Matadero de Binéfar'Amarillismo sindical' en el macromatadero de Binéfar del presunto criminal Piero Pini

Una empleada de confianza de los Pini, Lourdes Pérez, ha sido elegida como primera representante de la todavía escuálida plantilla del macromatadero de Binéfar en calidad de delegada del sindicato UGT mientras el resto de las organizaciones de trabajadores se negaban a tomar parte en esas elecciones "por su inmoralidad". La técnico administrativa Lourdes Pérez —oriunda de una población cercana a la capital de La Litera y, según fuentes sindicales locales, unida a la familia Pini "por una estrecha relación"— fue una de las dos primeras personas contratadas por el líder del clan italiano que promueve el proyecto, Piero Pini, en la actualidad encarcelado por las autoridades judiciales húngaras debido a un fraude fiscal semejante al que presuntamente cometió en Polonia.

En el momento en el que se celebraron las elecciones, hace poco más de un mes, la plantilla superaba las treinta personas, pero no alcanzaba el medio centenar, de manera que, de acuerdo a la ley, pudo elegirse un representante de los trabajadores aunque no un comité de empresa.

En palabras de un portavoz de CCOO en Aragón, Jaime Alloza, "a diferencia de UGT, Comisiones no creyó oportuno celebrar esas elecciones en un momento en el que sólo dos personas llevaban trabajando más de seis meses y eran por tanto elegibles. Y menos todavía, conociendo la trayectoria de la representante que finalmente fue elegida. Así se lo hicimos saber a la UGT en las reuniones que mantuvimos. Fue un tema que pusimos sobre la mesa. Es cierto que es legal presentar como candidata a una técnico administrativa aunque le una al propietario una relación de confianza y personal, o incluso si fueran familiares. Otra cosa es que sea moralmente reprobable, razón por la que nosotros sí evitamos incluir a ese tipo de trabajadores en nuestras listas. Simplemente, no es correcto recurrir a una persona cercana al empresario, con una afinidad y una simpatía, y así se lo hemos hecho saber a la UGT".

Atando en corto al presunto criminal

"Hablamos con ellos pero se hicieron los sordos", asegura en el mismo sentido un asesor laboral de CCOO en la vecina población de Monzón, José Vegas. "Todo esto del matadero ha tenido muy mala pinta desde el principio y por eso organizamos una asamblea el pasado mes de diciembre para la ratificación del convenio de cárnicas en la población de Binéfar. De momento, nuestro gabinete jurídico está trabajando para llevar a la empresa al juzgado si, cuando llegue el momento, se firma un acuerdo por debajo del convenio".

Se da la circunstancia de que desde el desembarco de Piero Pini y sus hijos a Binéfar, la empresa ha echado mano de manera recurrente para conceder el desempeño de lucrativos servicios externos tanto a funcionarios de la Administración local como a empleadas cercanas a ella y a la formación política que ha facilitado su desembarco, el PSOE.

Esta formación política ha tendido una gran alfombra roja para la creación del macromatadero en la localidad con la colaboración de algunos medios de comunicación afines. Tal y como reveló este diario el pasado 9 de febrero, el presidente socialista del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán, y sus camaradas de partido en el Gobierno calificaron la iniciativa de interés autonómico para agilizar sus trámites al tiempo que animaban a solicitar ayudas públicas al presunto capo de una organización criminal que supuestamente ha extendido sus actividades ilícitas desde Polonia a Hungría y que, con arreglo a las tesis de las fiscalías que le investigan, ha estafado al fisco de ambos países decenas de millones de euros.

Así, por ejemplo, el jefe de la Seguridad privada de Litera Meat —Antonio Díez— fue reclutado por Roberto Pini entre la propia plantilla de la Policía local. Una vez Público informó personalmente de estos hechos hace ya cuatro meses al alcalde de la población —Alfonso Adán—, se acordó convocar una reunión para el esclarecimiento de lo ocurrido. Esta, sin embargo, fue posteriormente suspendida sine die debido a los "problemas de salud" de la esposa de su presidente. Según ha indicado el concejal de Podemos Txema Isabal, miembro de la coalición Cambiar Binéfar, todavía no se han determinado las responsabilidades del agente Antonio Díez y, menos aún, éstas han sido castigadas de acuerdo a las normativa en vigor. Hace ahora una semana —después de conocer gracias a este diario que Pini había sido detenido—, el Ayuntamiento binefarense emitió un insustancial comunicado ad hoc en el que aseguraba que seguiría "velando por el cumplimiento de la legalidad".

