Con motivo del 40 aniversario de la aprobación de la Ley de Amnistía, que se promulgó con el fin de liberar a los presos políticos de la dictadura y poner rumbo a la democracia, Amnistía Internacional celebró este miércoles un acto para pedir su modificación y que no sea aplicable a los crímenes franquistas. En él, han participado el director de la organización, Esteban Beltrán, y Ana María Andaluz Caballero, nieta del vicepresidente de la Diputación de Soria y víctima de desaparición forzada durante la Guerra Civil, Abundio Andaluz Garrido. El cuerpo de su abuelo fue exhumado el pasado mes de septiembre en Soria.

“No quiero perder la esperanza pero veo difícil que se modifique la Ley de Amnistía”, dijo Andaluz. “Ojalá, pero visto las llamadas de atención de la ONU y la respuesta del Estado, no parece que les importe mucho”. En 2003, al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas (Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Comité contra la Tortura, Comité de Derechos Humanos, Comité contra la Desaparición Forzada y el Relator Especial sobre Verdad, Justicia y Reparación) recordaron a España que los indultos que impiden que los autores de graves violaciones de los derechos humanos sean llevados a los tribunales son incompatibles con sus obligaciones internacionales.

En 2006 se presentaron en España 114.226 denuncias de crímenes del derecho internacional por crímenes contra la humanidad entre 1936 y 1951, y a día de hoy hay cero casos abiertos. En 2008 se abrieron 47 causas y al menos en once de ellas se alega a la Ley de Amnistía. La ONG, entre otras organizaciones, critica que la Ley de Amnistía haya derivado en una norma de impunidad según ha declarado este miércoles el director de la organización, Esteban Beltrán.

Ana María Andaluz mostró su preocupación por la falta de atención que el Estado presta de las familias de las víctimas de los crímenes del franquismo y la Guerra Civil. “Creo que el Estado tiene abandonada a una parte de la población española”, añadió. “Me dolió mucho oír a un político decir que las familias sólo buscábamos las ayudas económicas. Yo todavía no he recibido ninguna, y lo que tenga que pagar, lo pagaré” aseguró la nieta de Andaluz.

Aunque al principio se archivó su causa, “la Diputación de Soria sí que ha ayudado” dijo Ana María Andaluz. Su abuelo fue exhumado bajo la aprobación de la diputación provincial, pero en 2017 fueron archivados tres casos sobre desapariciones forzadas en diferentes localidades de Soria (Catalañazor, Coberteleda y Barcones). Uno de los argumentos para ello es, entre otros, la Ley de Amnistía. Además, hay que recordar que la exhumación de Abundio fue posible gracias a los cientos de aportaciones voluntarias de índole privada.

Según las declaraciones de la nieta del asesinado, Soria no puso impedimentos para realizar la exhumación del cuerpo del vicepresidente de la Diputación antes de ser asesinado en 1936. El 22 de agosto de este año 2017 se procedía a la búsqueda del cuerpo del desaparecido en las cercanías del pueblo soriano de Catalañazor. “Nunca supimos dónde estaba exactamente” asegura la familiar, pero “los mayores que siempre paseaban por la zona decían que Abundio estaba allí enterrado”.

Bajo una cruz enorme dibujada con piedras en el suelo, se comenzó a excavar ante la atenta mirada de los presentes: familia y amigos de Abundio Andaluz, miembros de Amnistía Internacional España, Rights International Spain y la asociación por la Memoria Histórica, Recuerdo y Dignidad. Se abrieron los cuatro cuadrantes de la cruz a pesar de que la idea inicial indicaba que en uno de ellos sería imposible encontrar nada. Pero ahí era donde yacía el político.

“Lo primero que encontraron fueron sus gafas”, dijo Ana María, “Cuando le encontraron sentí alivio. Tras excavar tres cuartas parte y no ver nada, pensé que no estaba allí enterrado, pero por fin le encontramos”, añadió la nieta de Andaluz. “El Instituto Aranzadi, donde se encuentran ahora los restos de mi abuelo, nos ha dicho que es él, que coincide en todo”. La familiar explicó que el doctor Echeverría, encargado del estudio de los huesos encontrados, cree que fue una muerte muy violenta.

Además, Ana María Andaluz dijo no saber quienes fueron los causantes de la muerte del vicepresidente de la Diputación de Soria. “Por lo que he investigado estos últimos meses, mi abuelo se ganó muchos enemigos por la lucha que defendía”, dijo. Abundio Andaluz estuvo muy comprometido con la defensa de la infancia según contó su nieta. “En mi familia nunca se habló del abuelo pero siempre oí que ‘se lo cargaron por bueno’” aseguró.

Según los documentos que mencionó Ana María Andaluz, su muerte fue certificada el 18 de agosto de 1936, pero existen otros escritos que la fechan antes. “Mi familia siempre lo supo”, dijo la familiar. Narró los hechos acontecidos aquel día y, según las palabras de Ana María Andaluz, a su abuelo le fueron a buscar a casa unos falangistas de la zona, le metieron en un coche y dijeron que le llevaban a Soria. Las hermanas del desaparecido vieron que aquellas declaraciones no eran ciertas ya que el coche regresó antes de lo debido y fue entonces cuando “supusieron lo peor”.

En su familia nunca se habló del tema porque “ellos sufrieron mucho” explicó la nieta del asesinado. “Pasaron mucho miedo y la manera de protegerse era no hablar”. Cuando decidieron buscar a su abuelo, todos ellos ya habían muerto y sólo quedaba su madre. Entonces se puso en contacto con la asociación Recuerdo y Dignidad y, agradecida, asegura que: “Si no fuera por ellos, no hubiéramos le encontrado”.

Para facilitar el alivio y la tranquilidad que familias como la de Abundio Andaluz consiguen tras destapar los diferentes casos de crímenes durante la Guerra Civil y el franquismo, Amnistía Internacional y diferentes órganos internacionales, como la ONU, instan al Estado español a modificar o retirar la Ley de Amnistía que dificulta la resolución de casos que atentan contra los derechos humanos. Pero el Parlamento español ha bloqueado en dos ocasiones la reforma de la ley desde 2011.

Este miércoles la organización Amnistía Internacional entregó 205.000 firmas que piden al Ministerio de Justicia que se tomen las medidas legislativas necesarias para asegurar que la Ley de Amnistía no sea un mecanismo de impunidad para los crímenes de derechos internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. De esta forma solicitan a los poderes del Estado que dejen de oponerse “a cualquier tipo de investigación que busque conocer lo que ocurrió en el franquismo”, según dijo el director de la organización.