Una jueza de menores pide un hogar para un tutelado del que la Junta andaluza se desentendió al cumplir 18

Esta es la historia, real, de un fracaso colectivo. Su protagonista es un joven migrante que llegó a España solo, siendo menor de edad, y fue tutelado por la Junta de Andalucía. Luego, al cumplir los 18 años, tuvo que abandonar el centro de protección en el que fue acogido y se quedó en la calle, otra vez solo, sin nada ni nadie a su lado. Juzgado por un delito leve que había cometido cuando aún era menor, la jueza no le ha podido aplicar ahora una medida reeducadora de libertad vigilada porque carece de casa y de documentación. Y esa era, quizás, su última oportunidad.

Del protagonista de este fracaso no se conoce ningún dato, aparte del hecho administrativo de que fuese considerado como menor extranjero no acompañado en el sistema de protección, una catalogación cuyo acrónimo, MENA, se ha convertido en los últimos años en objetivo de innumerables proclamas y discursos xenófobos. Todos los organismos que han intervenido en su caso han declinado dar cualquier tipo de información sobre la identidad de esta persona, ni siquiera su nacionalidad, debido a su condición de menor de edad. Tampoco nadie, ni juzgado ni Junta de Andalucía ni siquiera su abogado de oficio, sabe dónde se encuentra ahora este joven, que llegó hace unos tres años a Málaga para buscarse, como tantos otros, un futuro bastante más próspero que el que había dejado atrás en su país.

Su caso, sin embargo, hubiera sido de mero trámite si no fuera por el empeño de la jueza del Juzgado de Menores número 2 de Málaga, que no se conformó con dejar pasar un asunto en el que se estaba dirimiendo la oportunidad de reeducar a un chaval que había cometido un delito leve siendo menor de edad. La jueza dirigió en octubre de 2020 una queja al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, en la que se lamentaba de la inviabilidad de ejecutar las medidas de responsabilidad en medio abierto que había acordado -libertad vigilada y asistencia a centro de día- para el joven migrante extutelado, dadas las circunstancias en las que se encontraba: vivía en la calle, sin medios de subsistencia y sin documentación acreditativa de su estancia regular en España.

La jueza solicitó la intervención de la defensoría andaluza, según consta en la resolución de este organismo, para que se regularizase, aunque fuera de forma temporal, la estancia de este joven en nuestro país y para que se atendiera "su especial situación de vulnerabilidad", proporcionándole un recurso residencial donde pudiera alojarse y recibir el trato humanitario que hiciera viable el cumplimiento de la medida de responsabilidad penal que le había impuesto. En el escrito se aludía, además, al cumplimiento del artículo 118 de la Constitución, el cual dispone que es obligado prestar la colaboración requerida por jueces y tribunales en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.

Recibida la queja, el Defensor del Pueblo solicitó un informe a la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, la cual respondió que carecía de plazas para atender la petición de la juez de menores. "En la fecha actual no disponemos de plazas disponibles en programas de alta intensidad (pisos de acogida) habida cuenta de la alta demanda existente para estos recursos residenciales. Al mismo tiempo, existe una lista de espera priorizada atendiendo a los criterios indicados anteriormente por lo que podemos afirmar que conceder a este menor una plaza en una de las vacantes que se producirán en los próximos meses resultaría en perjuicio del resto de jóvenes que optan a la misma y que se adecuan mejor al perfil atendiendo a los objetivos de inserción ya expuestos".

La negativa de la Junta de Andalucía a facilitar la acogida residencial de este joven migrante llevó al Defensor del Pueblo, y también Defensor del Menor, a redactar el pasado mes de julio una resolución con una recomendación concluyente. En ella, solicita a la Delegación de Igualdad y Políticas Sociales que facilite "las prestaciones sociales necesarias" para que el joven migrante extutelado pueda cumplir con garantías la medida de medio abierto impuesta por el juzgado de menores de Málaga.

