La vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha cuestionado este viernes al juez Manuel García Castellón.  Preguntada por su decisión de mantener que hay que investigar por terrorismo a Carles Puigdemont, Ribera aseguró, durante una entrevista en Televisión Española, que este magistrado "suele salir a colación en momentos sensibles" y que tiene "cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno".

"Nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que, evidentemente, tiene una implicación política importante", afirmó la vicepresidenta. También pide cautela con las sentencias de este magistrado.

Poco más de dos horas después, y tras la oleada de críticas a Ribera,  fuentes de Moncloa aclaraban que el Gobierno "siempre respeta las decisiones del Poder Judicial aunque, en ocasiones, no comparta algunas de ellas" y que "siempre defenderá" a los jueces de "cualquier injerencia en su trabajo". Insuficiente para el Partido Popular, que ya ha anunciado que reprobará a la ministra en el Senado, donde tiene mayoría absoluta.

Reacción inmediata del PP 

Según los populares, Ribera ha acusado de prevaricación al juez García Castellón. Sánchez "vuelve a asumir el discurso independentista de que la Justicia no es imparcial y de que en España existe lawfare", trasladan desde el grupo parlamentario del PP. 

Cuca Gamarra, Borja Sémper, Elías Bendodo o Isabel Díaz Ayuso también han criticado con dureza a la ministra. Gamarra, secretaria general del PP, pide a Pedro Sánchez que desautorice a su vicepresidenta, pero desde el Ejecutivo evitan referirse a las declaraciones de Ribera e insisten en su "respeto inquebrantable" a la independencia judicial. 

Solo el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha entrado de pleno en la polémica y lo ha hecho para secundar a Ribera casi de inmediato a través de su cuenta de X (antes Twitter).  "Hay algunas cosas, sobre todo coincidencias temporales, que llaman un poquito la atención", escribió Puente no sin subrayar que el Gobierno tiene "mucho respeto por el Poder Judicial".

Frente a las críticas, fuentes del Gobierno responden que "si en España hay un claro ejemplo de intervencionismo en el Poder Judicial es el secuestro al cual el Partido Popular está sometiendo al CGPJ bloqueando su renovación desde hace más de 5 años. O el intento de 'controlar la Sala Segunda del TS por detrás', como manifestaron en su día dirigentes del PP". 

Por su parte, la asociación mayoritaria y conservadora de la carrera judicial, la APM (Asociación Profesional de Magistratura), también se ha pronunciado para criticar las declaraciones de Ribera. "No resulta de recibo en un estado de Derecho que un miembro del Ejecutivo acuse veladamente a un juez de prevaricar", aseguran en un comunicado.