Como redactor principal del informe presentado por la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, ¿cuál fue su principal motivación para participar en esta investigación?

Yo trabajo desde hace tiempo los derechos de las personas mayores, me interesa y me preocupa el ambiente general de edadismo que existe en las sociedades y cómo esto lleva a discriminarles de una manera generalizada y, muchas veces, invisible. Digamos que todo lo que tenga que ver, en primer lugar, con los derechos humanos y, en concreto, dentro del ámbito de los derechos fundamentales, me interesa mucho. Llevo ya 14 años trabajando el tema. 

Entonces, cuando me lo propusieron, me pareció que se unían dos cosas: una era mi interés por estos casos de posible discriminación y, por otro lado, desde el principio me llamaron la atención los datos sobre cómo se había gestionado la pandemia en Madrid. De hecho, hice un artículo de investigación sobre el tema de las residencias en toda España.

Estuve manejando datos y decisiones políticas de las distintas comunidades autónomas y lo que vi es que había, con carácter general, un nivel de discriminación importante, pero que el caso de Madrid sobresalía con creces. Además, venía en el último año trabajando con la Universidad Carlos III en un proyecto para estudiar la desinstitucionalización de los cuidados y a mí me habían pedido que coordinara el grupo de personas mayores. Es decir, cómo gestionar mejor los cuidados de las personas mayores, poniendo en el centro a las personas y no tanto la organización. Es un estudio que trata mucho el tema de cómo funciona el mundo residencial. En general, me interesaba mucho por todo esto.

¿Qué sintió al oír los testimonios?

Lo cierto es que hubo un antes y un después, porque aunque tú leas en prensa o escuches a través de cualquier medio de comunicación que alguien se queja durante diez segundos, amargamente, de lo que le sucedió... Eso es una cosa, y otra es tener delante y poder preguntar a dos metros a la residente que sufrió lo que sufrió, a los familiares que perdieron a sus padres y cómo los perdieron, a las trabajadoras de las residencias que te cuentan la situación tan extrema que vivieron y a qué se debió. El impacto es muy grande.

Después, están los casos particulares, que son muy emotivos. La gente sufrió mucho dentro y los familiares sufrieron mucho fuera porque sus personas más queridas estaban pasándolo muy mal y lo sospechaban, pero después es que lo confirmaron. Muchas personas tienen el sentido de la culpabilidad de mandar a sus padres a una residencia, aunque se ocupen mucho de ellos.

A priori, la gente que trabaja, que no se puede hacer cargo de ellos, que no puede pagar una cuidadora o un cuidador diario… entiende que sus allegados van a estar mejor asistidos y acompañados en una residencia que si los tienen en casa, aunque no les guste. Y después de ver lo que pasó, esa pérdida, ese maltrato, los familiares y las trabajadoras necesitaban contar en voz alta cómo lo habían vivido. Escucharlos fue muy importante para toda la Comisión.

¿Cuáles considera que fueron los errores más graves cometidos por el Gobierno madrileño durante los primeros meses de la pandemia en relación con las residencias de mayores? ¿Qué lo diferencia de lo ocurrido en el resto de comunidades?

Nosotros en el informe hemos tratado de distinguir entre una situación que devino de una serie de errores estructurales y lo que sucedió durante la crisis sanitaria, la pandemia, en las residencias y el mundo de la salud de las personas mayores. Lo sucedido no es el resultado de una sola decisión, sino de una serie de decisiones que vienen tomándose desde hace años y que tienen que ver con el desmontaje del sistema público de salud en la Comunidad de Madrid. Y, por otra parte, hubo decisiones concretas en este tiempo que se aplicaron para gestionar la crisis.

En base a esto vimos dos cosas: un modelo de cuidados a las personas mayores muy institucionalizado y muy atrasado, así como la necesidad de un cambio radical en el que las personas mayores, y no la institución, sean el centro de la atención. En estos momentos todavía parece que las personas mayores tienen que acoplarse a las instituciones; cuando, si creemos en los derechos humanos o en los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente, lo que tendría que suceder es que primero está el ser humano y alrededor de él se construye una organización para servirle con continuidad.

