El pacto PSOE-Junts pone el foco en la migración en el contexto de una Europa asediada por el racismo
El acuerdo levanta ampollas en Podemos y genera dudas en Sumar. De fondo, están pendientes la reforma de la ley de extranjería para el reparto de los niños no acompañados y la ILP de regularización.
Madrid-
El acuerdo entre el PSOE y Junts para delegar en Catalunya las competencias migratorias ha girado todos los focos hacia las personas migrantes en un contexto en el que el discurso racista cada vez gana más espacio en las instituciones europeas.
Esta delegación de competencias no tiene a día de hoy muchas expectativas parlamentarias porque Podemos, cuyos votos son necesarios para aprobarla, ya ha avanzando que votará en contra por considerarlo un pacto que emana del racismo.
A juicio de los de Ione Belarra, más allá de las modificaciones concretas (que buscan, a priori, acercar la gestión a la administración territorial), Junts estaría pidiendo estas competencias en el marco de una competición con Aliança Catalana por enarbolar el discurso antiinmigración en Catalunya.
Durante la campaña de las últimas elecciones en este territorio, los de Puigdemont ya endurecieron su discurso contra las personas migrantes. En el Ministerio de Migración, dirigido por Elma Saiz, han repetido en varias ocasiones que se trata de un acuerdo administrativo y competencial que "en ningún caso es racista ni permite elevar las expulsiones" de estas personas.
Además, defienden en el Gobierno, es "escrupulosamente respetuoso con los derechos humanos". Sin embargo, esto no convence a Podemos y también genera dudas entre los partidos de Sumar.
"Proteger la cultura de la sociedad de acogida"
En su exposición de motivos, la ley pactada por el PSOE y Junts menciona que la norma "debe servir para protegerlas (a las personas migrantes) ante la potencial vulneración de sus derechos y brindarles más oportunidades"; pero también dice que sirve "para proteger la cohesión de la sociedad de acogida, su lengua y su cultura", en un momento en el que el discurso racista defiende que la acogida de personas extranjeras provoca una suerte de disolución de la pureza cultural de los territorios que acogen.
Nada más conocerse la firma de este acuerdo, la vicepresidenta segunda del Gobierno y dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, asumió que el pacto era respetuoso con los derechos humanos, "con la Constitución y con las directivas europeas". Pero a medida que iban pasando las horas, los partidos de la coalición tenían menos clara esta cuestión.
No tanto por la norma en sí y la delegación competencial que supone, ya que, se preguntan fuentes del espacio, "si un día hay un hipotético gobierno de la ultraderecha en el Estado que coincide con un gobierno progresista en Catalunya, ¿diríamos que la delegación competencial fue un acierto para la izquierda?". Las dudas radican en el discurso antiinmigración de Junts y su competición con Aliança Catalana "por intentar movilizar voto con las amenazas prototípicas de la xenofobia", aseguran estas mismas fuentes.
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Compromís y Más Madrid son los partidos que más rechazo han mostrado a la norma; en la formación valencianista aseguran que con esta ley no se ahonda "en un debate competencial", sino en "un debate cultural", y "vamos perdiendo". El partido de Manuela Bergerot, por su parte, ha alertado del riesgo de caer en una "competición entre las comunidades autónomas por ver quién aplica políticas más xenófobas". IU también ha mostrado dudas en los últimos días.
El foco sobre la delegación competencial pactada por el PSOE y Junts ha rescatado otras dos medidas en esta materia, que dejan ver esa batalla cultural respecto al fenómeno migratorio. Podemos ha puesto sobre la mesa que si el Gobierno quiere hacer políticas migratorias lo que debe hacer es desbloquear la iniciativa legislativa popular (ILP) de regularización que se encuentra en trámite en el Congreso.
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La Europa de acogida vs la Europa fortaleza
Los partidos de la izquierda de la Cámara han denunciado que los socialistas estarían "durmiendo" esta norma, que cuenta con un aval popular de 600.000 firmas. La otra norma es la reforma de la ley de extranjería para fijar un sistema de reparto entre las comunidades de los niños y niñas no acompañados.
El Gobierno, a través de los ministerios de Política Territorial y de Infancia, trató de alcanzar un acuerdo con las autonomías del PP para, entre otras cuestiones, aliviar la situación de Canarias. Sin embargo, los conservadores rechazaron las propuestas y el Ejecutivo ha optado por una reforma de la ley, que, según anunció la pasada semana la ministra de Migración, llegará pronto.
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La migración acapara el foco de la política española en un momento en el que en Europa se libra una batalla cultural de primer nivel entre las posiciones antirracistas que defienden la Europa de la acogida, y los discursos racistas y xenófobos, los de la Europa fortaleza, que cada vez ocupan más espacios.
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