ZARAGOZA.— "Si quieren cambiar el callejero para que desaparezcan todos los símbolos relacionados con la guerra y la dictadura, también contarán con nosotros. Tampoco nos gusta que Zaragoza tenga una calle y un parque que se llame Ernesto Che Guevara". El concejal del PP Pedro Navarro utilizó este miércoles este argumento, equiparar al dictador español con el guerrillero argentino, al justificar el voto en contra de los conservadores a la moción que ha habilitado al Ayuntamiento de Zaragoza para interponer una querella en los juzgados de la capital contra los crímenes del franquismo.

El punto de la moción referente a la interposición de la querella fue aprobado, tal y como adelantó Publico.es, al contar con el apoyo de Chunta Aragonesista (Cha) y Zaragoza en Común (ZeC) y la abstención del PSOE y de Ciudadanos (C’s), con el único voto en contra del PP.

La resolución incluía otros cinco puntos que no registraron votos en contra –los apoyaron todos los grupos menos el PP, que se abstuvo-, entre los que se incluyen la revisión del callejero de Zaragoza para eliminar "todas las denominaciones y símbolos de referencias franquistas", apoyar la tramitación de una ley autonómica de Memoria Histórica, crear un centro que dinamice la actividad de las entidades memorialistas y homenajear a los ediles y empleados municipales "víctimas de la guerra y la dictadura".

El segundo ayuntamiento tras el de Pamplona

Navarro, que señaló que "todos estamos de acuerdo" en conceptos como "verdad, memoria, reparación y sentido de la justicia", acusó a Cha de saltarse el acuerdo en el que la Comisión Constitucional del Congreso propuso por unanimidad, hace once años, "alejar del debate político la segunda república, la guerra civil y la dictadura de Franco".

También sostuvo que los nacionalistas llevaron al pleno la iniciativa porque un juzgado argentino ha abierto una investigación. Y enfatizó que, al aprobar la moción, el consistorio zaragozano iba a convertirse, tras "el de Pamplona, gobernado por Bildu, que proponga investigar lo que esa jueza no puede investigar en su país".

El portavoz conservador trató, por último, de socavar la credibilidad de la jueza argentina María Servini, instructora de la querella, de la que acusó de no haber colaborado con la justicia española en el caso Yoma y de la que aseguró que actúa movida por "otro afán" que no sería el esclarecimiento de los hechos.

"Condenar la impunidad del franquismo es una cuestión de justicia histórica"

Los conservadores se quedaron solos en su oposición a la querella. El portavoz de Cha, Carmelo Asensio, quien consideró "una cuestión de justicia histórica condenar la impunidad del franquismo y restituir a las víctimas", le recordó al edil del PP la oposición de ese partido a la justicia universal y le afeó su rechazo a abrir una causa judicial sobre la represión franquista en Zaragoza, ciudad en la que las víctimas superan las 3.500 personas.

"Nuestra sociedad ha evolucionado ¿Qué es eso de no poder reabrir debates? ¿Su partido va a decir qué debates se pueden abrir o no, o cuando se puede revisar la historia?", dijo Asensio, que consideró "importante que los ayuntamientos den este paso, por el reconocimiento de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos", señaló que "no es aceptable la ley del silencio" que empapa los crímenes del franquismo.

El alcalde de la capital aragonesa, el jurista Pedro Santisteve (ZeC), reforzó esa tesis. "España no ha ratificado la convención 1968 sobre imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad", recordó, en lo que calificó como un episodio más de "la amnesia constituyente" de 1978.

Más de 100.000 desaparecidos

"En España hay 114.000 personas en situación de desaparición forzosa sin darles sepultura ni reconocimiento", señaló, y ese, añadió, "es un problema que afecta a la cultura cívica del país y que entre todos tenemos que resolver".

Ciudadanos, por su parte, se mostró dispuesto a "colaborar y a facilitar las investigaciones de estos crímenes", dijo su concejal Cristina García, la cual justificó la falta de apoyo explícito de su grupo a la presentación de la querella en que "consideramos que los ayuntamientos no son la vía adecuada" para perseguirlos. No obstante, minutos después calificó como "Importante que las administraciones colaboren con Argentina".

"No podemos estar más de acuerdo en el fondo", señaló, porque se trata de "un tema de dignidad, de justicia y de reparación" en el que la propia tramitación de la causa en Argentina "ya ha demostrado que hay culpables", caso de los torturadores imputados. En España, apuntó, sus delitos "han prescrito, pero eso no debería ser así, porque deberían ser considerados crímenes de lesa humanidad y ser perseguidos".

Ceaqua pide un ejercicio de responsabilidad"

El PSOE, cuya propuesta de modificación del punto de la querella fue rechazado por Cha, reclamó "consenso en las iniciativas en este campo", recordó iniciativas memorialistas del Ayuntamiento de Zaragoza y justificó la abstención de su grupo señalando que la moción "no nos parece que la forma sea la más adecuada".

Antes del debate tomó la palabra Jacinto Lara, de Ceaqua (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo), quien indicó que la querella que tramita la jueza Servini "ha representado y representa un elemento fundamental para erosionar y agrietar la política de impunidad mantenida por el Estado español en relación con la investigación y enjuiciamiento de los graves crímenes cometidos durante la dictadura franquista".

En este sentido, reclamó al pleno zaragozano que "lleve a cabo un ejercicio de responsabilidad" y asuma "las obligaciones internacionales que le corresponden, que no son otras que el reconocimiento efectivo de los derechos que asisten a las víctimas del franquismo".