Y, después, un sistema sanitario cuyos datos son espeluznantes. La inversión en este territorio era la segunda por la cola cuando llegó la pandemia. La Comunidad de Madrid tenía 2.000 trabajadores y 2.500 camas hospitalarias menos que en 2008, el número de médicos de Atención Primaria por 1.000 habitantes es el segundo por la cola, el número de enfermeros es el último por la cola... Es decir, la Comunidad de Madrid tiene un sistema de salud público que cuando recibe un pico de personas que necesitan atención a la salud, no es capaz de darle una respuesta satisfactoria. Imaginemos cuando llega la crisis sanitaria, se desborda por todos lados. Este es el escenario, pero después, sobre este escenario están las decisiones concretas: no hubo una buena coordinación, no hubo una buena gestión del gasto −y se está viendo ahora con el tema de las mascarillas−.

Estas decisiones o aristas fundamentales yo las resumo en tres: la primera es que, pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordena al Gobierno de la Comunidad medicalizar la residencias, el Ejecutivo no las medicaliza; aunque dice que lo hace, como afirmaron la presidenta y el consejero de Sanidad. No es verdad. Cuando uno conoce de cerca lo que ellos mismos llamaron la "operación bicho", de lo que se da cuenta es de que aquello fue un fiasco, fue algo berlanguiano, esperpéntico. Las residencias no tienen médico con carácter general, como mucho tienen las públicas, que son el 25%, y en ocasiones muy contadas, las privadas. Pero pensemos que, en el momento de la pandemia, a las pocas semanas, ya el 40% del personal estaba de baja. Por tanto, la primera decisión es no medicalizar los centros de mayores.

Uno puede decir: "bueno, no se medicalizaron porque les trasladaban a hospitales". Ahí está la segunda decisión, que es donde la gente ha centrado casi toda la mirada: el tema de los protocolos. Este asunto forma parte de una cadena de decisiones, no es una única decisión. La primera es la no medicalización, la segunda es la aprobación de cuatro protocolos firmados y, por lo tanto, válidos, eficaces, que sencillamente determinaban un triaje basado en criterios discriminatorios, en función de la edad, de la discapacidad, de la morbilidad, de la falta de movimiento... Una serie de casos que, en principio, debían dar lugar a un triaje clínico, caso por caso, pero que en la realidad se convirtieron en un triaje de grupo. Resumiendo, esto quiere decir que se cerraron por fuera las residencias, centros de viviendas personales, porque ese es el hogar de las personas mayores, se cerraron por fuera sin médicos dentro y con una pandemia haciendo estragos.

Esto fue lo que lo que sucedió. ¿Podía salir gente? Sí, salió alguna, muy poquita, a cuentagotas, por distintas razones. Algunos porque tenían contactos, pero lo más sangrante es que sobre todo salieron quienes tenían seguro privado. El hecho de tener un seguro privado fue en aquel momento un salvoconducto absolutamente discriminatorio. ¿Tenías seguro privado? Te abrían la puerta, venía una ambulancia y te llevaban a un hospital privado.

Después hubo otras decisiones que terminaron de cerrar el círculo. Una fue el Ifema, que se vende como un hospital milagro, pero en realidad es un hospital propaganda. Se publicitó como un centro con capacidad para 5.000 camas, pero tuvo un máximo de 1.300 en el momento de la ratio más alta. Ifema absorbió todo el personal sanitario de Atención Primaria, que es el que habitualmente da respuesta y atiende a la residencias en la Comunidad de Madrid. Es decir, se anuló la posibilidad de que médicos, médicas, enfermeros y enfermeras visitaran las residencias. Sencillamente, se cerraron.

Luego también está el tema de los hospitales privados. Hubo un momento que la Comunidad de Madrid dijo: hemos establecido un mando único y somos el algo así como la envidia o el asombro de Europa. En esta especie de decisión de gestión extraordinaria resulta que los hospitales privados no recibieron tampoco a estas personas teniendo camas libres; más de 1.000, como el presidente o responsable de los hospitales privados dijo en su comparecencia en la Asamblea de Madrid.

