¿Qué políticas de cambio se han impulsado en un año en Barcelona?

BARCELONA.- Si echamos la vista atrás, tan solo doce meses, recordaremos la importancia de la revolución política ocurrida en Barcelona cuando la que se convertiría en alcaldesa de la ciudad de Barcelona, Ada Colau, pronunció las siguientes palabras: “David ha vencido a Goliat”. Ocurrió momentos después de conocerse los resultados de las últimas elecciones municipales: la coalición Barcelona en Comú (ICV, EUiA, Podemos, Guanyem, Procés Constituent y Equo) arrebataba la alcaldía a la Convergencia de Xavier Trias, con once concejales de los 41 que forman el consistorio municipal.

Sin duda, era un día histórico para la nueva política, para aquellas plataformas de participación ciudadana que querían entrar a las instituciones y gobernarlas al servicio de la gente. La formación liderada por Ada Colau, constituida tan solo cinco meses antes, asumía el reto de gobernar la ciudad de Barcelona con un equipo de personas que desde hacía años compartía luchas con la gente que ahora asumía representar.

El mandato era claro: los barceloneses exigían políticas de cambio que aplacaran las medidas de austeridad implementadas por el gobierno anterior. Unos recortes que estaban beneficiando a los más ricos en perjuicio de los más pobres y que hacían de Barcelona una ciudad cada vez más desigual. “Nuestro objetivo prioritario es que nunca más haya ciudadanos de primera y de segunda en esta ciudad”, se comprometió Colau el día después de ganar las elecciones. Las promesas electorales de BComú eran ambiciosas y, por ello, las expectativas muy altas. Se pretendía abandonar un modelo de ciudad asentado en la Barcelona “escaparate”, de servicio al turismo, los grandes inversores y que desatendía a su propia ciudadanía, para priorizar la emergencia social y la transformación política.

Su programa incluía un conjunto de cambios sociales, económicos y políticos que debían implementarse de forma urgente para hacer frente a la emergencia ciudadana. Para ello, desde los primeros días de gobierno, la formación ha tenido que lidiar con las grandes corporaciones y entidades financieras que controlan los sectores y servicios estratégicos de Barcelona. También con los propios límites de la institucionalidad política, con una minoría de gobierno y, sobre todo, con la restricción de las competencias municipales para operar grandes cambios en materia de vivienda, salud y educación.

“Lo más complicado es gestionar las expectativas”, reconocía hace poco Colau

Además de estas limitaciones, ciertos conflictos sociales (como la huelga de transporte público y el top manta) y el acuerdo de gobierno asumido hace unos días con los socialistas han despertado la alarma de los más exigentes con una formación del cambio. “Lo más complicado es gestionar las expectativas”, reconocía la semana pasada Ada Colau junto al periodista Josep Cuní. Pese a ello, durante un año al frente del Ayuntamiento barcelonés, la formación de Colau ha conseguido lanzar importantes políticas sociales, imponer controles al ejercicio del poder y redefinir las prioridades de gobierno en beneficio de los más vulnerables. Estos son los principales cambios asumidos por el gobierno de Ada Colau durante el primer año de mandato.

La primera medida del gobierno fue destinar 96 millones de euros a políticas de emergencia social, dirigidas a mejorar el acceso a la vivienda, la protección a la infancia, triplicar las becas comedor, impulsar la economía cooperativa, reformar equipamientos y recuperar espacio público. Fue la primera ampliación presupuestaria que pudo tirar adelante BComú, con el apoyo de ERC, PSC y CUP, para destinar una parte del superávit del consistorio para combatir la pobreza -dentro de los límites a la autonomía local impuestos por la ley Montoro, cuya prioridad es el pago de la deuda.

