Bruselas, abierta a "resarcir a todas las víctimas" del abuso de la temporalidad en el empleo público
El sindicato CGT impulsa en la Comisión Europea la lucha contra la temporalidad en el empleo público en España, con el compromiso de reparar a todas las personas trabajadoras afectadas.
La central sindical presentará en breve reclamaciones patrimoniales en nombre del personal público afectado y otra reclamación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales.
Madrid--Actualizado a
La Comisión Europea se muestra dispuesta a solucionar de una vez por todas el problema de la temporalidad en España en el empleo público. Así lo perciben representantes de la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas del sindicato CGT (FETAP-CGT) que acaban de regresar de Bruselas, donde han mantenido diversas reuniones para impulsar la lucha contra este problema enraizado en España.
Fuentes de FETAP-CGT indican a Público que la Comisión Europea les ha trasladado su voluntad de "resarcir a todas las víctimas" del abuso de la temporalidad en el empleo público, si bien no se pudieron concretar fechas.
Los representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) se han reunido con eurodiputados de distintos grupos políticos, entre ellos representantes del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, encabezados por Leyre Pajín e Idoia Mendía. También con el gabinete de la Comisaria de Capacidades, Educación, Empleo de Calidad y Derechos Sociales, Roxana Mînzatu.
Durante este encuentro, "se abordó la problemática desde la perspectiva de las personas trabajadoras afectadas, destacando no solo el reiterado fraude de ley en la contratación, sino también las barreras añadidas que enfrentan las víctimas cuando acuden a los tribunales, como la imposición de costas judiciales que únicamente se aplican al personal del sector público", indica el sindicato en un comunicado.
"Desde la Comisión se nos ha trasladado que, en ningún caso, se está ignorando esta realidad. Por el contrario, se nos ha indicado que las conversaciones con el Estado español están muy avanzadas en todos los aspectos, incluido el del resarcimiento a las personas afectadas por el abuso, si bien no se pudieron concretar fechas".
Una directiva sin transponer
Han pasado 26 años desde la entrada en vigor de la Directiva 1999/70/CE, que obligaba a que todos los Estados miembros introdujesen en su normativa medidas para prevenir los abusos en la utilización de contratos de duración determinada. "España continúa sin garantizar su efectiva aplicación en el sector público, manteniendo una estructura de contratación temporal abusiva, sin mecanismos de prevención ni sanción. Esta inacción vulnera de forma flagrante los principios consagrados por el Derecho de la Unión y ha sido reiteradamente señalada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que exige sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias frente a los abusos", indica CGT.
Condena histórica
En febrero de 2024 el TJUE condenó a España por incumplir el Acuerdo Marco Europeo sobre el trabajo de duración determinada y obligó al país a hacer fijos a cerca de medio millón de interinos. Sin embargo, el Tribunal Supremo se opone a que los interinos se conviertan de forma automática en funcionarios, debido a que la legislación española no lo permite si no es a través de un proceso selectivo público, entiende el Alto Tribunal.
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Los sindicalistas han resaltado ante los europarlamentarios esta "contradicción existente entre la doctrina del TJUE y la interpretación restrictiva adoptada por los tribunales españoles, incluido el Tribunal Supremo".
La interpretación del Supremo
El Supremo admite que aquellos interinos que hayan sufrido perjuicios derivados de una contratación temporal abusiva tienen derecho a ser indemnizados, pero insiste en que la normativa española exige la superación de un proceso selectivo basado en los principios de mérito, capacidad e igualdad para obtener la condición de funcionario de carrera o personal fijo.
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La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público no parece ser una herramienta eficaz para erradicar el abuso de temporalidad en el empleo público, a juicio de CGT, que recuerda que la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción a España precisamente por no prevenir este abuso; un expediente que aún está pendiente de resolución definitiva.
Cascada de reclamaciones
Los representantes de CGT indican que en las próximas semanas el sindicato va a presentar una reclamación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, cuyos dictámenes si bien no son vinculantes tienen el peso suficiente para visibilizar el problema con los interinos en España.
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Durante la misión de CGT en Bruselas, se ha anunciado también la inminente presentación de reclamaciones patrimoniales ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) en nombre del personal público en abuso, en base a la omisión del Estado español y "la inacción prolongada de la Comisión Europea para garantizar la correcta aplicación de la Directiva 1999/70/CE", indican estas fuentes sindicales.
Así lo establece el artículo 340 del TFUE (Tratado de Funcionamiento de la UE): La Unión será responsable de los daños causados por sus instituciones en el ejercicio de sus funciones, según los principios generales comunes a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros.
Estas reclamaciones patrimoniales han de presentarlas las personas afectadas de manera individual. Las indemnizaciones se sufragan con cargo al presupuesto general de la Unión Europea. CGT considera que a las primeras reclamaciones de interinos ante el TGUE le van a seguir "en cascada" muchas más. Se trata de que la propia Unión Europea resarza a los interinos españoles por haber permitido durante tanto tiempo que España no cumpla la Directiva para prevenir el abuso del empleo temporal en el sector público.
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