Miles de expedientes, miles de multas. La Ley Mordaza volvió a ofrecer en 2019 un amplio número de sanciones por sus artículos más polémicos, tal como queda reflejado en el informe anual del Defensor del Pueblo entregado este miércoles en el Congreso. Un informe en el que, una vez más, se advierte sobre la necesidad de reformar ciertos contenidos de esa ley. 

Según consta en el documento sobre Ciudadanía y Seguridad Pública, Interior abrió más de 42.000 expedientes en 2019 relacionados con "desórdenes", "desobediencia o resistencia a la autoridad" o "faltas de respeto o consideración" hacia agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

En concreto, se detalla que hubo 20.289 expedientes incoados por supuestas "faltas de respeto" a la Policía, de los cuales 16.614 acabaron en sanción. Asimismo, los casos de "desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones" supusieron 12.443 multas.

El informe señala además que hubo 6.242 sanciones por "desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores,neumáticos u otros objetos, cuando en ambos casos se ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana".

"Adecuado equilibrio"

En ese contexto, el Defensor del Pueblo señala que "debe insistirse un año más en la necesidad de reformar algunos aspectos de la Ley orgánica de seguridad ciudadana". Repite precisamente lo indicado en su informe de 2017, cuando subrayó que "sería necesario también aquí encontrar los consensos suficientes para abordar la reforma de los aspectos más polémicos" de la Ley Mordaza, "buscando el adecuado equilibrio entre seguridad y libertad propio de una norma de esta naturaleza, por otra parte necesaria en un Estado democrático de derecho".

La institución dirigida por Francisco Fernández Marugán señala que se refirió a este tema "en la comparecencia de 10 de diciembre de 2019 en Ginebra con motivo del Examen Periódico Universal ante Naciones Unidas", al tiempo que subraya que "es altamente probable que España reciba recomendaciones de los estados sobre este asunto".

Asimismo, señala que en 2019 "se han recibido 17 quejas relativas a malos tratos policiales", frente a 22 registradas en 2018 o 24 en 2017. Hubo además 89 quejas por trato incorrecto de la Policía, lo que supone un incremento respecto a 2018 (67 casos) o 2017 (63 quejas). 

Proporcionalidad policial

El informe anual del Defensor del Pueblo destaca que "hay un debate social sobre la concreción de lo correcto en cuanto a la 'proporcionalidad en el uso de la fuerza', no tanto cuando se ejerce pacíficamente el derecho de manifestación, sino cuando, a su vez, los ciudadanos ejercen resistencia pasiva o violencia activa ante una actuación legal de la policía". Sobre este punto, cita "los sucesos de Cataluña de la semana del 14 de octubre de 2019, en los que hubo una mayoría de manifestantes pacíficos y una minoría de manifestantes violentos".

El Defensor del Pueblo considera necesario además que "exista un protocolo de actuación del uso de la fuerza principalmente en manifestaciones y concentraciones de personas en la vía pública, en el cual se proporcione a los funcionarios de policía, principalmente a los que formen parte de las Unidades de Intervención Policial, instrucciones claras y precisas sobre la manera y las circunstancias en las cuales deben hacer uso tanto de la fuerza como de las armas reglamentarias y de los materiales antidisturbios, a fin de reforzar la seguridad jurídica de los agentes y de los ciudadanos".