“La desigualdad en Barcelona no se puede solucionar de manera inmediata, requiere un cambio estructural”

Albert Recio, vicepresidente de la Federación de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB), valora a Público “una implicación importante en las medidas más urgentes, como en las becas comedor o los desahucios”. “La desigualdad en Barcelona no se puede solucionar de manera inmediata, requiere un cambio estructural”, añade. Y reconoce que cualquier “cambio político se ralentiza cuanta más participación y pactos de gobierno se necesiten para gobernar”, como le ocurre a BComú. El representante del movimiento vecinal considera que este año se han desmovilizado porque “el Ayuntamiento se ha movilizado y ha habido una cierta interlocución”.

Justamente, estos últimos días -tras formalizarse el acuerdo con los socialistas- se ha presentado el Plan de Barrios para la ciudad, que en una primera fase destinará 150 millones de euros para intervenir en los barrios más vulnerables (eje del Besòs, Ciutat Vella, Sants-Montjuic y zonas de montaña). Además, el Plan de Actuación Municipal (PAM) lanzado a principios de año y elaborado con las aportaciones de la ciudadanía ya está cerrado, e incluye medidas tan ambiciosas como la remunicipalización del agua o la creación de una renta municipal infantil.

Quim Pérez, de la plataforma Agua es Vida, opina que “había una intención clara del gobierno de remunicipalizar el agua en Barcelona, pero necesitaban al PSC” porque la competencia es de todo el área metropolitana. Ahora, con los socialistas como socios de gobierno, habrá que valorar si la prioridad se materializa. Aunque, como reconoce, de momento no los han contactado. “La gestión pública del agua tiene que volver a ser una competencia municipal”, sostiene Pérez.

La emergencia habitacional ha sido, como reconoce la propia Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), una de las prioridades del consistorio barcelonés. El Ayuntamiento ha empezado a aplicar la ILP catalana de vivenda y pobreza energética (Ley 24/2015) -ahora recurrida por el Gobierno central-, por lo que se han paralizado más desalojos, se ha incrementado el parque de vivienda pública y se han lanzado sanciones a decenas de entidades bancarias, además de amenazar con hacerlo a las grandes suministradoras (Gas Natural y Endesa), que no cumplen con la normativa. En total, se han adquirido 455 pisos vacíos en manos de los bancos que ahora pasan a ser vivienda pública.

Se han adquirido 455 pisos vacíos en manos de los bancos que ahora pasan a ser vivienda pública

Carlos Macías, portavoz de la PAH, valoraba a Público el esfuerzo del consistorio: “Hay un cambio desde principios de año cuando se nos convoca a la mesa de emergencia de desahucios de la ciudad, que hacía más de un año que no funcionaba, para buscar soluciones reales junto a las entidades sociales”. “Nuestro objetivo era reconvertir este espacio en políticas públicas de ciudad. Por primera vez, se nos permite participar de verdad, haciendo propuestas y llegando a consensos con el Ayuntamiento”, prosigue. Y sobre la disminución de desahucios en la ciudad, explica: “En aplicación de la ley, se han paralizado unos 600 desahucios en cuatro meses. Esta administración se persona en los desalojos tanto de manera reactiva, en el momento que se ejecuta el desalojo, como de manera preventiva, para evitar que se llegue a realizar”.

Macías considera positivo el aumento del parque público de vivienda, pero insiste en que “se tiene que sancionar más a las viviendas vacías de los bancos”. El portavoz se refería, por ejemplo, a las mil viviendas vacías de las que dispone el banco BBVA. “Se están dando pasos en el buen camino, pero queda mucho por hacer y se han de acelerar los procesos a la hora de movilizar la vivienda vacía de las entidades financieras”, reflexiona.

En relación a la protección del derecho a la vivienda, junto al PSC se ha acordado hacer una inversión de 236 millones de euros para la rehabilitación de edificios a lo largo del mandato (2016-2019); y que este año ha permitido dedicar cerca de site millones al pago de la vivienda para las familias con menos recursos.

