"Pandemia" comienza por p, como "pobreza", el mayor y más grave de los efectos secundarios del coronavirus tras el que supone la muerte de decenas de miles de personas. Desde el primer día, y cada otro que pasa con mayor intensidad, aflora una realidad estremecedora en la que más de un millón y medio de personas necesita ayuda para poder comer y una cifra similar la requiere para pagar la luz mientras el sinhogarismo arrecia.

La crisis desatada en torno al coronavirus está intensificando la pobreza en un país al que la pandemia sorprendió con una tasa de exclusión tan difícilmente soportable como cronificada por encima del 20% de la población (18,6% si se descuenta a los pobres con la casa pagada), según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (Instituto Nacional de Estadística), que sitúa el umbral de la pobreza en unos ingresos de 10.579 euros anuales para personas que viven solas y en 22.216 para los hogares con dos adultos y dos menores.

Uno de cada cinco españoles se veía obligado a sobrevivir con menos de ese dinero antes de la pandemia, y la situación no ha hecho más que empeorar desde que esta impactó en la frágil estructura social y económica del país, según revela el Monitor de Impacto de la Covid-19 sobre los Servicios Sociales" que cinco universidades españolas han elaborado para el INAP (Instituto Nacional de Administración Pública) bajo la coordinación de Inés Calzada, especialista en Metodología de las Ciencias Sociales de la Complutense.

El informe, el primero de una serie que se extenderá durante al menos un año, revela cómo, junto con los usuarios más habituales, básicamente por sus bajos ingresos, la pandemia ha llevado a los servicios sociales de todo el país (han estudiado lo ocurrido en 50 centros de cinco comunidades) "un nuevo perfil de personas consideradas (…) normalizadas que han visto cómo su economía familiar se veía directamente afectada por el confinamiento y la tardanza en recibir ayudas económicas impulsadas por el Gobierno central" y que, como consecuencia, necesitaban ayudas para el pago de alquileres, suministros básicos, transporte y productos alimenticios y de primera necesidad como pañales, jabón o papel higiénico.

"El incremento de la demanda ha sido brutal, con una demanda muy grande, nos hemos gastado casi toda la partida anual de emergencia social (un 75%) en unos meses. Nos hemos gastado todo el presupuesto en seis meses", explica un empleado de los servicios sociales de un municipio madrileño, mientras otro de Zaragoza destaca cómo "en cuestión de cuatro meses hemos tenido que abrir más de 2.000 expedientes nuevos".

Las conclusiones de Servicios Sociales y oenegés apuntan a la irrupción de nuevos perfiles de pobres, entre los que destacan los trabajadores precarios de sectores afectados por las restricciones como la hostelería y el comercio y quienes sobrevivían en la economía sumergida, mientras crece la demanda de ayuda entre los mayores y las familias monoparentales y comienza un goteo de jóvenes al tiempo que se extienden fenómenos como el sinhogarismo. Son los nuevos pobres de la pandemia.

Trabajadores precarios del sector servicios: la rotación del nuevo pobre

"Con el confinamiento empezaron a llegar a los servicios sociales personas que nunca habían sido usuarios, principalmente vinculados a la economía sumergida y también trabajadores precarios que habían perdido su empleo", explica Ana Lucía Hernández, profesora de Trabajo Social en la Universidad de Zaragoza y una de las autoras del informe.

Buena parte de esos trabajadores precarios procedían de sectores como la hostelería y el comercio, donde son habituales unas tasas de temporalidad, rotación y bajos salarios que solo permiten vivir al día, sin apenas excedentes para ahorrar. En ese grupo, el retraso en la tramitación de las prestaciones de los ERTE provocó un aumento de la demanda de ayudas para cubrir necesidades primarias.

"Las cuantías económicas se han retrasado tanto que sus escasos ahorros les han impedido aguantar más allá del mes de marzo", señala el informe. Y el drenaje de las prestaciones no solucionó el problema: "Muchos pedían ayudas de emergencia una o dos veces y después su situación se resolvía, ya fuera porque les llegaban las ayudas o porque empezaban a trabajar en campañas de verano", explica Hernández, que, no obstante, apunta que "se mantienen como usuarios de los servicios sociales a nivel de grupo porque se van sustituyendo. Ha habido un incremento y hay una rotación: salen unos del sistema y entran otros".

