Las llegadas de cayucos y pateras a las Islas Canarias no aflojan ni tienen visos de amainar. Muy al contrario. El mes de enero ha sido de récord, con más de 6.300 personas que han sobrevivido a la travesía marítima más peligrosa de las que conectan África con Europa.

También hubo muertos, más que nunca en esta ruta. La organización Caminando Fronteras cifró solo en 2023 en 6.618 las personas muertas o desaparecidas intentando alcanzar las costas españolas a bordo de precarias embarcaciones. 6.007 perecieron en su viaje hacia Canarias. Ambas cifras dibujan en tonos muy oscuros el año más mortífero desde que el colectivo tiene registros. Y 2024 comienza con decenas de víctimas en jornadas frenéticas que presagian un año más trágico si no hay cambios de envergadura a nivel político, diplomático y, sobre todo, humanitario.

Tampoco hay números con los que comparar la actividad de la ruta Canaria. En la memoria siempre se dibujaba aquel hito vivido en 2006, la crisis de los cayucos, cuando llegaron más de 31.600 personas a las islas procedentes, sobre todo, de Senegal. La palabra cayuco, esos grandes lanchones de madera usados para la pesca en gran parte de África occidental, sustituyó a las pateras que solían verse en las aguas del Estrecho.

Nunca hasta el pasado año se había superado esa marca, pero Canarias recibió en 2023 a casi 40.000 supervivientes, según las cifras del Ministerio del Interior, y más de 40.400, según el balance de Frontex, la agencia europea de control de fronteras. El aumento respecto a 2022 es del 160%, con diferencia, el mayor repunte de todas las rutas migratorias a costas europeas y tres veces superior al aumento de llegadas en el Mediterráneo oriental (Grecia y Chipre), que fue del 55% con más de 60.000 migrantes desembarcados.

La ruta canaria está en el foco político y mediático, aunque no tanto en el humanitario. Frontex  extiende su alarma en forma de cifras preliminares que calientan el arranque político de año. No hay un mes de enero con tanta afluencia de migrantes hacia Canarias. A falta de cerrar el mes son más de 6.319 rescatados. Representa el doble que en 2022, el enero con más llegadas de la serie histórica. Y contrasta sobre todo con el de 2023, con apenas 600 personas rescatadas.

Más de 5.000 menores no acompañados 

Muy lejos quedan los eneros calmados de 2020 y 2019, cuando esta ruta empezó a reactivarse tras el cerco marroquí en aguas del Estrecho y el Mar de Alborán. Apenas llegaban unas pocas decenas. Hoy Canarias es un territorio de improvisados centros de acogida que ya son estructurales, como su emergencia migratoria, y los traslados a la Península no dan abasto para aliviar la situación.

Mucho más grave es el caso de los menores no acompañados, que ya suman 5.150 repartidos en 70 centros de acogida. Son 31 centros más abiertos desde la llegada del nuevo Gobierno, de Coalición Canaria y PP. La demanda de este y el anterior Gobierno canario ha sido clara y lógica, un reparto equitativo de menores ante las dificultades de la región de primera llegada, pero la negativa del resto de comunidades a acoger y tutelar a una parte de estos niños se ha mantenido idéntica.

Este martes se ha reunido por primera vez la Comisión Interministerial de Inmigración, con los siete ministerios implicados en el asunto (Interior, Política Territorial, Inclusión, Juventud e Infancia, Derechos Sociales, Trabajo y Exteriores), que se plantea estudiar jurídicamente la propuesta del Gobierno de Canarias para que los menores migrantes sean acogidos en otras comunidades. Un escenario incierto que implica modificar leyes orgánicas en un momento de extrema debilidad parlamentaria para el Gobierno.

Mauritania, nuevo foco de salidas

Interior no desglosa las nacionalidades de los migrantes que llegan irregularmente, pero Frontex sí, y confirma lo que diferentes organizaciones llevan tiempo describiendo. Senegal ha superado a Marruecos como principal país de origen de los migrantes de la ruta canaria. Y se incorporan las personas de Malí como tercera nacionalidad. El éxodo de senegaleses ha impulsado la ruta canaria desde el pasado verano, en contraste con el descenso de embarcaciones salidas desde el sur de Marruecos o el Sáhara Occidental, aunque la vigilancia marroquí, salvo en el entorno de las vallas de Ceuta y Melilla, da síntomas de agotamiento.

