El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado con los votos de PP, Ciudadanos y Vox una proposición del partido de extrema derecha para que sean eliminadas de Madrid las calles, estatuas y placas que honren las memorias del expresidente del Consejo de Ministros de la II República Francisco Largo Caballero y del exministro y expresidente del PSOE Indalecio Prieto en aplicación, según la proposición, de la Ley de Memoria Histórica de 2007. Para desplegar sus efectos, no obstante, debe ser aprobada por la Junta de Gobierno del Consistorio. La propuesta ha contado con los votos en contra de Más Madrid y PSOE.

El texto presentado por la formación de extrema derecha ha sido defendido en el Pleno por el concejal Francisco Javier Ortega Smith, que ha asegurado que Prieto y Largo Caballero son dos de los "personajes más siniestros de nuestra Historia", los ha calificado de "criminales" y ha aseverado que sus nombres "están manchados de sangre". Así, el texto de la proposición, al que ha tenido acceso Público, responsabiliza a Largo Caballero de, entre otras cosas, "las checas, los centros de tortura y ejecución y los llamados paseíllos o paseos, incluyendo la masacre de miles de presos políticos –entre los que se encontraban 50 niños– en Paracuellos de Jarama (Madrid)"; y a Indalecio Prieto de, entre otras, de "robar parte del tesoro republicano expoliado durante la contienda, embarcado en el yate 'Vita'".

La propuesta de Vox ha contado con el apoyo de PP y Ciudadanos y el rechazo de los grupos de Más Madrid y PSOE. Así, la concejal Marta Gómez, por parte de Más Madrid, ha recordado a Ciudadanos y Partido Popular que el anterior Gobierno de Madrid, el liderado por Manuela Carmena, ya aplicó la Ley de Memoria Histórica con la creación de un Comisionado que aprobó el cambio de 52 calles y que en ningún momento estuvo sobre la mesa los nombres de Largo Caballero y Prieto. De hecho, el propio Ciudadanos votó a favor de esos cambios y el PP se abstuvo. Por parte del PSOE, el portavoz Ramón Silva ha cargado duramente contra la propuesta y contra el partido de extrema derecha Vox, a los que ha calificado de "criminales ideológicos". "Es una proposición basada en el revisionismo, en una manipulación vergonzosa y en una incitación al odio", ha señalado Silva. 

La propuesta aprobada por el Ayuntamiento de Madrid, no obstante, no desplegará sus efectos legales hasta que sea aprobada por la Junta de Gobierno del consistorio madrileño. En este sentido, Txema Urkijo, exasesor del anterior gobierno municipal en materia de Memoria, asegura que la Junta tendrá que redactar un informe en el que explique por qué estas calles y estatuas resultan incompatibles con la Ley de Memoria Histórica. En su opinión, ninguno de los nombres viola la Ley y, por tanto, habrá que ver qué sucede en los tribunales en caso de ser ejecutada la proposición. 

La propia directora de la Fundación Largo Caballero Almudena Asenjo ya anunció, horas antes de la aprobación de la moción, que su fundación acudiría a los tribunales en el caso de que la Junta de Gobierno trate de "borrar" del mapa de Madrid al que fuera presidente del Consejo de Ministros entre septiembre 1936 y el 17 mayo 1937.

En el caso de que se llegue a este punto, el abogado especializado en temas de Memoria Eduardo Ranz considera que los tribunales pararían el cambio ya que la Ley de Memoria se refiere al golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y a la exaltación de la dictadura franquista y no es aplicable a dos personas "que desarrollaban un papel institucional en un Gobierno que había sido elegido democráticamente". "Es un claro intento de manipular la norma", zanja Ranz. 

