El litoral de Cádiz es el punto de llegada de una de las rutas migratorias más transitadas del mundo y la segunda en número de muertos. El año pasado llegaron a sus costas más de 20.000 migrantes, casi el triple que en 2017, huyendo del hambre, la miseria y también la guerra, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En ese contexto trabaja el Obispado que dirige Rafael Zornoza Boy, fuertemente criticado por sus modos "neoliberales" y bajo cuyo mandato ha sido cerrada la casa de acogida La Esperanza que auxiliaba en la parroquia del barrio de los Pescadores de Algeciras a personas que acababan de jugarse la vida cruzando el Estrecho en una patera.

La historia no es reciente, pero ha cobrado actualidad tras los procedimientos judiciales en los que se ha visto inmerso en las últimas semanas el Obispado de Cádiz y Ceuta, con la sentencia de un juzgado de lo Social que ha declarado nulo por "represalia empresarial" el despido de una de sus empleadas y el caso de un matrimonio de 70 años que ha demandado a la Diócesis por desahucio y despido improcedente, juicio que se ve hoy en otro juzgado gaditano.

Quienes trabajan para el Obispado no han sido los únicos afectados por la gestión de monseñor Zornoza Boy, durante la cual, según diversas fuentes, se ha acumulado una veintena de despidos. También lo han sido las personas migrantes que encontraban en la parroquia de Los Pescadores de Algeciras un cobijo tras una dura, a veces infernal, travesía. El párroco era Andrés Avelino, un cura obrero, como a él le gusta definirse, que estuvo 40 años al frente de la iglesia en uno de esos barrios a los que se denomina humildes y que se enteró un día por la prensa, como le sucede a algunos políticos, de que el obispo le había cesado.

Imagen de la entrevista a Monseñor Rafael Zornoza Boy tras la marcha de las Madres Capuchinas de San Fernando. Youtube

De ese shock, del que hace ya casi tres años, aún no se ha repuesto Andrés Avelino, a quien le encantaba irse de pesca con la gente de su barrio y hasta oficiar la misa en el mismo barco durante la faena. Fueron los vecinos los que le dijeron que habían leído en el periódico local que ya no seguía de párroco; desde el Obispado, asegura él, no le habían comunicado nada. "Hablé luego con el obispo, pero no lo entendí. Y la gente del barrio tampoco lo entendió", se lamenta este clérigo ya retirado en Sevilla.

Ya era mayor, había doblado el cabo de los 70 años, pero se sentía aún con ganas y fuerzas de ejercer. "Me han destrozado lo que ha sido mi vocación de ser un cura de la gente obrera", dice este sacerdote que se jacta de no haberse puesto nunca la sotana para dar la misa porque así se sentía más cerca de la gente.

Pero él no fue el único apartado de la parroquia. Casi a la par que su destitución se produjo el cierre de la Casa de Acogida la Esperanza, donde el párroco Andrés Avelino auxiliaba las personas migrantes y transeúntes sin hogar con una capacidad de hasta 40 plazas. El Ayuntamiento de Algeciras llevó a cabo entre 2015 y 2016 las obras para rehabilitar el edificio, que se encontraba en malas condiciones, pero no consiguió finalmente que se abriera de nuevo el centro de acogida tras una larga e infructuosa negociación con el Obispado, con el que había firmado previamente un convenio. Entonces, el Consistorio explicó que la Diócesis le había pedido la licencia de primera ocupación de todo el edificio y que eso no podía hacerlo, porque sólo certifica la obra realizada, no el resto. El Obispado, sin embargo, sigue negándose a hacer declaraciones sobre todos estos polémicos asuntos.

La Casa de la Esperanza cerró y al poco fue la Fundación Cruz Blanca, de los Hermanos Franciscanos, la que abrió un centro de emergencia social en Algeciras con 17 plazas. "La realidad es que la necesidad de este albergue está más que demostrada. Siempre está lleno porque sus responsables están en alerta de las bajas y posibles altas, para que no haya plazas libres si hay opción de dar cobijo", afirmaba esta organización un año después de la apertura del centro.

Las parroquias pierden dinero

El mandato de monseñor Zornoza Boy tampoco parece haber sido beneficioso para otras parroquias de la provincia de Cádiz, como las de Vejer de la Frontera y Medina Sidonia, que han perdido la titularidad de las tierras de capellanía, unos terrenos de labranza que administraban desde tiempos inmemoriales y que han pasado a manos del Obispado.

Según el canónigo de la Catedral de Cádiz, párroco de Conil y cabeza visible del amplio sector crítico con el obispo, Rafael Vez Palomino, el cambio de titularidad de esas tierras han supuesto para las dos parroquias unas pérdidas de unos 120.000 euros anuales en concepto de las rentas de explotación de esos terrenos que ahora cobra directamente el Obispado.

Esa reducción de ingresos agrava aún más, a juicio del canónigo, la delicada situación económica que sufren muchas parroquias, cuyo mantenimiento depende en gran medida de las rentas que obtienen de las tierras de capellanía y también de la gestión de los cementerios, sobre cuya titularidad también se está actuando con perjuicio para ellas.

Estas críticas se suman a las que desde sectores del clero gaditano y organizaciones de cristianos de base han hecho públicas durante los últimos años respecto a la gestión de monseñor Zornoza Boy, al que reprochan estar más ocupado en las cuestiones mercantiles y pecuniarias que en las puramente evangélicas y para la defensa de las personas en situación de pobreza o exclusión en la provincia con más paro de España, que alcanza tasas de desempleo cercanas al 30%.

Vuelve al trabajo la empleada despedida

Mari Carmen Amigueti, despedida tras 18 años trabajando en el Obispado, volvió el lunes a su puesto una vez que el titular del Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz declarase la semana pasada nulo su despido al considerar que obedecía a una "represalia empresarial" por la demanda previa contra la Diócesis que había interpuesto la trabajadora por una modificación de su horario laboral.

Amigueti recibió el lunes un burofax del Obispado comunicándole que debía reincorporarse ese mismo día al puesto de trabajo que desempeñaba antes del despido, en cumplimiento de una sentencia que, señala en el escrito, va a ser recurrida ya que la Diócesis "no comparte en absoluto el contenido ni los razonamientos" que han llevado al juez a dictar ese fallo.

El Obispado intentó que no llegara a celebrarse el juicio facilitando un acuerdo en el que reconocía un despido improcedente de Mari Carmen Amigueti y ofrecía a la demandante más de 50.000 euros como indemnización, unos 6.000 más de lo que le correspondían por ley, según aseguró la trabajadora.

En la sentencia, el titular del juzgado, Francisco de Borja Derqui-Togores, subraya que "no existe el más mínimo motivo que pudiera explicar alguna motivación de un despido sin causa alguna que lo justifique, después de casi 20 años de prestación de servicios", por lo que ordena la readmisión de esta empleada y el abono de los salarios dejados de cobrar desde su despido.