Incumplimiento de la Ley de los Derechos del Menor

En su resolución, la defensoría señala que a la Administración andaluza le corresponden hasta tres obligaciones con este joven, dada su condición de persona extutelada, migrante y sometida al cumplimiento de una medida de responsabilidad penal de menores. Y respecto a la primera, subraya que la Ley de 1998 reguladora de los Derechos y la Atención al Menor en Andalucía extiende su compromiso con las personas tuteladas con posterioridad a que alcancen la mayoría de edad, dado que en su artículo 37.2 dispone: "al menos durante un año siguiente a la salida de los menores de un centro de protección, la Administración de la Junta de Andalucía efectuará un seguimiento de aquéllos al objeto de comprobar que su integración laboral sea correcta, aplicando la ayuda técnica necesaria".

"Mal se avienen estas previsiones legales con el hecho de que este joven migrante, tutelado por la Junta de Andalucía, haya alcanzado la mayoría de edad y no se haya programado para él un cauce de integración en la sociedad que le permita desenvolverse de forma autónoma", afirma el Defensor en su resolución.

En cuanto a la condición de infractor, la defensoría recuerda que le corresponde a la Junta también la ejecución de las medidas adoptadas por los juzgados de menores, facilitando los medios para su cumplimiento, que, en este caso, entiende supone solventar las circunstancias socioeconómicas indispensables para hacer viable que se pueda ejecutar lo dispuesto por la jueza. "Conviene recordar –añade- que las medidas establecidas en la legislación de responsabilidad penal de menores tienen un doble componente: por un lado se trata de medidas típicamente penales, correctivas de ilícitos y con vocación disuasoria de dichas conductas, pero quizás sea más relevante su otra vertiente, orientada a la educación y formación de la persona, primando estos aspectos sobre la faceta punitiva".

Apoyándose en esta argumentación, el Defensor concluye que una medida impuesta por un juzgado de menores se convierte en una herramienta crucial en el devenir de la vida de una persona, como la de este joven migrante. "Las medidas de responsabilidad penal –explica- se erigen como una oportunidad, quizás la última, que se brinda al joven para reconducir su conducta, para que asuma el error cometido y obtenga habilidades personales con que evitar que hechos similares se repitan en el futuro y de este modo se amplíen sus expectativas de éxito en su integración en la sociedad como persona adulta y responsable".

Nada de eso ha ocurrido, sin embargo, en este caso. Su protagonista se encuentra en paradero desconocido. Nadie sabe dónde se halla, ni siquiera el abogado de oficio que le asignaron para su juicio ni tampoco la Junta de Andalucía, que ha cambiado su postura después de la resolución del Defensor dictada el pasado mes de julio. Fuentes de su Delegación Territorial de Igualdad en Málaga han manifestado ahora a Público que han intentado ofrecer una plaza a este migrante dentro del programa de atención a jóvenes extutelados, pero que no ha sido posible porque no han podido contactar con él. Han asegurado, además, que mantendrán esa plaza libre, ya que van a seguir intentando localizarlo.

Un programa para extutelados que llega hasta los 25 años

La Junta dispone de un programa, denominado Más 18, para atender a los menores que ha tutelado y tienen que abandonar sus centros al alcanzar la mayoría de edad, muchos de ellos migrantes que no tienen a nadie en España y que, por esa razón, fueron acogidos en el sistema de protección de la infancia al llegar a nuestro país. Básicamente, su objetivo es facilitar a estos jóvenes recursos para enfrentarse a una vida ya autónoma con unas mínimas garantías para lograr una integración social y laboral, es decir, para no quedar completamente desamparados cuando salen del centro, sin casa, sin trabajo, sin nada. Esta labor, que se inicia antes de cumplir los 18 años y se puede extender hasta los 25, se lleva a cabo a través de pisos de autonomía, en los que se facilita una atención integral, y de una red de centros de día para formación sociolaboral, fundamentalmente.

El Defensor del Pueblo Andaluz se ha quejado en alguno de sus informes anuales de las carencias de este programa para atender a todos los menores que abandonan el sistema de protección y precisan de una ayuda para afrontar los retos de una vida independiente, lo que ha provocado que muchos hayan utilizado los recursos existentes para las personas sin hogar, "nada apropiados para jóvenes de entre 18 y 19 años", recalca. La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, responsable de este programa, asegura, sin embargo, que su aplicación ha mejorado considerablemente desde el comienzo de esta legislatura, cuando Ciudadanos y PP se hicieron con el gobierno de la Junta que en casi cuatro décadas anteriores estuvo en manos del PSOE.