La formación de Colau ha sido pionera en la inclusión de un código ético y de conducta para todos los cargos electos y personal directivo municipal. Esto incluye una serie de principios éticos y normas que todo representante público debe cumplir para ejercer su cargo, como evitar los conflictos de intereses, actuar en función del interés general y hacer pública toda actuación de gobierno. Por ello, el equipo municipal ha hecho públicos sus bienes patrimoniales, se han comprometido a rechazar regalos que superen los 50 euros o a no participar en contrataciones públicas con empresas con las que hayan tenido relación los dos últimos años.

Una de las prioridades en campaña de BComú era acabar con la masificación turística de ciertos barrios, combatir los apartamentos turísticos ilegales y reordenar los alojamientos turísticos. Por ello, el gobierno municipal aplicó una moratoria hotelera que ha impedido durante todo el año construir este tipo de hospedajes en toda la ciudad. Al mismo tiempo, se ha lanzado un estudio para valorar cuáles son las zonas de la ciudad que podrán desprenderse de esta prohibición.

Barcelona atrae cada año a más de 8 millones de turistas

El próximo mes de julio, con el PSC como socio de gobierno, se iniciará el gran debate municipal sobre el Plan Especial de Alojamientos Turísticos (PEUAT) que valorará cómo se gestiona el turismo en una ciudad que atrae cada año a más de ocho millones de turistas. Joan Balanyac, representante de la FAVB sobre modelo turístico, ha valorado como positivo que, a diferencia de los anteriores gobiernos, “ha habido una voluntad política de regular el modelo turístico”. Por mucho que sean críticos con el contenido, pues la federación apuesta por reducir todo el turismo de la ciudad y no solo en la zona centro, “el Ayuntamiento ha entendido la necesidad de regularlo”. También se congratula por la creación del Consejo de Turismo de la Ciudad, que “permitirá un marco de participación y de debate de todos los sectores de la ciudad”.

El consistorio barcelonés, con unos presupuestos prorrogados del anterior mandato, ha mantenido este año contratos públicos con grandes empresas, como Telefónica o Endesa, que vulneran los derechos de sus trabajadores. Pese a ello, el gobierno municipal ha querido operar un cambio en los procesos de contratación pública para combatir la precarización laboral creando la Mesa Social Institucional sobre la Contratación Pública. A través de ésta, agentes económicos y sociales están elaborando una normativa que permitirá incluir criterios ambientales y sociales en los contratos públicos municipales. Una asignatura pendiente que está incluída en el PAM.

Además, la pasada semana la alcaldesa firmó un decreto por el cual el Ayuntamiento prohíbe establecer contratos públicos con empresas que operen en paraísos fiscales.

La campaña de BComú, a diferencia de otros partidos, apostaba por integrar al colectivo migrante en las políticas públicas de ciudad y cerrar el CIE de Barcelona. Un año después, el abogado Andrés García Berrio, del centro Iridia, hace balance del compromiso municipal: “Es positiva la implicación del consistorio en el empadronamiento sin domicilio de los migrantes, por el cierre del CIE y por promover un modelo de refugio diferente al del Estado. Pero hay un par de asignaturas pendientes para cambiar el paradigma: se ha de hacer un esfuerzo por combatir la exclusión social de la gente que vive en los asentamientos , las respuestas ante los desalojos han sido muy limitadas. En relación al tema de la subsistencia, al gobierno le ha faltado otro modelo de intervención en el espacio público, tanto con los músicos de calle como con los manteros”.

"Retirar a los antidisturbios es importante porque han hecho mucho daño en las calles de la ciudad”

Para García Berrio, la solución de la subsistencia en la vía pública pasa por “salir del modelo de la ordenanza de civismo” y confía “en la voluntad política para derogarla”. Además, considera que el gobierno municipal debe defender “la despenalización del top manta” con una gestión “más mediadora, de trabajo en la calle y ordenando una situación que continuará existiendo”.