Es toda la suma. Se podrían decir algunas cosas más. Tampoco se utilizaron los hoteles medicalizados, el SAMUR, no se dejó acceder a organizaciones no gubernamentales como Médicos Sin Fronteras... Fue una suma de decisiones que dejó desprotegidas de una manera total a las personas mayores que vivían allí. Las consecuencias más devastadoras son la enorme cantidad de muertes que se produjeron en esta región, en comparación con el resto y con otras regiones de otros países (Madrid es el territorio donde más personas fallecieron).

¿Los mayores que fallecieron en esos centros se iban a morir igual, como dio a entender la presidenta de la Comunidad de Madrid?

Los propios datos de la Comunidad de Madrid confirman que el 65% de las personas que fueron trasladadas a hospitales desde las residencias se salvaron. Por lo tanto, esa afirmación sencillamente es falsa. No es así y lo dicen sus propios datos. La mayor parte de los datos con los que ha contado la Comisión son oficiales: unos porque estaban en el Portal de Transparencia y otros porque se han ido sacando por quejas, por recursos, y la Comunidad de Madrid ha tenido que ir dándolos.

No es cierto que las personas se hubieran muerto igual. Pero no sólo es eso en lo que se insiste: es que no solo se trata de morir o no morir, se trata de morir dignamente. Hay un derecho a la protección de la salud que reconoce que tienes derecho a morir atendido. La pregunta es: puesto que tal vez una serie de personas a lo mejor hubieran muerto igual, ¿por qué hubo quienes fueron trasladadas a los hospitales desde sus casas −o incluso desde algunas de las residencias−, pero otras no? Es una tragedia, evidentemente, pero si a la persona que falleció o a cualquier familiar le pudiéramos preguntar cómo prefería morir, todos sabemos que se prefiere morir en un hospital, con compañía, aunque sea de facultativos, con medicación para calmar el dolor, con respiradores en la medida que los haya. Es el tener esa opción.

Lo que ocurrió es que murieron absolutamente desatendidos. Lo terrible de la afirmación o de las sugerencias de la presidenta es que es muy chocante que en un sitio donde el valor de la libertad es tan importante, alguien te venga a decir, uno, cuándo te tienes que morir y, dos, cómo te tienes que morir. No, discúlpeme. Me moriré cuando me tenga que morir, no cuando me lo diga usted, y me moriré con mis derechos. El hecho de ser una persona mayor o en silla de ruedas o con determinadas enfermedades no puede determinar la forma de morir de nadie, no puede ser el criterio. De hecho, pensamos que es ilegal.

¿Qué le parece que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso siga diciendo que los protocolos eran solo un borrador? ¿Miente a sabiendas la presidenta?

No cabe otra conclusión. Cualquiera que haya trabajado en la Administración sabe que cuando hace un documento y lo firma, ese documento deja de ser un borrador. Nadie firma un borrador y, además, es normal que estén firmados, porque las no derivaciones fueron decididas. Habían sido decididas muy probablemente antes del 18 de marzo, que es la fecha en la que se firmó y se distribuyó el primer protocolo. Cuando ves los datos de no derivaciones, a partir del 6 o el 7 de marzo caen en picado. Es decir, había una orden verbal. No tenemos una prueba de un papel que lo diga entonces, pero sí que vemos los datos: las derivaciones se redujeron a la mitad.

No se deja de derivar a la gente de una manera automática, sino poco a poco. ¿Por qué? Porque lo que tienen es miedo del desbordamiento en la sanidad pública, que efectivamente ocurrió. La forma en la que se les trató enlaza con la idea de que las personas mayores y con discapacidad son personas de segunda en nuestra sociedad; y, si tiene que morir alguien, tienen que ser ellos. Pero, claro, eso es inconstitucional. Eso va contra los derechos humanos y, desde luego, no, no es asumible de ninguna manera.

¿Qué importancia tienen la transparencia y la verdad en situaciones como la que se vivió en las residencias de Madrid durante la pandemia? ¿Cómo cree que puede ayudar este informe a esclarecer los hechos y a proporcionar justicia a las víctimas?

