'Nomadland', edición Balears: cuando la precariedad te lleva a vivir en una caravana pero al PP le molesta

Cuando Javier y Enrique atienden a Público vuelven de un Pleno en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca. No son concejales ni trabajan en el Consistorio, pero desde hace algún tiempo han emprendido una batalla que los obliga a pisar moqueta. Esta misma semana caminaron, también, sobre la del Congreso de los Diputados, donde se reunieron con representantes de Podemos y Més per Mallorca para tratar sus casos. "No descartamos ir incluso a Bruselas, si es necesario", desliza Javier.

La vuelta a casa desde el Ayuntamiento de la capital balear no es exactamente eso. No es una vuelta a casa. Javier González es pensionista, está bien entrado en la sesentena y vive en el asentamiento caravanista de Son Güells. Era camionero, pero hace cuatro años un ictus terminó de forma abrupta con su andadura profesional y le dejó un 57% de discapacidad. Los altísimos precios de la vivienda en una región entregada al turismo masivo y desenfrenado ponen a los vecinos con un pie en la calle. Les arrebatan la posibilidad de vivir en un hogar. "Con mi sueldo no me llega ni para una habitación".

Tienen el convencimiento de que la estrategia urbanística del Partido Popular en las islas consiste en entregar el territorio a la gente guapa, los yates, los complejos turísticos de lujo y los restaurantes caros. La ley de vivienda no se aplica y los precios escalan hasta colocar Palma entre las ciudades españolas más caras para vivir. Y no sólo por lo que cuesta el ladrillo. Vivir es caro en general porque, en la mayoría de los establecimientos, el precio se ha adaptado al bolsillo de los turistas.

Por eso, muchos ciudadanos que jamás se habían imaginado desprovistos de un hogar con paredes y techo han terminado en asentamientos caravanistas, que ahora, para más inri, el Ayuntamiento de Palma quiere desmantelar a través de multas que oscilan entre los 700 y los 1.500 euros. Un estudio de la Universidad de les Illes Balears especifica que el 71% de los residentes en esas autocaravanas son trabajadores y cobran, de media, entre 1.000 y 1.500 euros. La isla expulsa a los mileuristas. 

Enrique Cobos tiene 35 años. Él vive en otro asentamiento, el de Son Hugo. En la actualidad, trabaja en el sector de la hostelería y, si no hay contratiempos, empezará la temporada en el mes de mayo. Tuvo que abandonar su hogar hace dos años y explica cómo, desde el preciso momento en el que se vio en la calle, su máxima preocupación fue encontrar un sitio fijo en el que vivir. "Si estás en la calle no puedes tener un trabajo porque estás constantemente preocupado por miles de cosas".

Primero, pasó dos meses en la caravana de su hermano y, después, encontró una para instalarse él. Su voluntad, como la de todos los que viven en una caravana —o un coche— por obligación, es recuperar una vida normal, pero hasta entonces reivindican su derecho a pernoctar en los vehículos. Por eso luchan para que la nueva ordenanza que está promoviendo el Consistorio de Palma —con la que se les podrá multar— no llegue a aprobarse. Si eso ocurre, irán a los tribunales con el acompañamiento de formaciones como Podemos o Més, que ya han llevado iniciativas al Congreso para que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se pronuncie y se implique.

Begoña también vive en Son Hugo, tiene 61 años y lleva dos durmiendo en un New Beetle; "un escarabajo, pero moderno". Este campamento acoge a medio centenar de vehículos, furgonetas y autocaravanas; familias, en definitiva, que no pueden pagar una habitación ni un alquiler en la isla. Begoña perdió su casa el 18 de octubre de 2022. "No podía pagar el alquiler y me desahuciaron. Empecé a dormir en el coche, me duchaba en casa de alguna amiga, pero al final me vine al campamento porque necesitaba sentirme medianamente protegida", reconoce en una conversación con Público.

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En cuanto a la ordenanza que está preparando el Ayuntamiento, asegura que les "criminaliza". Es un texto que refuerza los estigmas. "Nosotros no acampamos, vivimos aquí. No generamos basura, ni hacemos ruido por las noches. Eso lo hacen los turistas y tienen barra libre —legalmente— para todo", insiste.

Las semanas posteriores al desahucio fueron "angustiosas". Begoña recuerda que estuvo "dando tumbos" por la isla mientras buscaba piso. "El precio de un estudio con habitación, baño y balcón superaba los 1.000 euros. Eso sin sumar la cesta de la compra o las facturas", desliza. La vecina lleva en Palma desde los siete años y le quedan "cinco o seis" para la jubilación. El escenario es complicado, pero espera poder retirarse en un piso y "dejar más pronto que tarde" el New Beetle. "Esa es mi idea, me gusta ser optimista", añade, entre risas.

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Las caravanas se extienden por el archipiélago

La precariedad no sólo invade Mallorca. Ibiza creció al calor del mito hippie. La familia Matutes controló la isla durante el último medio siglo y se hizo con buena parte de las discotecas y los hoteles en primera línea de playa. La isla pronto se convirtió en una máquina de hacer dinero a golpe de ladrillo, un paraíso para las élites, una meca para el turismo de lujo. Ibiza y Formentera recibieron el año pasado casi 3,7 millones de turistas, según datos del Instituto de Estadística de Balears. La población permanente de las dos islas roza los 172.000 habitantes. Esto quiere decir que hubo una media de 21 turistas por cada residente. ¿Las consecuencias? Los vecinos y las clases trabajadoras no tienen donde vivir. 

