El Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid ha puesto fin a la instrucción sobre el presunto origen ilícito del patrimonio del exministro de Economía Rodrigo Rato, tras seis años de investigación. El juez Antonio Serrano-Arnal  decide procesar a trece personas y a tres empresas por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y elusión de impuestos y, en un auto de transformación de las diligencias de investigación en procedimiento abreviado, da traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la Abogacía del Estado para que en un plazo de veinte días presenten escrito de acusación. La decisión del juzgado madrileño no es firme, ya que las partes podrán presentar recursos de reforma o de apelación en los próximos cinco días.

En un auto de 16 folios, al que ha tenido acceso Público, el juez desgrana los tres presuntos delitos cometido por el que fuera vicepresidente del Gobierno de José María Aznar y presidente de Bankia. Precisamente, desde 2010, cuando Rato fue nombrado presidente de la extinta Caja Madrid y en la preparación para la fusión para crear Bankia, el magistrado le imputa la planificación de un sistema para presuntamente blanquear capitales a través de un conglomerado de empresas controladas por  Rodrigo Rato, que ya venía haciendo supuestamente desde 2006.

Así, el juez recoge que de  "los 7.287.520 euros introducidos en España a través de la sociedad Vivaway Kradonara, 3.697.773 euros lo son de origen desconocido, lo que no obsta para que ingresen en el territorio nacional de esta opaca manera, recabando la mayor parte de los mismos en empresas y destinos propiedad o controlados por Rodrigo Rato". 

Entre 2006 y 2015, la mayor destinataria de los fondos introducidos ilegalmente en España, según el juez, fue la entidad Arada -- 2.919.649 euros-- , mediante la fórmula de préstamo participativo entre empresas. Esos fondos "continúan, en gran parte, su tránsito hacia empresas controladas por Rodrigo Rato". El auto menciona que en ocasiones las cantidades traspasadas a las empresas del conglomerado de Rato sirvieron para la cancelación de préstamos bancarios, "siendo frecuente en el actuar del investigado la cancelación de préstamos concedidos en España mediante fondos de origen desconocido que proceden del extranjero". 

Delito fiscal

La actividad supuestamente desplegada por Rodrigo Rato para presuntamente eludir sus obligaciones fiscales ha consistido, según el auto, por una parte, en maniobras de ocultación de su patrimonio exterior así como en las maniobras societarias, es decir, préstamos participativos y prestaciones de servicios inexistentes entre las sociedades bajo su control, a fin de retornar a España parte de su patrimonio exterior de manera  oculta para la Hacienda española. 

Por otra parte, Rato habría eludido impuestos de otra manera: "en la percepción a través de sociedades meramente instrumentales de servicios profesionales que el investigado prestaba de  manera personal, a fin de, por una parte, minorar la cuota resultante a favor de la  Hacienda Pública por el menor tipo de tributación del Impuesto de Sociedades respecto  del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas que correspondería a Rato".

El auto pone de manifiesto que entre 2006 y 2015, Rodrigo Rato eludió presuntamente impuestos de manera sistemática. En 2006, la cantidad defraudada fue de 996.000 euros y en 2015, 208.000. Solo en 2010 y 2011, la cantidad no superó los 120.000 euros defraudados, mínimo considerado ya un delito penal.

Entre los trece imputados, el juez Antonio Serrano-Arnal sitúa a la que fuera secretaria de Rato en Caja Madrid, Teresa Arellano. También a Alberto Portuondo y Fernando Rodríguez Varona, y a las mercatiles Zenith Media y Publicis Comunicación España.

Esta es la última de las causas que le queda pendiente a Rodrigo Rato en el ámbito penal, tras ser condenado por apropiación indebida por las 'tarjetas black' a cuatro años y medio de prisión y resultar absuelto por el caso de la salida a Bolsa de Bankia. Rato accedió hace poco a la libertad condicional por haber cumplido ya 70 años y haber mostrado su reinserción bajo un programa de justicia restaurativa.