Las perlas del juez que comparó la ley contra la violencia machista con Guantánamo

MADRID.- Francisco Serrano es un juez polémico, azote de las políticas de igualdad emprendidas en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y que llegó a comparar la situación de los hombres maltratados con Guantánamo.

Juez de Familia, Serrano vio cómo las competencias en materia civil de su especialidad pasaron a ser responsabilidad de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Estos juzgados fueron creados en el año 2004, al amparo de la Ley Integral de lucha contra la violencia machista. Dichos juzgados penales establecen medidas cautelares civiles sobre la mujer y los hijos menores en los casos de denuncia de malos tratos. Los jueces de violencia contra la mujer están especializados en este fenómeno delictivo donde la víctima convive con su agresor, a diferencia de otros delitos, y del que depende económica y emocionalmente. En cambio, Serrano defiende una jurisdicción única especializada en Familia.

Serrano se convirtió en azote de la ley integral de 2004, que calificó de injusta porque creaba un “efecto perverso” al proteger “situaciones de abuso” y no a las mujeres que realmente son maltratadas. En su visión, dicha norma fue redactada "contra el hombre" y llegó a calificarla de "derecho penal de autor". Serrano incluso comparó la situación de los hombres acusados de violencia machista con la cárcel de Guantánamo: "Cuando a un hombre se le denuncia, a la cárcel; y la llave, tirada", aseguró durante una entrevista concedida a Efe en febrero de 2009.

También denunció que las desigualdades y situaciones injustas “llevan a más violencia donde antes no la había e incluso a hombres que se suicidan". "Esos datos no aparecen en la foto oficial", añadió.

En su opinión, de los casos denunciados en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, sólo el 14% responde a violencia habitual y el 86% restante "son situaciones de ruptura de pareja en las que se dicen de todo menos guapo". Esa "foto oficial" la realiza el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial. Y Serrano se convirtió en el azote de esta estadística de malos tratos, al cuestionar que las 700.000 agresiones al año sean todas reales.

Aquel año, Serrano declaró que la ley integral estaba "inspirada" en la "dictadura" del "feminismo radical" y encierra "efectos perversos" como las denuncias falsas. "No se puede castigar al hombre por el hecho de ser hombre”, zanjó. La entonces presidenta del Observatorio, Inmaculada Montalbán, dijo que sus afirmaciones carecían de rigor y que parecía imputar “ligereza o arbitrariedad a los jueces” que acordaban las medidas cautelares de protección de las víctimas. Las denuncias falsas por maltrato eran excepcionales. Serrano se querelló contra ella por amenazas e injurias, que no prosperó.

El juez de familia cuestionó las estadísticas del INE sobre suicidios: "Los últimos datos de 2006 dicen que hay 3.260 casos de fallecimientos por suicidio. De ellos, 800 son mujeres y el resto hombres. Es sintomático que precisamente se multipliquen por dos y por tres los casos de hombres de entre 35 y 50 años, que es cuando se producen más situaciones de ruptura", argumentó en una entrevista concedida a la Cadena Ser en diciembre de 2009.

"Es muy triste que un niño se tenga que ver sin padre y sin madre porque el hombre mate a la madre y también se tenga que matar el padre después porque se suicide. Hay que evitar esas situaciones, pero sin medicina quirúrgica, porque si tengo un padrastro y me corto el brazo, no tengo padrastro pero tengo un brazo amputado", dijo entonces.

Serrano siempre consideró que el “lobby de género” estuvo detrás de su inhabilitación, en lugar de asumir que cometió prevaricación al puentear al juzgado de violencia sobre la mujer competente en el caso del niño cofrade y cambiar el turno de su custodia sin conocimiento de la madre. “Prefiero ser un abogado libre a un juez esclavo del miedo”. Así reaccionó cuando el Tribunal Supremo lo condenó a 10 años de inhabilitación, en lugar de los dos años a los que había sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Es esta sentencia del Supremo que ahora tumba el Tribunal Constitucional.

Especializado en Familia, Serrano defiende distinguir entre los malos tratos y la "conflictividad propia de cualquier ruptura" para no llegar a "la hipocresía de que, en vez de proteger debidamente a las víctimas, estemos protegiendo situaciones de abuso".

Autor de libros como Un divorcio sin traumas —donde aboga por la mediación—, Serrano cree que en paralelo al machismo ha surgido un “hembrismo” que considera a la mujer un ser inferior necesitado de protección especial. Ideología que homologa a la de la Sección Femenina de la Falange que también practicaba una discriminación positiva desde un “machismo casposo y cavernícola”.

Este juez impulsó una plataforma para crear un rearme ideológico conservador frente a la “ideología de género”que se extendía entre los poderes públicos, incluido entre los partidos conservadores. La Plataforma Ciudadana por la Igualdad que preside considera que la ideología de género no soluciona las situaciones de abuso, y se han creado otros problemas que retroalimentan “el conflicto”.

Ese pie en pared que impulsa Serrano es seguida por movimientos postmachistas que buscan el rearme del hombre y se alimentan de think tanks como Men's Rights Activism (Activismo por los Derechos de los Hombres).

El movimiento postmachista es capaz de convertir en mayoritaria el 0,0009% de denuncias falsas que tiene registrada la Fiscalía (datos de la Memoria 2016 de la Fiscalía General del Estado). Esta cifra supone que sólo 1 de cada 5.567 denuncias son falsas en España. La Fiscalía especializada registra como denuncia falsa los casos en los que solicita que se deduzca testimonio. Esto es, las denuncias que pide que sean investigadas por su presunta falsedad.

“El único género que me interesa es el género humano". Esta frase es reiterada por Serrano, porque considera que las normas para luchar contra la violencia machista son contrarias al principio constitucional de igualdad.