Nunca se hubiera constituido de no haber sido por las familias, estoy absolutamente convencido. El problema está en que, desde el principio, lo que ha habido es un comportamiento absolutamente contrario a la transparencia, lo que ha habido es opacidad y un interés en tratar de enterrar el tema cuanto antes y pasar otra cosa, y que se olvide. Lo que pasa es que los familiares han estado ahí pidiendo explicaciones. Hubo una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, pero rápidamente se cerró con los votos del PP y Vox. Después, por otra parte, lo que los familiares han visto es que la protección judicial se les ha negado también.

El sistema judicial, sobre todo en la figura del Ministerio Fiscal, no ha cumplido con su trabajo. A los familiares no les han llamado a declarar. Han llamado muchas veces a las trabajadoras de las residencias y, evidentemente, esas personas eran parte del problema, parte del conflicto. Si tú solo le pides la información a una de las partes, pues todo estaba bien, se hizo lo que se pudo, no hubo ninguna actuación ilícita. Pero es que ni siquiera se han pedido los protocolos. No se ha hecho una relación de causalidad entre las no derivaciones y las muertes o entre las no derivaciones y la ausencia de protección del derecho a la salud.

Es verdad que es muy difícil saber si te mueres o no te mueres por los protocolos. Hay gente que se fue derivada que murió, pero lo que sí se puede saber es que la no derivación impidió su ejercicio del derecho a la protección de la salud, y eso sí que es fácilmente vinculable. Esa falta de transparencia y de capacidad de buscar la verdad es la que ha llevado a la creación de la Comisión de la Verdad. Este informe trata de la verdad, por mucho que ahora traten de decir que los miembros del Consejo somos todos una pandilla de rojos.

Nadie dice que no pueda tener algún error, porque además todo está hecho a pulso, aquí nadie ha pagado a nadie de la Comisión, está hecho en nuestro tiempo libre, con mucho trabajo. Si hay algún error, nada más hay que señalarlo, se discute, se corrige y se dice en voz alta. Pero el documento es muy sólido, precisamente con el fin que tú comentas; y es lo que nos gustaría: que la Fiscalía repensara su manera de verlo y que también mucha gente se diera cuenta de que, en una sociedad decente, es intolerable que un Gobierno (sea del color que sea) tome estas decisiones con unas consecuencias muy terribles. O, lo que es peor: que no dé explicaciones, no pida perdón y que no asuma responsabilidades políticas. La responsabilidad política muchas veces es, sencillamente, decir: "Oiga, nos equivocamos".

¿Cree que el contenido del informe y sus conclusiones son suficientes como para exigir una investigación judicial de lo ocurrido?

Con el contenido y con las conclusiones hay razones suficientes como para que se abra una investigación judicial. Muy poquito a poco se han ido haciendo algunas pequeñas cosas en los últimos cuatro años, como cuando se dio una instrucción interna para que, en aquellas causas en las que los familiares lo hubieran pedido, se les atendiera, se les llamara a declarar; pero entonces las diligencias estaban en su mayoría archivadas. Tiempo más tarde también se pidió que el Ministerio Fiscal asistiera a los juicios, porque muchas veces ni siquiera iba. Una de las cosas más curiosas que nos dijo Alberto Reyero, el exconsejero de Servicios Sociales, que en ese momento era el responsable de las residencias, un testigo de primer nivel, es que no fueron a escucharle. Esto ya dice suficiente.

Nosotros hemos insistido. Hay un capítulo dedicado a lo que llamamos el derecho a la verdad que hace un repaso de la Memoria de la Fiscalía, donde identificamos una cantidad de errores de valoración escandalosa. Nosotros no tenemos nada contra la fiscal Almudena Lastra, sencillamente vemos los hechos que hemos recogido a lo largo de meses de trabajo y detectamos que muchas de las cosas que se dicen ahí no se corresponden en absoluto con la realidad.

La Fiscalía dice, por ejemplo, que las bajas de los trabajadores se fueron solventando, pero sabemos que no fue así. Uno, porque las absorbía Ifema y, dos, porque muchos decidieron irse a los hospitales debido a la precariedad que había en los centros de mayores porque les pagaban más. Así son los datos. También se da por hecho que había asistencia, cuando todo el mundo sabe que eso no es verdad. Entonces, bueno, a lo mejor releyéndolo la Fiscalía adopta alguna otra medida. No lo sabemos, pero sí nos gustaría, claro.