"Cada vez es más frecuente que pidan ayuda trabajadores de la hostelería y del comercio. Hasta ahora, si uno trabajaba la familia aguantaba con esos ingresos, pero ahora las empresas ya no los mandan al ERTE sino que los despiden porque no ven salida al negocio", indica Santiago Sánchez, hermano mayor la de Hermandad de la oenegé zaragozana El Refugio.

Economía sumergida: el sector de más peso en el país hace aguas

Distintos estudios estiman en el entorno del 20% del PIB el peso de la economía sumergida en España, con una horquilla del 17,9% al 24,5% según los estudios recopilados por Funcas, lo que significa que se trata del principal sector del país. Y el confinamiento lo paró en seco, lo que dejó a amplias capas de la población sin ningún tipo de ingresos o los redujo drásticamente.

Además, "muchos de los nuevos perfiles [de usuarios de los servicios sociales] se identifican con personas cuya principal fuente de ingresos se debe en gran medida o en su totalidad a la economía sumergida, por lo que la solicitud de alguna de las prestaciones específicamente diseñadas para combatir los despidos temporales ha sido imposible", explica el informe, que refleja "un aumento de la demanda enorme" por este motivo en el apartado de las ayudas de urgencia para acceder a bienes de primera necesidad.

"Mucha gente que no estaba en las redes de los servicios sociales comenzó a acudir por necesidad", anota Hernández, mientras Sánchez destaca el "caos" en el que se vieron inmersas numerosas mujeres que se ganaban la vida como limpiadoras y como cuidadoras se quedaron de un día para otro sin ocupación.

"Se encontraban con gente que no quería que entraran en las casas por el riesgo de contagio y, en otros, con que la persona mayor a la que cuidaban había muerto. Lo que más no está llegando es gente que viene de la economía sumergida", explica. "Va a costar mucho que esa gente vuelva a tener un trabajo, aunque sea de nuevo en la economía sumergida", añade, lo que les sitúa ante una encrucijada: "¿Qué haces si no te puedes buscar la vida? ¿Mueres en el intento?"

Crece la afluencia de mayores en los servicios sociales

"Los mayores y los dependientes siempre han formado parte de los colectivos de usuarios", señala Hernández, que llama la atención sobre cómo su demanda de ayuda y cuidados se ha disparado con la pandemia.

En un primer momento, con el confinamiento, fueron relativamente habituales las bajas de ancianos en servicios como la atención a domicilio por dos motivos: la familia estaba más en casa y había rechazo a que entraran en ella personas ajenas a los convivientes por temor a los contagios. Eso, pese a que en todo el país se implementaron redes de apoyo emocional, con llamadas telefónicas frecuentes para interesarse por su estado, y también tareas de intendencia como las relacionadas con la compra semanal, liberó recursos para atender a nuevos usuarios, como los que dejaron de tener acceso a una alimentación económica con el cierre de los centros de día.

"Ahora regresan los primeros y se mantienen los segundos. La mayoría de los que dejaron de tener atención sufrieron un deterioro que hace que ahora requieran apoyo.

"Durante el confinamiento surge un perfil de persona mayor que vive sola [y] que hasta ese momento se relacionaba con el resto del vecindario, [pero] cuando se produce el confinamiento la situación se agrava porque no sabes si están bien", explica un trabajador de los servicios sociales madrileños, ya que "el tejido social que hasta el momento cuidaba de estas personas mayores no puede seguir haciéndolo". En estos casos, pobreza y soledad se superponen.

Las mujeres que lideran una familia monoparental desde el infraempleo

El III Informe sobre los Servicios Sociales en España del Consejo General del Trabajo Social señala a "una mujer, de origen español, con estudios secundarios, con cargas familiares y con cierto grado de cronicidad en las intervenciones sociales de este u otros sistemas de protección" como el perfil medio del usuario de los servicios sociales. Es una descripción de la mujer de bajas rentas que está al frente de una familia monoparental, un grupo cuya presencia también ha crecido con la crisis provocada en torno a la pandemia.

"Se ha hecho una mala planificación para abordar la pandemia, y eso está afectando mucho a la gente que estaba al borde de la pobreza", anota Sánchez, que coincide con Hernández en señalar a este colectivo, que a menudo subsiste en la economía informal, como uno de los más perjudicados por la situación. "Vivieron una situación muy particular por la pérdida de empleo", indica.