Las llegadas a Península y Baleares también aumentaron un 20% en 2023, aunque con 15.500 personas –fundamentalmente marroquíes y argelinos– es un volumen notablemente menor que el de la emergencia que vive Canarias.

Los cambios en estos flujos migratorios son constantes. Según Txema Santana, periodista canario y experto en migraciones, enero está viviendo un auge de llegadas de personas de Malí, un país inmerso en un largo conflicto armado con cientos de miles de refugiados en la vecina Mauritania.

El Gobierno asegura que ha detectado que el 83% de los llegados en enero a Canarias han zarpado desde Mauritania, en duras travesías de entre cuatro días y una semana en el mejor de los casos. El Gobierno español ha intensificado las "gestiones" con el país para abordar el fenómeno, aunque sin precisar su hoja de ruta y con la reducción de las salidas de cayucos como principal objetivo.

Lo cierto, según Santana, es que "desde septiembre hay un nuevo ciclo migratorio excepcional" en Canarias, con un ascenso continuado, picos de llegadas inéditos y la pequeña isla de El Hierro –última tierra firme antes del Atlántico abierto y mortal– como destino de referencia para una de cada dos embarcaciones.

Las tragedias en alta mar están a la orden del día. Solo en lo que va de mes se han recuperado 15 cuerpos. El domingo fueron enterradas cinco personas. Solo dos tienen nombre en la lápida. Es un drama continuo y anónimo, pero el dolor de las familias, apartadas al otro lado del mar, es indeleble y, para Europa, totalmente ajeno.

Recetas fallidas y bloqueo de viajes en avión

A derecha y extrema derecha se elevan voces cada vez más furibundas contra el Gobierno, al que acusan de ser responsable del auge migratorio en Canarias y de generar inseguridad en las ciudades de la Península donde está derivando a los migrantes para descongestionar los centros de acogida canarios.

Sobre la mesa siempre están las mismas recetas: más control migratorio, la vigilancia de los mares, las devoluciones imposibles y la externalización de fronteras. Aunque hay pocas referencias de en los discursos políticos sobre la crisis social, política y económica que agita Senegal desde hace más de dos años, el conflicto de Mali y la difícil situación que atraviesan numerosos países africanos.

La contención, a cualquier precio, es la única política que intenta aplicar el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el más conservador en materia migratoria que se recuerda y con una trayectoria sombría y polémica, pero bien valorada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No ha dudado en mantenerlo el cargo pese al malestar interno en la coalición de Gobierno e, incluso, en las filas socialistas tras la tragedia de Melilla y, ahora, con las devoluciones de menores a Marruecos –ilegales, según el Supremo– y el caos absoluto con los solicitantes de asilo que se hacinan en el aeropuerto de Barajas.

Desde el pasado verano, Marlaska ha visitado Marruecos en varias ocasiones y se ha reunido con autoridades de Senegal y Mauritania para reforzar los operativos de lucha contra las mafias del tráfico de personas y la intercepción de cayucos. 

España mantiene en Senegal una dotación permanente de Policía y Guardia Civil en trabajos conjuntos con las fuerzas de seguridad locales para la "prevención de salidas irregulares". En Senegal hay 38 agentes, cuatro embarcaciones, un helicóptero y 13 vehículos todoterreno para misiones de patrullaje conjunto (tierra, mar y aire). Desde el pasado 17 de octubre, también cuentan con un avión de la Guardia Civil se ha desplegado en Dakar para vigilar las costas de Senegal y Mauritania.

Según datos facilitados por Interior, esta colaboración policial con Marruecos, Senegal, Mauritania y Gambia habría evitado la llegada irregular de más de 27.000 personas a España en 2023. Cifras grandes que, sin embargo, dejan claro que el bloqueo policial de las rutas es una misión inalcanzable.