Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos han aprobado con sus votos y el rechazo del PP, al no haberse hecho votación por puntos, que el Ayuntamiento de Madrid se persone como acusación particular en la operación Lezo y una comisión de investigación que revise la legalidad de los convenios suscritos por el anterior gobierno del Partido Popular con el Canal de Isabel II y la Comunidad de Madrid y el posible daño causado a los intereses municipales.

La personación podría aprobarse en solitario desde la Junta de Gobierno, como se formalizará este jueves, pero dado el "clamor ciudadano" se busca una "decisión más legitimada" y respaldada, que se cristaliza con su paso por el Pleno, explicaba la portavoz del Gobierno, Rita Maestre.

"Ante la indignación ciudadana y la alarma social que generan estos casos de corrupción, las instituciones no podemos ni debemos permanecer pasivas", recoge la proposición presentada por Ahora Madrid, que añade que "tampoco bastan únicamente las manifestaciones de rechazo a estos casos de corrupción que asolan la Comunidad y la ciudad" ante la gravedad de los nuevos "saqueos de fondos públicos".

Ahora Madrid considera que no puede entenderse como un caso aislado la operación Lezo por las conexiones con otros casos de corrupción también investigados, además de destacar que el caso que ha llevado al expresidente regional Ignacio González ha destapado "la presunta trama de corrupción que se fue entretejiendo en torno al Canal de Isabel II durante muchos años de gobiernos del Partido de Popular aprovechando su liderazgo e importancia en el sector para expoliar lo público y enriquecerse unos pocos mediante operaciones supuestamente ilícitas".

El Ayuntamiento de Madrid es accionista minoritario de Canal de Isabel II Gestión S.A, sociedad creada en 2012 por el Gobierno del Partido Popular presidido por el ahora investigado Ignacio González.

"El Ayuntamiento de Madrid tiene la obligación de actuar en defensa de los intereses de los madrileños y madrileñas, afectados o mermados por las supuestas actividades ilícitas relacionadas con el Canal de Isabel II y, en consecuencia, debe adoptar todas las medidas necesarias tanto en el ámbito judicial como político o social para defender sus derechos e intereses", han explicado, de ahí su personación en calidad de accionista y parte perjudicada.

En la propuesta, el Pleno argumenta que la desviación de fondos públicos que investiga el caso Lezo podría "derivar en un importante perjuicio patrimonial para el Ayuntamiento de Madrid".

La proposición incluye la solicitud de la convocatoria de la junta general de accionistas de Canal de Isabel II Gestión S.A. con el fin de que el consejo de administración informe a los accionistas sobre la situación financiera y jurídica de la sociedad.

El Consistorio rechaza además la actual forma jurídica del Canal, que permite privatizar el ente, y piden que se retome la fórmula de entidad de derecho público que el Canal tenía hasta el año 2012.