La sección segunda de la Audiencia de Alicante juzgará entre mañana, martes, y el próximo viernes a cuatro agentes del Cuerpo Nacional de Policía acusados de torturar a un detenido en el municipio alicantino de Elda en junio de 2006, según fuentes judiciales.

La fiscalía solicita provisionalmente para cada funcionario cuatro años y medio de cárcel por un delito de torturas y otro de lesiones, al mantener que supuestamente propinaron múltiples golpes a la víctima durante su arresto.

El juicio por estos hechos fue suspendido el pasado mes de noviembre, después de que las defensas de los policías plantearan diversas cuestiones previas de índole procesal, entre ellas, la posible prescripción de los delitos. El tribunal no ha comunicado aún su decisión sobre esas alegaciones, lo que hará previsiblemente mañana, al inicio del juicio, o ya en la correspondiente sentencia.

Según el ministerio público, los policías acudieron la noche del 29 de junio de 2006 a la casa de la novia de la víctima después de que otro agente de la comisaría acordara su búsqueda y detención como sospechoso de un delito de quebrantamiento de condena.

El afectado había pasado poco antes con su vehículo por delante de la comisaría de Elda y había insultado y realizado, supuestamente, unos gestos obscenos hacia los policías. De hecho, el detenido, que ejerce la acusación particular en esta causa, iba a ser juzgado también por una falta de respeto hacia agentes de la autoridad, pero la Audiencia de Alicante ha declarado ya prescrita esa infracción, por lo que comparecerá exclusivamente como testigo en el juicio.

Las defensas de los policías sostienen que los hechos habrían prescrito porque el juzgado que instruyó la causa en Elda excluyó del objeto de enjuiciamiento el delito de torturas para circunscribirlo únicamente al de lesiones. No obstante, la fiscalía sostiene que esas cuestiones ya fueron objeto de recurso en su día y quedaron resueltas durante la instrucción del proceso, en resoluciones que avalan su tesis y permiten, por tanto, juzgar a los agentes por un delito de torturas.