El presidente del diario La Razón, Mauricio Casals, ha negado hoy en un careo ante el juez con el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que le advirtiera a él o a amigos de su entorno de que estaba siendo investigado por posibles irregularidades en el Canal de Isabel II.

Casals y González han protagonizado esta mañana un careo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, Ramiro García de Dios, que investiga si el expresidente madrileño fue avisado de que estaba siendo investigado en la operación Lezo, lo que sería constitutivo de un delito de revelación de secretos.

Fuentes jurídicas han informado de que Casals ha negado en todo momento que mencionara a Gónzalez o a Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa, la filial latinoamericana del Canal de Isabel II, que una "magistrada amiga de la casa" le había advertido de la existencia de una investigación contra ambos por posibles irregularidades en la gestión del Canal en Latinoamérica.

El presidente de La Razón ha destacado que jamás habló de tal cosa con González ni tampoco con Rodríguez Sobrino, con quien sí ha reconocido que mantuvo una conversación con la intención de tranquilizarle ante unas informaciones que estaban apareciendo en prensa. Fuentes próximas al caso apuntan a que el origen de ese supuesto chivatazo pudo tratarse más bien de una fabulación y que nunca se pronunciara ni se escuchara la palabra magistrada, puesto que en tal caso lo lógico hubiera sido preguntar quien es dicha magistrada.

De hecho, esa ha sido la pregunta en la que mas ha insistido hoy el juez, quien le ha pedido a Casals que le dijera quién era esa magistrada, a lo que éste ha respondido que nunca ha mencionado nada al respecto. La fiscal no ha hecho pregunta alguna en el careo. Mientras, Ignacio González se ha limitado a decir que a él le pareció entender algo de una magistrada y, aunque no ha dicho en qué contexto, todo apunta que pudo ser en una conversación con Edmundo Rodríguez Sobrino, según las fuentes.

González y Casals, quienes mantienen una relación de amistad, han permanecido apenas 20 minutos ante el magistrado y han abandonado juntos los juzgados de Plaza de Castilla. Ambos han declarado como testigos y hasta la fecha no hay ningún investigado en esta causa. El juez abrió estas diligencias a petición de la asociación Contrapoder, que basó su reclamación en una supuesta filtración de una jueza de que la Guardia Civil estaba investigando al expresidente madrileño antes de su detención en la operación Lezo el pasado 19 de abril.