"Una sarta de mentiras"

Los historiadores consultados por Público han calificado la propuesta "de delirante" o "sarta de mentiras". El prestigioso historiador Ángel Viñas, contactado por este medio, ha señalado que el texto aprobado sólo puede ser calificado como "una sarta de sandeces o, si se prefiere, de basura maloliente". "El objetivo de esta proposición no estriba en contribuir a esclarecer el pasado, con sus brumas y sus luces, sino a provocar al Gobierno (o a esa izquierda de la que tanto abominan) por la vía de uno de los centros en que VOX, con el PP y Ciudadanos, dispone de la mayoría de votos", asegura. 

El autor de Desplome de la República: La verdadera historia del final de la Guerra Civil también recuerda que en lo que se refiere a la supuesta incitación de Largo Caballero a la Guerra Civil, "Vox ignora que los únicos que estaban preparándola eran los monárquicos, con Calvo Sotelo al frente, y la ayuda de la Italia fascista. Y los únicos, además, que estaban 'calentando' a los sectores más derechistas del Ejército". Asimismo, el diplomático e historiador señala que los gobiernos republicanos de Giral y Largo Caballero "hicieron todo lo posible para encauzar" la violencia sin control en el territorio republicano, "al contrario de lo que ha venido sostenido la derecha franquista y sus acólitos, entre ellos Vox". 

En este sentido, Viñas señala que, en su opinión, la respuesta a esta provocación de las derechas en Madrid tiene que pasar por "una aceleración del trámite de la Ley de Memoria Democrática y, si es posible, la apertura inmediata, por decisión del Consejo de Ministros, de todos los archivos públicos sin excepción hasta 1968, mientras se tramita la futura Ley de Secretos Oficiales".

Una proposición "delirante"

En unos términos muy simulares se ha expresado también el profesor de Historia de la Universidad Complutense de Madrid Gutmaro Gómez Bravo, que ha señalado a este periódico que el texto de la proposición que ataca a Largo Caballero e Indalecio Prieto está plagado de "errores históricos".

"Es un texto muy exaltado. Repite casi a uno muchos de los mitos fascistoides y prácticamente nada de lo que se afirma en la proposición es cierto. Es delirante. Tampoco es verdad, por ejemplo, que en Paracuellos se fusilara a 50 niños. Es decir, desde el punto de vista histórico este texto no se sostiene. Largo Caballero, por ejemplo, no tiene nada que ver con las checas ni con los jurados populares y es su gobierno el que acaba con la violencia incontrolada. Estamos hablando de errores muy graves en aspectos donde incluso hay consenso con historiadores conservadores", explica Gómez Bravo, que añade, entre las mentiras de esta proposición, el robo del oro del Banco de España o el supuesto expolio patrimonial y artístico como el robo del yate 'Vita'. 

El historiador, que también forma parte del Grupo investigación Guerra Civil y Franquismo Gigefra, destaca, además, que algunas de las frases que recoge la proposición aprobada por las tres derechas están tan sacadas de contexto y sesgadas que una de ellas, que hace referencia a que los "socialistas irán a la violencia" en caso de ser "derrotados en las urnas", ni siquiera hace referencia al caso español ya que Largo Caballero, cuando las pronunció, se refería a la situación que estaba viviendo en Austria. 

"Copia y pega del manual franquista"

El Doctor en Historia Contemporánea y miembro del Cuerpo de Archiveros del Estado Sergio Gálvez Biesca explica que la proposición de Vox "no deja de ser un copia y pega de la manualística neofranquista con alguna pequeña verdad, unos cuantos mitos actualizados para la ocasión y un sinfín de manipulaciones que pretenden cuestionar los consensos historiográficos, políticos y sociales sobre Largo Caballero y Prieto como luchadores antifascistas y por lo tanto defensores del orden constitucional de la II República". "En otras palabras: un atentando contra nuestra memoria democrática", asevera Gálvez Biesca. 

En su opinión, la proposición que ha sido aprobada con los votos de PP, Cs y Vox busca seguir "tensionando la vida política" y "constituye una respuesta al anteproyecto de Ley de Memoria Democrática" y muestra la "debilidad" de la Ley de Memoria aprobada por el Ejecutivo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que contenía "buenas palabras", pero no un régimen sancionador.