El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha fallecido esta tarde de un fallo renal en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica de Buenos Aires. Fue ingresado de urgencia en este centro a causa "de un proceso de infección generalizado", como informó el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Maza se sintió indispuesto mientras participaba este viernes en la Asamblea de Ministerios Públicos Iberoamericanos, que se ha celebrado en la capital argentina. Los médicos aconsejaron entonces su ingreso hospitalario a causa de que la gravedad de la infección, que le afectaba uno de los riñones y se veía agravada por la diabetes que padecía desde hace años.

"Descanse en paz José Manuel Maza. Un extraordinario jurista y servidor público. La justicia y el derecho pierden a uno de sus más destacados profesionales", ha escrito Catalá en su perfil personal de la red social Twitter.

Magistrado de lo Penal del Tribunal Supremo, Maza fue nombrado fiscal general del Estado en 2016 en sustitución de Consuelo Madrigal, quien después de sólo dos años en el cargo cesó al final de la legislatura, en medio de una polémica sobre su rumoreada resistencia a plegarse a los deseos del Ejecutivo en materia de nombramientos en la Fiscalía.

Nacido en Madrid, el 23 de octubre de 1951, era licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid desde 1973 y, además, diplomado en Criminología por la misma universidad.

En 1976 ingresó en la carrera judicial y como juez prestó sus servicios en los juzgados de Cangas (Pontevedra), Alacuás (Valencia), Alcorcón Nº1 (Madrid) y en el Juzgado de Distrito Nº9 de Madrid.

En junio de 1988 ascendió a magistrado y fue nombrado presidente de la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid, donde permaneció hasta su nombramiento, el 23 de enero de 2002, como magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Maza Martín fue elegido por 12 votos, frente a los ocho que obtuvo Margarita Robles, actualmente portavoz del PSOE en el Congreso, para cubrir una vacante en la citada Sala.

Como magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo, Maza trató asuntos como los recursos presentados por el juez Baltasar Garzón en los procedimientos que se le abrieron y redactó un voto particular en la sentencia contra el consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz.

En el más célebre caso que afectaba a Garzón, el de los crímenes del franquismo, Maza defendió en febrero de 2012 la sentencia condenatoria contra el ahora exjuez –expulsado después de la Judicatura por grabar las conversaciones de los imputados en el caso Gürtel con sus abogados– aduciendo que el magistrado decidió investigar los crímenes de la dictadura a sabiendas de que no podía. Por ello, discrepó del resto de sus compañeros, argumentando que ese precedente podía dar lugar a que los jueces pudieran ampararse en la protección de las víctimas para tomar decisiones al margen de la ley.

Un año después, votó en contra de otra sentencia del Tribunal Supremo, la que dejaba en libertad al etarra Igancio Pujana por anulación de la doctrina Parot. Lo mismo que hizo en mayo de 2014 cuando emitió su voto en contra en la sentencia del Supremo que confirmaba la absolución del etarra Txeroki por el atentado de Denia.

Tras las elecciones generales de junio de 2016, en noviembre fue propuesto como fiscal general del Estado y el día 25 de esa misma fecha, el Consejo de Ministros confirmó su nombramiento, una vez recibido el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Pero tras nombrar a Manuel Moix como fiscal-jefe Anticorrupción, ambos fueron reprobados por el Congreso de los Diputados, el 16 de mayo pasado, con los votos a favor de los diputados de todos los partidos menos el PP, a causa de que interfirieron en investigaciones sobre altos dirigentes de ese partido imputados por corrupción en la Operación Lezo, que llevó a prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Esa misma moción de la Cámara Baja también reclamó la destitución de Maza, por “incumplimiento grave y reiterado de sus funciones”, así como la remoción del Moix. A ambos, cuyos nombramientos fueron decididos por el ministro de Justicia Catalá, también reprobado, la moción les atribuyó actuaciones tendentes a favorecer y proteger a personas del Partido Popular investigadas en causas judiciales.

En los últimos meses de su carrera, destacaron las querellas que presentó en la Audiencia Nacional contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y 13 exconsejeros del Govern por rebelión, sedición y malversación; y en el Supremo, por esos mismos delitos, contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco miembros de la Mesa que tramitaron la declaración de independencia dee Catalunya.

Antes, ya se había enfrentado con la Generalitat por citar a declarar, bajo amenaza de detención, a los 700 alcaldes catalanes que colaboraron en la organización del referéndum soberanista del 1 de octubre.