, 2009, y fue expulsado en 2013, al constatarse sus movimientos para proteger a su extesorero.

Así, la juez aprecia indicios delictivos en el hecho de que Durán ordenó la destrucción de los discos duros “con el fin de eliminar los archivos que contuviesen”, en que Moreno ejecutó la orden “a pesar de no estar jerárquicamente obligado”, y en que Navarro, “conocía sobradamente las circunstancias” que rodeaban a los ordenadores, y pese a ello permitió que Moreno “eliminase los discos duros”.

Con respecto al PP, al que no puede aplicarse el delito de encubrimiento por ser persona jurídica, la juez le reprocha “no haber establecido un modelo de organización y gestión adecuado para impedir la comisión de ese delito”, sin tener “inventario de elementos informáticos”, o “un Protocolo interno de seguridad”.

Entre otras cuestiones, el partido ha defendido que los ordenadores ya estaban vacíos, y la juez lo ha considerado un “argumento exculpatorio”. “La información contenida podía ser muy relevante, no sólo para la defensa del señor Bárcenas, sino para la investigación”. “Esta evidencia no pudo pasar desapercibida para los responsables del PP investigados en esta causa, pese a lo cual, o quizás por ello, impidieron, indiciariamente, su acceso a la causa”.

Las maniobras del PP y la doctrina Botín

El PP logró esta misma semana que el juez impidiese la emisión en directo de la causa, una cuestión en la que se ha visto apoyado por la Fiscalía. Previsiblemente, las acusaciones tratarán de convencerle de que permita ofrecer este juicio por streaming ya en la sesión de este viernes, dedicada a cuestiones previas. Pese a reconocer el “lógico y notorio interés social y mediático del juicio”, el juez argumentó que emitir señal institucional acarrearía para los acusados, que no son personajes públicos, "una exposición pública desproporcionada en relación con la naturaleza de los delitos y la entidad de las penas que son objeto de acusación".

También se espera que el PP vuelva a pedir acogerse a la doctrina Botín, dado que la Fiscalía no acusa, y que de hecho ha pedido archivar la causa. La acusación popular la ejercen Izquierda Unida, el Observatori Drets Humans (DESC) y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE). El propio Bárcenas, que ejerció como acusación particular, decidió retirarse de la causa.

Nuevamente, el PP ha obviado la petición de información cursada por Público sobre este juicio. 

Cospedal y Bárcenas declararán como testigos

Además de este viernes, las sesiones se sucederán los días 20, 21, y 27 de junio en la macrosala de los Juzgados Penales de Madrid. La próxima semana comparecerán los 3 acusados y seis testigos, entre ellos Bárcenas y la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, hoy fuera de la política.

El día 27 será el turno de otros 9 testigos, entre ellos el periodista y director del diario El Español, Pedro J.Ramírez, Ese mismo día y el siguiente, 28 de junio, está previsto que intervengan los peritos, así como la formulación de las conclusiones finales de las partes.