Comienza el goteo de los jóvenes emancipados

La presencia de los jóvenes es escasa entre los colectivos a los que a crisis de la pandemia ha sumergido en la pobreza pese a la intensidad con la que están sufriendo sus efectos, con 300.000 expulsados del mercado laboral en lo que va de año.

"Apenas llegan jóvenes a pedir ayuda, pero eso se debe a que en la mayoría de los casos están incluidos en la familia" que sí lo hace, explica el responsable de El Refugio, quien, no obstante, apunta que sí se va produciendo un leve goteo entre los emancipados. "Todavía no han comenzado a aflorar", coincide Hernández.

El sinhogarismo se dispara con la crisis pandémica

"Mientras no se podía salir de casa había gente que no estaba en ninguna casa" explica Hernández, que señala a los sin techo como otro de los grupos centrales de víctimas de la crisis. Se trata de otra de las averías sociales del país, en el que el vertiginoso empobrecimiento que el parón de la economía ha provocado en la sociedad española y la lentitud en la implementación de algunos de los paliativos está provocando un constante aumento de las personas sin techo.

"Ahora mismo hay en la calle más de 300 personas en Zaragoza. Eso es mucha gente", explica Pepe Fernández, del Colectivo Dignidad. Esa cifra no anda lejos de triplicar, en menos de medio año, la de 117 que el ayuntamiento manejaba la pasada primavera. Y se trata de una ciudad en la que predominan las medias estadísticas y las tendencias demoscópicas.

"Y el frío llega ya", recuerda, mientras los campamentos de personas sin hogar proliferan por la ciudad: los hay bajo los puentes de Hierro y de Santiago y en la pasarela de La Unión, a orillas del Ebro; una docena de sin techo vive en el quiosco de La Almozara y más de treinta acampan en el parque Bruil y en las inmediaciones de La Romareda mientras los desalojados del hotel San Valero permanecen junto al edificio del IASS (Instituto Aragonés de Servicios Sociales).

"La gente que trabajaba en la economía sumergida, en la chatarra y en los rastros, por ejemplo, ahora no puede hacer nada. Muchos están en la calle, prácticamente no hay ayuda y los albergues están llenos", señala, al tiempo que advierte de los problemas que los retrasos y las condiciones del IMV (Ingreso Mínimo Vital) y del salario social autonómico de transición hacia este van a provocar entre quienes logran alquilar pisos en grupo. "Va a quedar mucha gente fuera", dice, al limitarlo a dos beneficiarios por domicilio.

Los servicios sociales también sufren con la pandemia

"Se cubren [las demandas], pero se demoran más de lo habitual, porque somos los mismos, hay el doble de demanda y no damos abasto", explica un trabajador social de Andalucía, en un ejemplo de cómo la pandemia ha alterado el funcionamiento de los servicios sociales.

El informe reseña cómo con el confinamiento y sus consecuencias "se ha visto debilitada toda la atención que es más propia al trabajo social", la cual "juega un papel central en la prevención de la exclusión social y en la construcción de sociedades inclusivas: el apoyo a la dependencia, los programas formativos de refuerzo dirigidos a población vulnerable, tanto a menores como a población adulta, los proyectos de trabajo social en grupo y finalmente los programas de intervención comunitaria".

Junto con eso, añade el documento, "la sobrecarga generada por las nuevas personas demandantes, unida a la dificultad de hacer entrevistas o visitas en persona, ha ralentizado la tramitación de algunas ayudas, entre la que se menciona especialmente las relacionadas con la Dependencia y los enormes retrasos sufridos por las valoraciones" de esta.

"Los trabajadores de los servicios sociales sufrieron una sobrecarga emocional", en esa etapa inicial, explica la profesora, mientras que ahora, ante la segunda ola de la pandemia, tercera en algunos territorios, "la sensación más presente es la incertidumbre por lo que va a pasar, tanto con la evolución de la enfermedad como con la de la sociedad". "Se sienten más preparados para afrontar lo que venga, pero hay mucha incertidumbre sobre lo que viene", añade.

La situación es similar en las oenegés, en las que las preocupaciones incluyen también la disponibilidad económica. "Las familias vienen a pedir alimentos y a pedir continuidad", anota Sánchez, que recuerda cómo "en septiembre habíamos alcanzado el volumen de atenciones de 2019" con un ritmo de 60 familias al día. "Atendemos a más de mil y seguiremos ayudando mientras podamos", dice.