La Fiscalía se persona contra Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea por prácticas abusivas
El Ministerio Público de la Audiencia Nacional sale en defensa de los consumidores y usuarios en los procedimientos judiciales por las sanciones impuestas a las compañías aéreas por el ministerio de Consumo.
Madrid--Actualizado a
La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) se ha personado en defensa de los consumidores y usuarios en los procedimientos judiciales contencioso administrativos seguidos con motivo de las sanciones impuestas, por parte del Ministerio de Consumo que dirige Pablo Bustinduy, a las compañías aéreas Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea por presuntas prácticas abusivas.
A través de una nota de prensa, recogida por Europa Press, el Ministerio Público ha explicado que esas prácticas consistían en, por ejemplo, exigir el pago de un suplemento por el transporte de equipaje de mano en cabina.
El Ministerio Fiscal ha detallado que, además, se exige el pago de un sobrecoste sobre el precio del billete por la reserva de asientos contiguos en el caso de menores y personas dependientes y de sus acompañantes.
La Fiscalía también apunta como práctica abusiva el hecho de que no se permita el pago en metálico en los aeropuertos españoles, y que se imponga "una tasa desproporcionada y abusiva a los pasajeros por la impresión de la tarjeta de embarque".
Además, la nota de prensa pone el foco en las "omisiones engañosas de información y falta de claridad en los precios publicados tanto en su propia web como de terceros, dificultando la comparabilidad de ofertas de precios a las personas consumidoras y la toma de decisión por estas".
Por último, la Fiscalía recuerda que las sanciones impuestas por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 fueron impugnadas por las compañías aéreas ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.
La cartera dirigida por Pablo Bustinduy ha valorado "positivamente" la decisión de la Fiscalía y ha reiterado "la determinación de defender los derechos de las personas consumidoras hasta el final, ante cualquier institución e instancia", según han señalado fuentes de Consumo a Público.
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"Nuestro objetivo es que ningún ciudadano en España ni en Europa tenga que volver a pagar por lo que la ley dice que es un derecho. Nuestra actuación también es en defensa de las empresas que cumplen la legislación", ha indicado el Ministerio.
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