El informe también destaca la necesidad de un cambio en el modelo de cuidados y en la política pública contra el edadismo. ¿Podría explicar algunas de las medidas específicas que considera necesarias para lograr este cambio?

Se debería empezar a asumir que existe el edadismo. De igual manera que existe el racismo, la violencia de género o el machismo, existe una discriminación hacia las personas mayores, que es y que está todavía más atrasada que las anteriores. Contra el racismo o el machismo hemos conseguido que ya haya una lucha constante, ya lo identificamos. En cambio, no se identifican todavía el capacitismo o el edadismo. No se ha profundizado.

Sigue ocurriendo que una persona en silla de ruedas no puede salir sencillamente porque no hay rampa en las aceras. Las ciudades mismas están construidas en contra de las personas con discapacidad de movilidad. Hay que empezar por eso, hacer las cosas accesibles a todos los niveles. Hay que hacer que las casas no tengan solo escaleras, sino que tengan rampas, ascensores. Pero para que lleguen ese tipo de cosas primero tiene que haber un proceso de visibilización y sensibilización.

Luego, hay que revisar el trato a los mayores en muchos niveles, no solo en derechos sociales o servicios: desde la libertad de acceso a la Justicia o la participación ciudadana al derecho a su intimidad. Ocurre que cuando una persona entra a una residencia, aunque se pueda valer por sí misma, si no tiene dinero suficiente, tiene que compartir habitación. Salvo que esa persona quiera vivir con alguien, a nadie le deberían obligar. Se puede ver esta discriminación también en el tema de la brecha digital, el acceso a los bancos…

Hay mil cosas. Se les va orillando, se les va poniendo en la cuneta solo por el hecho de ser mayores. Hay que empezar a trabajar para tratar de remediarlo. En la medida de lo posible, tienen que vivir sus últimos años de vida como desean, sea en un centro residencial o en su casa.

Tenemos que hacernos una pregunta como sociedad y es qué tipo de trato queremos dar a las personas mayores, si decidimos que las dejamos de lado o las tratamos de una manera indigna, sobre todo a las que no tienen dinero. Si tienes 4.000 euros al mes, tú puedes ir una residencia privada donde te pueden cuidar razonablemente bien, pero si no, no. Está restringido para una minoría muy minoritaria.

El cambio de modelo de cuidados tiene que ir en esa dirección, que seamos conscientes de que tiene que cambiar el modelo completo, que se tiene que desmarcar del mundo empresarial. El mercado, la empresa, busca un beneficio y cuanto más beneficio, mejor. Eso supone una precariedad más alta, unas comidas peores y tiene un impacto en la vida de las personas.

¿Cree que los miembros del Gobierno de Madrid, incluida la presidenta, han leído el informe?

En principio, algo que ha tenido un cierto impacto mediático debería dar lugar a que el gabinete de la de la presidenta, por una parte, y el gabinete del consejero de Salud y el de Servicios Sociales, por otra, al menos lo leyeran y tuvieran una reunión en la que se decidiera qué hay que hacer, a partir de las conclusiones y recomendaciones que recoge el informe. 

Aunque yo la verdad es que soy escéptico. Soy escéptico en el hecho, no tanto de que supongo que la gente del gabinete cumplirá con su trabajo y se lo leerá, pero me da la sensación de que están en una espiral absolutamente comunicativa y no tanto de resolver problemas. El informe tiene un objetivo, que es sacar a la luz la verdad, por eso se llama la Comisión por la Verdad. Esa preposición es importante porque nosotros no decimos "esto es la verdad", lo que decimos es que se debería buscar la verdad y aquí exponemos lo que nosotros hemos sido capaces de encontrar.

El objetivo es que se sepa lo que sucedió y después que se haga todo lo posible para que esto no vuelva a suceder. Llama la atención que en las comparecencias, después de todo, las trabajadoras dicen que nada o cambiado y que en todo caso se ha ido a peor en estos cuatro años.