Respecto a la actuación de la Guardia Urbana, el abogado y activista opina que se “podrían haber producido más cambios para avanzar hacia otro modelo de ordenación del espacio público y del sistema de seguridad”. Y recuerda: “retirar a los antidisturbios es importante porque han hecho mucho daño en las calles de la ciudad”. Esta última medida es una exigencia del CUP municipal que parece que BComú tendrá en cuenta a lo largo del mandato tras conseguir su abstención en la ampliación presupuestaria.

“Se ha de aprovechar la experiencia de algunos miembros del consistorio para cambiar el paradigma de garantía de los derechos humanos. Por mucho que cueste cambiar las cosas, no podemos hacer un paso atrás”, advierte García Berrio.

La formación liderada por Ada Colau ha tenido que gobernar la ciudad de Barcelona con 11 concejales de los 41 que forman el consistorio. Esto le ha procurado el apoyo de las demás fuerzas de la izquierda, ERC, PSC y CUP, para aprobar las ordenanzas fiscales (subiendo el IBI a las viviendas de más valor), la ampliación presupuestaria de 275 millones de euros y ciertos acuerdos municipales. Pero empujar cambios estructurales requiere una mayoría de gobierno de la que BComú no ha podido disfrutar durante el primer año de gobierno.

PSC: “Se ha hecho un esfuerzo de consensos para sacar medidas sociales"

El llamado de la alcaldesa a sumar a todas esas fuerzas de la izquierda al gobierno municipal sólo ha dado sus frutos con el PSC de Jaume Collboni. Después de tanteos con ERC y el PSC, finalmente han sido los socialistas los que se han querido sumar al gobierno del cambio (ahora de 15 concejales), ocupando la segunda tenencia de alcaldía e importantes carteras de Promoción Económica, Servicios Sociales, Cultura, relaciones con la Generalitat, entre otras. Para la alcaldesa, quien antes consideraba a los socialistas “un partido del régimen”, este acuerdo sirve para hacer políticas de cambio con una mayoría más estable. “No hay idea de bajar línea porque no somos un partido tradicional”, reconocía en su última aparición en los medios.

Carmen Andrés, número 2 del PSC en Barcelona, explicaba a Público que “en las últimas elecciones municipales hubo un mandato ciudadano de cambio y de diálogo”. En consecuencia, “se ha hecho un esfuerzo de consensos para tirar adelante medidas sociales porque el consistorio está muy fragmentado”, añadía. Según Andrés, la mayoría de políticas de cambio lanzadas por BComú durante el año han recibido el apoyo y aportación de los socialistas.

CUP: “Se ha perdido una oportunidad de repensar el modelo económico”

En relación a esto, Maria Rovira, regidora de la CUP, valora que este año “se ha perdido una oportunidad de cambio y tras el acuerdo con el PSC aún más”. “Ha habido un continuismo en las políticas, con pequeñas fisuras como el reconocimiento a la feminización de la pobreza, pero el modelo de ciudad al servicio del turismo y de los grandes eventos no se ha tocado”, contaba a 'Público'. “Se ha perdido una oportunidad de repensar el modelo económico, de romper contratos con las multinacionales y plantar cara a la privatización de los servicios públicos”, añade.

ERC: “Más allá de
los titulares no hemos
visto ningún cambio"

Rovira también es crítica con la forma de hacer política de BComú: “Las ventanas del Ayuntamiento no se han abierto. La manera de tomar decisiones es la misma que la de los demás partidos. Además, han cogido a personas referentes de las luchas de calle que deberían continuar en la calle por los propios límites de las lógicas institucionales”.

Jordi Coronas, regidor de ERC, se muestra muy crítico con la gestión de Colau tras formalizarse el acuerdo con los socialistas y rechazar su propuesta de un gobierno entre BComú, ERC y CUP: “Más allá de los titulares no hemos visto ningún cambio en todo el año. El acuerdo con el PSC entra en contradicción con las promesas de cambio. Nosotros les hemos dado facilidades para gobernar y ellos eligen pactar con un grupo acusado de corrupción y que solo quiere asegurarse asientos”.