"Los propietarios le sacan más partido al alquiler de temporada y al de habitaciones. Esto nos deja en una situación de desamparo absoluto. Las inquilinas tenemos que vivir de seis meses en seis meses y esto precariza –más si cabe– nuestras vidas. Llega un punto en el que nos vemos abocadas a marchar de la isla o vivir en la calle", denuncian desde el Sindicat de Llogateres de Ibiza y Formentera. Los datos son todavía más llamativos si tenemos en cuenta la fotografía completa: dos de cada diez casas están vacías y el porcentaje de segundas residencias en todo el archipiélago asciende hasta el 30%.

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Cristina ha vivido en primera persona la transformación de la isla. "Llevo aquí más de dos décadas; primero venía en temporada, cuando había más trabajo, poco a poco me fui asentando y decidí quedarme todo el año. El problema es que cada vez me resultaba más difícil encontrar piso", recuerda. El primer apartamento lo alquiló por 600 euros; los últimos, "por 800 y con contratos de temporada". 

La presión inmobiliaria la llevó a comprar una autocaravana hace seis años. "Las condiciones no son las mismas que en una casa normal. No tenemos áreas habilitadas, tenemos que cocinar dentro del vehículo, pasamos frío en invierno y calor en verano. Y por si fuera poco, nos discriminan, me han llegado a tirar piedras contra la furgoneta, como si molestara", continúa.

Chiara tiene una situación parecida; vive en una autocaravana con su hija de cuatro años. "Llevamos un año buscando piso, incluso habitación. Lo único que encontramos fue un sótano por 2.500 euros. Lo alquilaban por temporadas y me rechazaron porque no querían niños", denuncia. Los cámpings tampoco aceptan –por lo general– solicitudes de larga estancia. "El único que me daba esa posibilidad, me pedía 13.000 euros por seis meses y tenía que pagarlos de golpe", insiste. Chiara perdió su trabajo durante la pandemia y decidió montar su propio negocio. Si no fuera por el dinero invertido, ya hubiera abandonado la isla.

El Consell de Ibiza está dispuesto a seguir los pasos de Palma y ha acodado con los ayuntamientos imponer multas de hasta 30.000 euros a las autocaravanas que no cuenten con una reserva y estén aparcadas en suelo rústico. "Es el colmo, ¿quieren que trabajemos para pagar multas?", reivindica, de nuevo, Chiara. 

Los campamentos de autocaravanas, en datos

La Universidad de les Illes Balears ha publicado recientemente los resultados de un censo pionero en todo el país, una investigación sobre los campamentos de autocaravanas que pone el foco en el Ayuntamiento de Palma, pero espera "recibir financiación" para extender la muestra a todo el archipiélago. "El trabajo de campo lo hizimos en verano, para tener una cifra lo más representativa posible. Palma tiene cinco grandes asentamientos en los que viven sobre todo personas que han sido excluidas del mercado del alquiler, pero no de la sociedad", explica a Público Jesús M. González, catedrático de Geografía y director del estudio. 

La capital balear tenía hace unos meses 150 autocaravanas estacionadas en alguno de estos campamentos, 80 de ellas residenciales. Esta cifra contradice la que ha dado el alcalde de Palma, Jaime Martínez. El popular cifró este mes de febrero en 5.000 el número de vehículos. La universidad sólo ha censado las furgonetas y autocaravanas de los asentamientos, porque "las que aparcan en la calle representan un porcentaje residual". El 93% de los encuestados confirmó haber buscado otras alternativas antes de acabar pernoctando sobre cuatro ruedas y tres de cada cuatro abandonarían los vehículos si encontraran un alquiler decente. La mayoría, además, son trabajadores de origen extranjero. 

Movimientos políticos

En estos momentos, la ordenanza municipal de Palma de Mallorca que comportará multas para los caravanistas se encuentra en la fase de la aprobación inicial, pero todavía no ha entrado en vigor. "Si no podemos vivir en una casa porque no tenemos dinero y tampoco en una caravana, el siguiente paso es ir debajo de un puente", insisten los afectados. Por el momento, albergan la esperanza de que los movimientos tanto políticos como sociales surtan efecto. 

En el Congreso, además de la comparecencia de la ministra de Vivienda solicitada por Podemos y Més per Mallorca, los morados han registrado una proposición no de ley y una batería de preguntas al Gobierno para agitar el avispero.

Es relevante para las figuras políticas que llevaron dichas iniciativas a la Cámara Baja —Lucía Muñoz, concejala de Podemos en Palma, y Vicenç Vidal, diputado en la Cámara Baja— y para los afectados que se conozca su realidad más allá de las islas. "Es algo [la expulsión paulatina de las personas pobres de las ciudades] a lo que si no le ponemos remedio, puede extenderse rápidamente a otros lugares", desliza Javier González.

Los datos disponibles suscriben esta afirmación y dibujan un escenario complicado, tanto en Balears como en las zonas tensionadas de todo el país. "Las islas son un laboratorio turístico y suelen ir por delante de las grandes ciudades. El fenómeno de las autocaravanas no es nuevo, pero ha venido para quedarse y expandirse", vaticina Jesús M. González. 

Frances McDormand interpreta en la oscarizada Nomadland a una trabajadora que recorre en su autocaravana las zonas más desérticas de EEUU después de perderlo todo, golpeada por la recesión económica. En el camino, encuentra a otras familias que llevan su mismo modo de vida, duermen en campamentos, apartadas de la sociedad convencional. La especulación, la "criminalización" y el turismo de masas están cerca de convertir la ficción en realidad: Nomadland, edición Balears.