El Consejo Nacional de la Discapacidad, órgano del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, recibió desde que comenzó el estado de alarma hasta el pasado 8 de junio 52 quejas y tres consultas de personas que consideraron discriminados sus derechos en diferentes ámbitos, el 58% de las cuales eran residentes en la Comunidad de Madrid.

Dos de las quejas, aún pendientes de resolución, son de familiares de enfermos de covid-19 a quienes se desestimó, supuestamente por su discapacidad, su ingreso en la UCI, uno en un hospital madrileño y otro en uno de Catalunya.

La Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS), dependiente del Consejo Nacional, atiende consultas, quejas y denuncias de personas con discapacidad o de asociaciones e instituciones relacionadas con ellas, que consideren haber sido objeto de discriminación por haberse incumplido las obligaciones de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

Este órgano gubernamental entiende como queja o denuncia un hecho que pueda constituir una vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de estas personas. Tras su estudio, y si comprueba que se ha cometido un incumplimiento, propone a las entidades involucradas recomendaciones para erradicarla y hace un seguimiento del caso.

Desde el pasado 14 de marzo, la OADIS ha recibido 55 peticiones de intervención por falta de accesibilidad en servicios públicos y privados, problemas con los permisos de aparcamiento durante el estado de alarma, dificultades de comprensión y acceso a la aplicación oficial Covid-19, vulneración del derecho a la educación durante el confinamiento, para evitar sanciones a personas con discapacidad intelectual que realizaban salidas terapéuticas, por cambios en las líneas de transporte y otros temas relacionados con supuestas discriminaciones de los derechos de un colectivo que en España forman unas 4 millones de personas, en torno al 9% de la población de este país.

Según los datos facilitados a Público por el Ministerio de Derechos Sociales, el 58% de las quejas proceden de la Comunidad de Madrid, que suma 32 (dos de ellas extensivas a todas las comunidades autónomas), a la que siguen muy de lejos Castilla-La Mancha, con 4, las mismas que Andalucía, luego Murcia, con 3, y Extremadura, Catalunya, Comunidad Valenciana y Castilla y León, con 2 cada una.

La preponderancia de la Comunidad de Madrid en este cómputo de quejas de la OADIS no es nueva, sin embargo, ya que en años anteriores también destacaba muy por encima del resto de territorios, de acuerdo con las tablas que figuran en la web de este organismo.

Dos de las quejas hacen referencia a uno de los asuntos más controvertidos durante la pandemia: los protocolos de triaje establecidos para determinar qué enfermos de covid-19 podían ingresar en las colapsadas Unidades de Cuidados Intensivos, un tema que ha sido especialmente polémico en la Comunidad de Madrid, donde la oposición ha exigido una investigación sobre las directrices que dio al respecto la Consejería de Sanidad a los hospitales tras conocerse que se habían llegado a emitir órdenes para que personas con discapacidad y mayores con dependencia fueran excluidas incluso de una hospitalización. Ambas quejas se encuentran aún en estudio, según la OADIS, y pendientes de los informes de las administraciones intervinientes en cada caso.

La primera de ellas, que son dos en realidad, una presentada por la familia de la afectada y otra por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI de Madrid, se refiere al caso de una mujer de 56 años con discapacidad intelectual a la que a finales del pasado mes de marzo presuntamente se le denegó el acceso a la UCI del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares cuando sufría una neumonía avanzada a causa del coronavirus, según denunció públicamente su hermana y tutora legal. La OADIS, según fuentes del Ministerio, ha solicitado al hospital por dos veces un informe sobre este asunto y una vez a la Consejería de Sanidad, pero todavía no ha recibido respuesta de ninguno, por lo que mantiene abierto el expediente.

La segunda queja se refiere al caso de un hombre joven con síndrome de Down al que, según su familia, se le excluyó también a finales de marzo de la posibilidad de entrar en la UCI de un hospital de Catalunya, donde estaba ingresado gravemente afectado por la covid-19, aunque posteriormente mejoró su estado y pudo ser dado de alta. La familia destaca en su queja, además, que este paciente se desenvuelve con autonomía y únicamente padecía asma. Este expediente sigue también aún abierto en la Oficina de Atención a la Discapacidad, a la espera de la información solicitada.