En un intento por desvincular el proyecto de Binéfar de las presuntas actividades criminales de Piero Pini y otros setenta imputados más por la Justicia polaca, Litera Meat hizo también pública una nota en la que aseguraba que la dueña del cien por cien de la empresa italiana Pini Holding es propiedad en exclusiva de Roberto Pini. "A su vez, Pini Holding es la propietaria de las empresas italianas Pini Italia y Ghinzelli".

Paraísos fiscales

Esta última sociedad de la que figura como titular Roberto Pini fue sacada a colación en su momento por la Prensa italiana a raíz del escándalo de los Papeles de Panamá. Según dio a conocer la Gaceta de Mantova en enero de 2017, "los nuevos desarrollos en la investigación de fraude fiscal y lavado de dinero efectuada por los polacos, y que desembocaron en la detención del consejero de Ghinzelli Piero Pini, han conducido también a la Justicia de ese país a investigar una empresa creada en Chipre en 2009, así como la posible relación de la familia Pini con paraisos fiscales".

Pese al intento de Litera Meat y de Roberto Pini —uno de los tres hijos del presunto criminal de Valltelina— por zafarse del escándalo que acompaña a los presuntos delitos de su padre, lo cierto es que Don Piero es la cabeza visible del macromatadero de Binéfar, a cuya presentación pública acudió en calidad de padrino del proyecto.Además, Pini figura como "consejero" de algunas de las empresas propiedad de la sociedad de Roberto.

El gato al agua

Y mientras el equipo de gobierno que preside Alfonso Adán "sigue velando por la legalidad", otra destacada militante socialista de Binéfar, Rosa Altabás, ex secretaria general de la agrupación local del PSOE, ha venido ocupándose a título privado de conseguir pisos para la plantilla así como de otras actividades semejantes también vinculadas a los servicios que presta desde la inmobiliaria de la que es propietaria. La socialista reconoció por teléfono a este diario que es cierto que ha realizado y realiza trabajos privados para Pini, claro que, según dice, ya no desempeña ningún cargo.

Oficialmente, dejó la Ejecutiva local del PSOE de Binéfar en febrero del pasado año 2018, aunque, según consta incluso a día de hoy en la propia web del partido, en esa misma asamblea fue elegida para "otros cargos de responsabilidad". Por las mismas fechas en las que fue reemplazada por Adán como responsable local de los socialistas, Altabás se puso en contacto con varias inmobiliarias de la zona con el fin de solicitarles pisos en alquiler o en venta, a bajo precio, para los trabajadores que han de cubrir la plantilla. Este extremo ha sido confirmado al diario Público por fuentes de tres empresas de Binéfar y sus aledaños.

Todo queda en casa

A día de hoy, no hay ni un solo piso en alquiler ni en la capital de la Litera ni en muchos kilómetros a la redonda, de modo que las agencias sólo pueden proporcionar apartamentos a los trabajadores del matadero en localidades como Barbastro y Lleida.

De acuerdo a esas mismas fuentes consultadas por este diario, ninguna otra empresa inmobiliaria ha conseguido colaborar con Pini en la prestación de esos servicios pese a haberlo intentado de forma reiterada, lo que les ha llevado a asumir que estos han sido concedidos en exclusiva a Altabás. Consta, asimismo, según un miembro del equipo de gobierno, que está se ha seguido reuniendo con el alcalde en dependencias municipales, pese a que, según dijo la socialista a este diario, está ya desvinculada de la política local. "Es verdad que me ocupo de eso pero hoy en día ya no ostento ningún cargo", aseguró en declaraciones a Público. La ingeniería del proyecto fue también contratada por los Pini a uno de sus hermanos, Roberto Altabás.

"Omertá" socialista

Desde que este diario comenzó a dar a conocer la cara B del macromatadero de Litera Meat, tanto la empresa como los propios responsables socialistas —y ello incluye a su alcalde, Alfonso Adán, se han negado a dar explicaciones sobre todas estas cuestiones. La iniciativa del presunto criminal pudo salir adelante gracias, entre otras cosas, a una revisión del PGOU aprobada con los votos favorables de los socialistas y de una coalicíón de izquierdas de la que forma parte Podemos, IU y otros ediles independientes. Sólo se opusieron los miembros del PP, bien es verdad que no adujeron cuáles eran sus razones.