La consejera, Rocío Ruiz, de Ciudadanos, aseguró el pasado mes de marzo que las plazas en pisos de acogida para jóvenes extutelados se habían aumentado hasta 665 en 2020 y que este año llegarán a ser 800, es decir, 575 más que las que había en 2019, cuando comenzó la legislatura, según las cuentas de su departamento. "Nuestro compromiso –dijo entonces- es que ningún chico o chica que cumpla la mayoría de edad se quede en la calle en nuestra tierra". Al decir eso, la consejera también recordó el alto número de menores migrantes no acompañados que llegan a Andalucía y deben ser atendidos en sus centros de protección, tanto que en un año como el de 2020, con las fronteras cerradas por la pandemia, casi alcanzó el millar. Al final de ese ejercicio, según Ruiz, había 1.274 chicos y chicas extranjeros acogidos en el sistema de protección andaluz.

Esos datos fueron utilizados también por la Junta para exigir más apoyo al Gobierno central, el cual, a su entender, no reconoce con la suficiente financiación el mayor flujo migratorio que tiene que soportar Andalucía en relación a otras comunidades autónomas del estado, y no propicia la adecuada coordinación para llevar a cabo un reparto solidario de esta carga.

Andalucía Acoge, la mayor federación de la comunidad en el ámbito de la migración, puso en marcha hace un año una campaña para demandar más atención para los jóvenes migrantes que tras ser tutelados por la Junta tienen que dejar los centros de protección al cumplir los 18 años. "No me dejes en la calle" se llamó la campaña, que fue secundada por 81 entidades sociales y 6.797 firmas para pedirle a la Consejería de Igualdad que respondiese con los recursos y el apoyo necesario para que esas personas pudiesen emanciparse con todos los derechos. La situación ha mejorado desde entonces, según su secretario general, José Miguel Morales, quien, sin embargo, muestra cautela ante cómo se puedan seguir desarrollando los acontecimientos.

El responsable de Andalucía Acoge considera positivo que este año se hayan aumentado las plazas para el programa Más 18, que se hayan reforzado sus recursos y su financiación, pero advierte de que queda por ver si se trata de una decisión meramente coyuntural o si se mantiene en el tiempo. Estamos, a su juicio, en un momento decisivo en la atención que se presta a este colectivo, sobre todo después de la reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería aprobada por real decreto el pasado 19 de octubre, con la que se facilita la documentación de los menores extutelados y, en consecuencia, su inserción sociolaboral.

La reforma, de la que según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se beneficiarán unas 15.000 personas, establece un régimen propio para los jóvenes extutelados mediante la aplicación de requisitos más acordes a su realidad, alargando la duración de las autorizaciones de residencia y permitiendo que quienes tienen ahora entre 18 y 23 años, y que se hayan visto abocados a una irregularidad sobrevenida, puedan acceder a una autorización de trabajo.

En el texto del decreto ley que reforma el Reglamento de Extranjería se explica que las reglas que estaban en vigor no se ajustaban a las particularidades de estos jóvenes, "ni a los programas educativos o de inclusión sociolaboral de instituciones públicas y privadas dirigidos a ellos para acompañarlos hacia su transición a la mayoría de edad y a una vida independiente". Así, en su artículo 198 se dispone ahora que el solicitante de una autorización de residencia podrá acreditar, en vez de medios económicos suficientes, que "su sostenimiento queda asegurado dentro de un programa desarrollado por una institución pública o privada", como sería el caso del Más 18 de la Junta de Andalucía.

"Nos encontramos en un momento crucial para saber si estamos ante un escenario mejor para estos jóvenes. Tenemos que ver si el aumento de plazas de la Junta es estructural o no, y también cómo se aplica ahora la reforma del Reglamento de Extranjería, qué instrucciones se dan para su desarrollo, qué es lo que va a pedir cada Subdelegación del Gobierno para acreditar los recursos de acogida como medio de vida", advierte José Miguel Morales.