"Muchísimos" planes. Así respondía este miércoles la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al ser preguntada sobre qué medidas va a impulsar desde su Ministerio a partir de ahora. Tras la aprobación, no sin incertidumbre, de la reforma laboral y el pacto anunciado junto a los sindicatos para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), llegarán otros asuntos que Díaz y su equipo consideran relevantes. Por ejemplo, tal y como ella misma adelantó, se está empezando a trabajar en la reforma de la ley de economía social. Fuentes del Ministerio de Trabajo apuntan a Público también otras dos reformas de calado: un nuevo estatuto del trabajo del Siglo XXI y la Ley de Usos y Tiempos en el Trabajo. 

"Trabajo, trabajo y trabajo y nada tiene que ver con otras razones que se están aduciendo. Nos queda mucho trabajo por delante", afirmado Díaz sobre lo que resta de legislatura en lo que su cargo como ministra se refiere. Sobre la economía social, Díaz destaca que España "es un país pionero" y está a la vanguardia en esta materia. En este sentido anuncia que viajará en los próximos días a un encuentro temático sobre economía social con el comisario europeo de empleo y derechos sociales, Nicolas Schmit. "Nos apasiona el tema", afirma Díaz. 

Según indican a este medio desde el Ministerio, en el ámbito de la Economía Social "se buscará adaptar la ley a los nuevos tipos y modelos de cooperativas como puede ser las de artistas o de energías renovables". Además, se pretende con la nueva normativa mejorar la gestión interna y promocionar la igualdad de género a través del desarrollo con los planes de igualdad.

Por otra parte, desde el Ministerio también ponen de relieve la importancia del impulso de un nuevo "Estatuto del Trabajo del Siglo XXI". Una idea que Díaz ha lanzado en varias ocasiones desde el comienzo de la legislatura. De hecho, es un punto que se encuentra especificado en el acuerdo de coalición progresista firmado entre PSOE y Unidas Podemos. 

"Elaboraremos, previo diálogo con los agentes sociales, un nuevo Estatuto de los Trabajadores que compagine la protección de los trabajadores y trabajadoras frente a los desafíos sociales, tecnológicos y ecológicos del siglo XXI y el reconocimiento de nuevos derechos propios de la realidad económica, social y laboral actual, con la necesaria competitividad empresarial y el papel de la negociación colectiva como elemento de reequilibrio necesario. A tal efecto, se podrá constituir un grupo de trabajo para su redacción, integrado por expertos y expertas de reconocido prestigio, del ámbito académico y profesional", destacaba concretamente el punto 1.2 de dicho documento. 

En el citado acuerdo, firmado en 2019 entre ambas fuerzas políticas, también se hacía mención a la Ley de Usos y Tiempos en el trabajo. Concretamente en el punto 1.10. "Para favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, y la necesaria corresponsabilidad entre hombres y mujeres, promoveremos un pacto social y político por la racionalización de los horarios, que incluirá una Ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios. Todo ello nos permitirá reorganizar completamente los tiempos de trabajo, ocio y cuidados", destaca el texto. 

"Tenemos que abordarlo de una vez, tenemos que incorporar los cuidados en el centro. Si no, no podremos cambiar las cosas. Esto es una tarea para el año que viene", dijo la ministra el pasado mes de septiembre sobre esta futura ley. Díaz anticipó en su momento que esta ley va a ser "muy compleja" y que va a introducir cambios en la forma de organización del tiempo entre los trabajadores y las empresas. 

Otros asuntos pendientes para el Ministerio de Trabajo son la reforma de la ley de cooperativas o la reforma legislativa de las empresas de inserción. Sobre esta última, se buscará "perfilar de forma adecuada la definición de estas empresas e impulsar su desarrollo económico para que estos colectivos vulnerables encuentren una mejor adaptación al mercado ordinario". 

Y en el marco de un acuerdo con Más País y Compromís se incluirá en la agenda legislativa de Díaz crear una comisión de expertos para estudiar el impacto en la salud mental de la precariedad laboral. También la creación de otro comité sobre el buen uso de la inteligencia artificial y de los algoritmos en las relaciones laborales en España. 

Gira internacional

Díaz también iniciará, a partir de la semana que viene, una agenda internacional en defensa de la subida del SMI. Visitará Burdeos para "defender la posición del Gobierno". En este sentido, desde el Ministerio destacan sobremanera la necesidad de combatir las falsas afirmaciones de que con las subidas del salario mínimo se han perdido empleos autónomos, en sector agrario y en el de las empleadas del hogar.

Para ello, "solo hay que mirar los datos". El año 2021, con los datos de la EPA, cerró con 840.100 ocupados en la agricultura, la cifra más alta en el cuarto trimestre del empleo agrario desde 2007, hace ya 14 años. En cuanto a los autónomos, el número de personas afiliadas al RETA aumentó en 63.297 en 2021, hasta llegar a 3.151.604 afiliadas. Respecto a las empleadas del hogar, en el año 2021, el Sistema Especial de Empleadas Hogar no perdió afiliación, ya que tuvo una ligerísima variación de tan solo el 0,1 %. 

Los sindicatos seguirán reivindicando

Por su parte, los líderes sindicales también mandaron "deberes" a la ministra ayer. Unai Sordo, secretario general de CCOO, destacó que había multitud de tareas a abordar. "El acuerdo de la reforma laboral no se puede quedar en las páginas del BOE", señaló Sordo. En este sentido destacó la importancia de la acción sindical para la concreción de medidas en el seno de las empresas como la conversión de la contratación temporal a indefinida. "Vamos a seguir planteando un paquete reivindicativo en materia laboral lo que queda de legislatura. Seguimos aspirando a transformaciones de calado", ha afirmado Sordo. 

Pepe Álvarez, secretario general de UGT ha resaltado que "desarrollar lo firmado para que las normas se cumplan tiene una importancia capital". Y destaca la relevancia al respecto de la herramienta de la negociación colectiva. "Vamos a tener que hablar y discutir cómo debemos trasladar a la negociación colectiva sectorial los aspectos que nos quedan por desarrollar de las normas que hemos aprobado en la reforma laboral", ha afirmado.

Entre sus "preocupaciones a abordar", destaca una "cuestión prioritaria", que son los accidentes de trabajo. "Las estadísticas no nos acompañan. Le tenemos que poner freno desde el punto de vista normativo y de la Inspección de Trabajo", sostiene Álvarez, considerando la necesidad de dotar con más medios a este organismo. Esa será una de las principales acciones que UGT trasladará al Gobierno en lo que queda de legislatura.