Fue también el Partido Popular quien solicitó en noviembre del pasado año la comparecencia en las Cortes aragonesas de la consejera de Economía, Marta Gastón, para explicar las gestiones realizadas por los socialistas en relación al matadero. Gastón se vanaglorió durante la misma de haber declarado el proyecto de interés autonómico para agilizar sus trámites y otorgarle todos los parabienes legales en tan sólo cuatro meses. El responsable del PP en Binéfar, Carlos Corzán, ocupa un cargo administrativo de responsabilidad en una empresa de la competencia de Litera Meat —el matadero de Fribin—, también ubicada en la capital literana. Según el concejal de Podemos, Carlos Arroyos, Corzán no se abstuvo en las deliberaciones pese a seguir formando parte de la gerencia del principal adversario empresarial del italiano.

El concejal popular —quien también se ha negado a hablar con este periódico para aclarar los extremos mencionados— se ausentó en diciembre pasado de una votación para iniciar sendos procesos sancionadores contra Litera Meat y Fribin debido "a motivos profesionales", tal y como informó Somos Litera.

"Intentan hacer daño"

Asimismo, durante una comisión municipal, los populares de Binéfar preguntaron al citado Txema Isabal acerca de la venta de unos terrenos familiares a Piero Pini para la construcción de las instalaciones. Isabal ha asegurado que comunicó con anterioridad la operación de venta a Pini de una parcela propiedad de su padre al secretario del Ayuntamiento de Binéfar para cerciorarse de que no incurría en ninguna irregularidad y se negó a votar a partir de ese momento en cualquier cuestión vinculada al proyecto con el fin de disipar toda duda acerca de la ética de su proceder. "Sólo intentan hacer daño", aseguró a este periódico el edil, con una larga trayectoria en las luchas sociales de la localidad.

Isabal —veterinario de profesión además de uno de los tres concejales electos de Cambiar Binéfar—, apostilla que carecían de toda la información cuando decidieron impulsar este proyecto. Cierto es que, aunque no tomara parte en las votaciones, sí apoyó públicamente la creación del matadero. Según dice, creía que "podía contribuir a algunos desarrollos positivos dentro la población". Tras lo sucedido durante los últimos tres meses y a raíz de las revelaciones de este digital, el concejal de izquierdas admite que el proyecto "es una bomba que ha estallado en las manos del Ayuntamiento".

Sus puntos de vista sobre el mismo fueron divulgados en 2017 por medios comarcales como La Litera Información. Por otro lado, en su cuenta personal de Twitter, el secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, aseguro que "esta Comunidad autónoma no debería permitir que vinieran delincuentes con trabajos de mierda", lo que viene a sugerir que existen algunas discrepancias dentro de la formación morada acerca de la conveniencia de este macromatadero.

Veterinarios conectados

En palabras del veterinario binefarense Mario Buisán —miembro de la organización sindical CGT—, "el problema de fondo no es sólo la implantación de esa sociedad sino el modelo agropecuario por el que el Gobierno aragonés está apostando y que evidentemente no compartimos. La empresa lo tiene todo bien atado. Y todas las consideraciones que se han hecho a propósito [de la moralidad de la elección de una representante sindical cercana al dueño] de la compañía pueden plantearse también en torno a los veterinarios a quienes Pini ha recurrido, y a los que yo, desde luego, jamás contrataría si quisiera un procedimiento limpio, a no ser que diera prioridad a servirme de alguien bien conectado políticamente".

Tanto la lucha contra el paro como la fijación de la población han sido sistemáticamente utilizados por el PSOE como reclamo social para allanar el desembarco de los Pini, o antes que ellos, otras instalaciones de corporaciones como el Grupo Jorge. Al decir de Rosa Díez Tagarro, coportavoz de la coordinadora estatal Stop Ganadería Industrial, estos proyectos no contribuyen a combatir ni lo uno ni lo otro, dado que "las empresas y la Administración tienden a exagerar las cifras de esos puestos de trabajo 'basura' que supuestamente crean. Además, debido a la falta de mano de obra local para cubrir las vacantes y a la ausencia de pisos para alojar a los empleados, tampoco se fija ni se atrae nueva población. Al menos, de una forma significativa".

Mintió sobre las cooperativas

Caso paradigmático es el del propio Pini, que prometió 1.600 empleos y apenas ha sido capaz de crear poco más de treinta hasta la fecha. Como la comarca tiene unas tasas de paro notablemente bajas, el italiano está intentando atraer la atención de trabajadores de Polonia, Hungría, Rumanía, Chequia u otros países de la Europa del Este. Según el ya citado Jaime Alloza, de CCOO, "lo que resulta preocupante ahora es que, a juzgar por esas ofertas de trabajo, da la sensación de que las contrataciones no van a efectuarse de forma directa tal y como prometió, sino recurriendo a las clásicas empresas intermediarias y a las cooperativas que tanta precariedad y conflictos laborales han provocado en el sector".

