119 muertos en residencias de mayores en solo dos meses y medio, 1.463 usuarios y 709 trabajadores contagiados. Las cifras de los centros residenciales en el País Valencià durante la segunda oleada indican que poco o nada se ha aprendido de la primera.

CCOO PV se denuncia que la situación incluso ha empeorado en la Comunitat Valenciana. "Si hay poco personal de forma estructural, con la pandemia todavía se nota más, porque las tareas se multiplican, y hay que sumar que las bajas se multiplican, con casos de depresión, ansiedad, etcétera, con lo que la carga de trabajo sigue creciendo en una pescadilla que se muerde la cola. Ahora mismo hay gente que llega a triplicar turnos", explica Ana Belen Montero, secretaria de Política Social de CCOO PV.

"Si los residentes no salen, es el virus quien tiene que entrar y obviamente lo hace por el personal, pero es que como peor son las condiciones hay más contacto y, en consecuencia, más riesgo", añaden desde el sindicato, que también piden "más inspecciones y control público para evitar que se relajen los protocolos y medidas de prevención", tal como están detectando, "sobre todo en residencias privadas".

Los brotes más masivos de noviembre a residencias valencianas apuntan, además, en otra dirección. Tanto el de Llíria, 116 contagios; el de la Pobla de Vallbona, 64 positivos, o El Puig de Santa Maria , 10 muertos y 138 positivos (todos ellos en València), como el de Elda (Alacant), dos muertos y 99 contagiados, son propiedad de grandes empresas adjudicatarias de decenas de centros. Savia en los casos de Llíria y El Puig de Santa Maria, Colisée en el de La Pobla de Vallbona y Domus Vi en Elda.

Desde CCOO se asegura que las residencias de gestión pública están teniendo, en general, un mejor comportamiento durante la crisis sanitaria, pero que con los datos que aporta la conselleria de Sanidad "no se puede saber si hay empresas más seguras que otras" y que por eso "hace falta más transparencia".

Un cambio de modelo integral

Montero explica que "si una cosa ha destapado la pandemia, es que el modelo actual está obsoleto". Desde el sindicato proponen pasar del sistema actual de grandes residencias a otro de unidades de convivencia más pequeñas, donde la gente puede decidir donde y con quien convive, y con una asistencia más personalizada.

También se plantea la reducción de ratios, la creación de una bolsa de trabajo y la equiparación de salarios y condiciones con el sector sanitario, para evitar la fuga de trabajadores hacia la sanidad cuando esta necesito reforzarse. Al inicio de la pandemia, hasta un 30% de los empleados de residencias marcharon a trabajar en los hospitales, con condiciones laborales muy mejores.

"Es urgente un diálogo con la administración para revisar el modelo de forma pactada con los agentes sociales, pero esto por ahora no se ha producido", destaca Montero. Con todo, la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, hace meses, desde el estallido de los primeros brotes masivos en estos centros, que también insiste en la necesidad de un "cambio de modelo residencial".

También hace falta, según CCOO, impulsar "un cambio urgente en el sistema de adjudicaciones para incluir criterios de calidad, no solo la cuestión mercantilista". Detrás esta reflexión hay la alarma generada después que Domus Vi consiguiera la adjudicación de la residencia de Velluters (València) al presentar la mejor oferta económica y solo la tercera mejor oferta técnica. Desde la patronal del sector, Aerte, se han apresurado a apoyar a Domus Vi y a exigir que la administración cumpla con el resultado del concurso, tal como "está obligada legalmente".

Domus Vi no solo gestiona la residencia de Elda donde se han contagiado 99 personas, sino que también era responsable de la de Alcoi (Alacant) donde se produjeron 73 defunciones –prácticamente la mitad de los residentes– a principios de la pandemia, y que todavía ahora está intervenida por la Generalitat. También forma parte de la red de esta empresa el centro de Llíria donde en septiembre se filtraron unas imágenes de presuntos maltratos a ancianos. La Generalitat sancionó Domus Vi con 174.000 euros y Fiscalía ha abierto una investigación, pero la empresa mantiene que no hubo situación de maltrato después de haber cerrado una investigación interna.