Este tipo de casos son los que llevaron a CERMI Madrid a emitir un rotundo comunicado el 1 de abril, en el que exigía “una postura clara y contundente a favor del derecho a la vida de las personas con discapacidad”. En la nota se informaba de la carta dirigida al consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero, en la que el Comité representante de todo el sector reclamaba “un protocolo claro y sin equívocos” a fin de salvaguardar la vida e integridad de todas las personas con discapacidad, con independencia de donde residan, en un centro o en una vivienda particular.

“Toda la actuación de profesionales sanitarios, en cualquier situación, debe estar presidida por los mandatos imperativos de los derechos humanos y no discriminación; actuar sin prejuicios o sesgos que puedan castigar a quien se considera “diferente” y de “menor valor social”, cuya vida es sacrificable por ser menos prioritaria”, subrayaba CERMI en ese comunicado.

La nueva normalidad de la discapacidad

A punto de terminar el estado de alarma, pasadas las semanas más duras de la pandemia, las organizaciones de la discapacidad hacen balance y se preparan para la llamada nueva normalidad, que, avisan, va a requerir inversiones millonarias en sus centros para afrontar todas las medidas de seguridad necesarias.

Plena Inclusión, que gestiona más del 70% de los centros residenciales de discapacidad intelectual de toda España, donde viven 17.000 personas y trabajan unos 5.000 empleados, ha tenido cerca de 200 fallecidos de covid-19 y más de 5.000 contagiados. “Esto ha sido un drama”, se lamenta su director nacional, Enrique Galván, quien a mediados de abril denunció que habían gastado ya más de un millón de euros en equipos de protección que las comunidades autónomas no les habían facilitado, pese a tener concertadas las plazas de esas residencias.

Galván advierte ahora de que sus centros van a necesitar “cientos de millones de euros más” para hacer frente a los gastos de refuerzo de personal, adecuación de espacios y transportes, y dotación equipos de protección que requiere la nueva normalidad de la que es la mayor red asistencial del país después de la de las personas mayores. “Hemos calculado –dice- un aumento del 30% del coste de cada plaza en los centros. Esto requiere una reconversión del sector".

Ese notable incremento del gasto es el que se ha empezado a discutir en las comisiones de reconstrucción que están constituyendo las comunidades autónomas, las administraciones que tienen las competencias en servicios sociales y, por tanto, las que financian estos centros de discapacidad. Sin embargo, el director de Plena Inclusión critica que haya desaparecido la partida de mil millones de euros para servicios sociales prevista inicialmente en los fondos no reembolsables que, por valor de 16.000 millones, el Gobierno central ha concedido a las comunidades autónomas para sufragar los gastos causados por la pandemia.

En CERMI también están haciendo evaluación de lo sucedido y análisis de lo que está por llegar. Su presidente en la Comunidad de Madrid, Oscar Moral, que también es asesor jurídico de la organización estatal, considera esencial mantener los derechos ya adquiridos, o sea, no sufrir retrocesos en una época de crisis económica, y garantizar la seguridad en todos los servicios que se prestan a las personas con discapacidad, porque “la preocupación sigue”, subraya, aunque haya decrecido el impacto de la pandemia.

En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, a juicio de Oscar Moral resulta fundamental aprobar una nueva ley de servicios sociales y una regulación de los espacios sociosanitarios que determine claramente qué se debe hacer en estos centros, con qué medios deben contar, cuáles son sus hospitales de referencia y cuándo hay que medicalizarlos, para evitar que se repitan los graves problemas que han debido afrontar las residencias de discapacidad en esta pandemia. “Ante todo, hay que garantizar la salud de los residentes. Eso es una prioridad y deben acometerse cuanto antes los pasos normativos necesarios”, señala.

Y no sólo cambio de leyes. El sector también ve necesario un cambio del modelo de los centros residenciales. El responsable de Plena Inclusión cree que la pandemia ha evidenciado una “crisis del actual modelo asistencial”, basado en centros de grandes dimensiones con zonas comunes de gran tamaño, que han facilitado la propagación del coronavirus. Frente a eso, esta organización aboga por un “proceso de desinstitucionalización” de las personas con discapacidad, más integradas en las comunidades de su entorno y atendidas en centros más pequeños.

No obstante, Enrique Galván hace un balance muy satisfactorio del funcionamiento de los centros durante las peores semanas de la pandemia: “El sector –señala- ha demostrado una fortaleza muy importante”, una fortaleza de la que destaca la gran implicación y profesionalidad que han demostrado sus trabajadores. Pero insiste en que el sector de la discapacidad debe seguir luchando para ganar visibilidad y pasar a la primera fila de la agenda pública.