Al decir del secretario Acción Sindical de Levante de la Confederación Nacional de Trabajo (CNT), Antonio Ruiz, el problema de las contrataciones no directas y de las brutales condiciones de trabajo en el sector cárnico y sus aledaños es de ámbito estatal. "En tal sentido, la inspección de la Seguridad Social llevó a cabo una investigacion tras la que resolvió en noviembre de 2017 que Servicarne era una falsa cooperativa y que la mayoría de las grandes empresas del sector —entre otras, Campofrío, Uvesa, La Cope y Productos Florida— se habían aprovechado de ella para contratar falsos autónomos sin ningún tipo de garantías laborales. Aunque la decisión no es firme porque ha sido impugnada, sí que ha sido efectiva, dado que la Administración ha obligado a regularizar con carácter retroactivo a entre cinco y seis mil cooperativistas de todo el Estado anteriormente privados de cualquier derecho".

Coacciones de Campofrío

Para burlar la eficaz labor de los funcionarios de la Seguridad Social, que han interpuesto centenares de denuncias, Ruiz asegura que "compañías como Campofrío están forzando a los trabajadores a crear empresas pantalla, de tal manera que tras darse de baja en Servicarne, puedan ser contratados por una empresa que ellos mismos han sido obligados a crear. Como consecuencia de ello, nos hemos querellado contra la empresa por amenazas y coacción, dado que se están aprovechando de su extrema necesidad". Esta misma organización anarcosindical —una de la que más se ha destacado en la lucha por los derechos de los trabajadores del sector cárnico y con una larga historia de implantación en el Cinca Medio— convocó recientemente una huelga en Productos Florida, de Almasora, que obtuvo un seguimiento del 80 por ciento.

Según el diario húngaro Agrar Szektor, el empresario seguía privado de libertad en Hungría el pasado lunes, día 1 de abril, pese a que se ofreció a pagar un millón de euros para eludir la prisión. En enero de este año, el italiano tuvo que completar una fianza de otros 25 millones de euros para no ser encarcelado por un tribunal polaco, a petición de la fiscalía de Lodz que investiga una estafa colosal contra la Hacienda de ese país. Aunque la investigación no ha concluido todavía, el fiscal es partidario de solicitar las máximas penas posibles contra el supuesto líder del entramado mafioso. Lo que los húngaros sospechan es que las actividades económicas de Pini en su país eran igual de turbias y fraudulentas. Se da la circunstancia de que el mismo Estado cuya administración de Justicia ha privado de libertad a Piero Pini, adquirió unos terrenos de su propiedad para la construcción de una fábrica de armas, lo que, de acuerdo al diario húngaro Orszagszerte, podría haberle proporcionado cierta liquidez adicional para hacer frente a los problemas que le han acarreado las actividades criminales que se investigan en la Europa del Este.

Animalistas contra los Pini

Entre tanto, movimientos animalistas y ecologistas de España y del resto de Europa han concentrado esfuerzos, aunque de forma separada y en diferentes frentes, para tratar de detener el proyecto de macromatadero de Binéfar. Según la ya citada Rosa Díez Tagarro, no es el menor de sus problemas que la Prensa regional —en ciertos casos conectada incluso por la vía accionarial a algunos de los grandes grupos del sector cárnico que operan en la Comunidad autónoma— haya apoyado abiertamente el proceso de granjificación de la región mientras silencia a sus opositores. Los diarios aragoneses de mayor circulación han encubierto hasta la fecha los detalles escabrosos que rodean a los promotores de esta operación.

De hecho, no se publicó ni una palabra sobre sus actividades criminales hasta que Público dio a conocer recientemente su encarcelamiento. De igual forma, añade Tagarro, se han silenciado o confinado a la sección de breves a los movimientos vecinales y a las coordinadoras que se oponen a la búrbuja del porcino y que vienen alertando de los graves riesgos ecológicos y para la salud de lo que, en su opinión, es un modelo insostenible de desarrollo. En el contexto de esa lucha contra el proyecto que se lleva a cabo desde las organizaciones ecologistas y animalistas, grupos veganos de Action for Liberation han convocado hoy, viernes, 5 de abril, una concentración en contra del proyecto, en el número 19 del Paseo de Gracia de Barcelona.