"No solo hay que serlo, sino parecerlo", una frase que, dicen, tiene su origen en el Imperio Romano. Durante las negociaciones para formar el Ejecutivo, PSOE y Unidas Podemos pactaron la formación del Ministerio de Universidades, una cartera novel extraída del Ministerio de Ciencia que ha tenido que afrontar, al menos de cara a la opinión pública, un reto sensible: convencer de que su existencia es útil. De poco sirve que haya renovado normas congeladas desde el franquismo; la derecha ha sido implacable con este Ministerio.

Castells cogió las riendas y se convirtió en uno de los puntos de mira de la derecha y víctima favorita de las bromas en redes sociales. No ayudaron sus declaraciones, en las que minimizaba la importancia del Ministerio de Universidades. Dos años después, con una pandemia y su dimisión por cuestiones de salud, Joan Subirats tomó el testigo para el resto de la legislatura con la pretensión de completar y cristalizar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), una ley de universidades que actualizara la norma vigente, aprobada hace más de 20 años. 

La complejidad de la LOSU cubre todos los flancos: la autonomía universitaria limita el margen de actuación, así como las propias competencias del Ministerio, que necesita de la coordinación con otras carteras. Aun así, como ya hiciera Castells y continuara Subirats, esta ley orgánica viene a combatir los dos males endémicos que afronta España en prácticamente todos los campos: la precariedad y el envejecimiento de las plantillas, que impide el relevo natural y el acceso de los jóvenes a empleos bien remunerados. 

Tramitada como borrador y pendiente de llevar al Consejo de Ministros para su posterior aprobación en el Congreso de los Diputados, esta ley incorpora elementos que traerán debate y tendrán que cosechar apoyos, como es el caso de la financiación pública. El primer borrador de Castells no estipulaba el cómo se financiaría la universidad pública con la LOSU y lo dejaba en manos de la LOMLOE. Subirats ha ido más lejos y ha estimado que el presupuesto necesario es del 1% del PIB, que tendrá que salir del pacto de Estado que el Ministerio de Educación establezca con las comunidades autónomas. 

Además de los aspectos técnicos, la LOSU pretende introducir a las universidades en un lenguaje y materias de género adaptados al siglo XXI. Destaca el artículo 66, "Promoción de la equidad entre el personal docente e investigador", donde se recoge como posibilidad "la acción positiva" en los concursos de acceso a plazas de personal docente e investigador funcionario y laboral para favorecer el acceso de las mujeres. Según un estudio realizado por el propio Ministerio, la brecha salarial entre hombres y mujeres en la universidad pública es del 10,9%.

Además, "las universidades deberán contar con los planes que garanticen la igualdad de género en todas sus actividades, medidas para la corrección de la brecha salarial entre mujeres y hombres, condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad, y medidas de prevención y respuesta frente a la violencia, la discriminación o el acoso", apunta la nueva ley.

Con el fin de combatir la renovación profunda a la que se ha sometido a la Formación Profesional, una de las grandes apuestas del Ministerio de Educación, desde Universidades también se implantará un sistema que permita la formación académica para personas adultas y romper así con la idea de que los campus son espacios reservados para gente joven. La formación contínua es una realidad del s.XXI y Subirats se sumerge de lleno en el asunto con los llamados "microcredenciales". 

"La formación a lo largo de la vida podrá desarrollarse mediante distintas
modalidades de enseñanza, incluidas microcredenciales, microgrados u otros
programas de corta duración", dice el borrador de la LOSU, que no profundiza para que las universidades puedan desarrollar este apartado como consideren. 

Tampoco profundiza en los requisitos para ser rector de una universidad, algo que sí plasmaba el borrador de Castells. Con el fin de que cada centro ponga sus requisitos, deja en el aire los logros mínimos necesarios para postularse al cargo. 

La ley pretende poner fin a cuestiones estructurales y dañinas como la temporalidad del profesorado, y limitar el profesorado con contrato laboral temporal al 20% es una de las grandes banderas de esta ley, además de haber ofrecido algunos guiños al estudiantado como el reconocimiento de la huelga estudiantil (denominado en la ley como "paro académico") o haber reforzado su presencia en órganos de decisión de las universidades. Esta LOSU quiere demostrar que el Ministerio de Universidades ha sumado durante la legislatura, mucho más complicada de lo que nadie podría haber estimado al comienzo.