Eleanor King, con apellido apropiado para el caso, presidenta del Tribunal de Apelación, formado por dos juezas y un juez, mostró su inquietud en la vista de este martes que estudia la inmunidad de Juan Carlos I para ser juzgado, o no, por los presuntos delitos de los que le acusa Corinna Larsen y que presuntamente tuvieron lugar de abril de 2012 a 18 de junio de 2014, es decir, mientras el rey emérito era jefe de Estado. De lo hecho entre el 18 de junio de 2014 a 2019 tendrá que rendir cuentas ante otro tribunal si llega el juicio.

La presidenta del Tribunal de Apelación se dirigió con tono altivo a los abogados de la examante y dijo: "Este es un caso serio e importante, que tiene gran repercusión pública y está costando una fortuna, así que no lo tomen como un folletín" (de los de Corin Tellado). El abogado de Corinna Larsen, James Lewis, no tuvo su día por la cantidad de improvisaciones, consultas y confusiones que generaba entre los miembros del tribunal, que en varias ocasiones le detectaban contradicciones.

El equipo legal de la antigua amante de Juan Carlos I tiene que demostrar que el monarca y el general Félix Sanz Roldán, entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), actuaron como ciudadanos privados y amigos que se hacían favores personales para espiar a Corinna Larsen o registrar sus viviendas. Los abogados del emérito, por su parte, han de convencer a los jueces de que el uso de agentes del Estado o del CNI eran órdenes del jefe del Estado en su capacidad pública u oficial y, por consiguiente, puede ampararse en la ley de Inmunidad de Estado de Reino Unido de 1978 que le libra de juicios.

"¿El general Sanz Roldán es miembro de las Fuerzas Armadas?", preguntó el juez Andrew Popplewell a James Lewis, abogado de Corinna. "No lo sé", contestó el letrado. "Lo debe ser, si es general", replicó el juez. El CNI es una institución del Estado, pero dispone de anonimidad por el carácter de su trabajo: espionaje. En eso estuvieron de acuerdo ambas partes, que dispusieron de dos horas y quince minutos para exponer sus argumentos ante el tribunal.

La dualidad entre actuar en capacidad privada o pública o estatal (hasta cinco sinónimos barajaron los letrados para definir lo no-privado) continúa siendo la piedra filosofal en este litigio en el que los abogados del rey emérito cuestionan también la jurisdicción de algunos de los hechos presuntamente delictivos como los cinco días del mes de mayo de 2012 en los que el agentes del CNI peinaron la casa y las oficinas de Corinna Larsen en Mónaco y Suiza con la colaboración de "contratados privados" (la empresa de seguridad que llevo a cabo el registro). Hechos ocurridos fuera de la jurisdicción británica que quedan "para tratar otro día", según acordaron los participantes en la vista.

Comparación con Carlos III

"En España el rey no tiene funciones ejecutivas, como si aquí Carlos III diese órdenes a los servicios de inteligencia, no es de su competencia; otra cosa es pedir un favor personal, no es un acto de Estado, es privado", adujo el abogado de Corinna Larsen en activa y en pasiva. Lewis reconoció que "el acoso empezó cuando ella se negó a pagar los 65 millones de euros que él le reclamó”.

Es la primera vez en este proceso que Corinna Larsen se queda en casa y no asiste a la vista judicial. Quizás se esperaba el palo que iba a recibir. Aunque la vista del martes la ha ganado el equipo de Juan Carlos, no significa que vaya a ganar el litigio en su totalidad. Está en el aire la inmunidad por los hechos de 2012 a 2014. Los jueces aludieron en numerosas ocasiones a la sentencia del juez Matthew Nicklin que en marzo pasado despojó al emérito de toda inviolabilidad en el Tribunal Superior de Londres.

La vía civil por la que se ha presentado la demanda conlleva indemnizaciones económicas, pero no penas de cárcel. Corinna se reserva la opción de la vía criminal, según constata en su demanda inicial. Los abogados trataron también las ocho razones que ella exhibe para reclamar ocho compensaciones económicas. Uno de estos motivos es la ansiedad y la depresión que le produjo la vigilancia ilegal y la persecución a la que fue sometida. Según su abogado, "ella no podía dormir, sufría estrés y depresión, no salía de casa y si iba a algún acto social no lo disfrutaba". El abogado del rey, Timothy Otty, recordó que "no hay pruebas médicas de que haya sufrido heridas psiquiátricas, puesto que ha presentado informes médicos recientes que no responden al momento de las acusaciones".

La vista del martes estaba tan enmarañada de tecnicismos, alegaciones, enmiendas, precedentes totales o parciales y aspectos relevantes o vinculantes, que la presidenta del tribunal les dijo a los abogados al cierre de la vista que estuviesen al alcance de los jueces para posibles aclaraciones. A pesar de que no puso fecha para la sentencia, se calcula que tardará en estar lista en varios meses. Entrados ya en el año 2023, la demanda de Corinna Larsen contra el rey emérito por acoso, vigilancia ilegal y difamación podría entrar en una segunda fase: el análisis de las pruebas que ella presenta u otros preliminares como el de la jurisdicción de algunos hechos.

El tema de la inmunidad que aduce Juan Carlos para librarse de la demanda en Londres lleva dos años desde que ella presentó los agravios en diciembre de 2020. En marzo de 2022, el juez Matthew Nicklin (uno solo) dictó que el rey no disponía de exoneración, pero las partes podían recurrir su sentencia. Así lo hicieron los abogados reales. En julio de 2022, los, dos, jueces Peter Jackson y Nicholas Underhill sentenciaron que no era inviolable después de abdicar en junio de 2014. Ahora un tribunal de tres jueces ha de decir si lo es de 2012 a 2014. En esas están todos.