A menudo pasa desapercibido, pero es una de las principales barreras a las que se enfrentan las políticas de transición ecológica. El Tratado de la Carta de Energía (TCE), un acuerdo internacional impulsado en 1991, lleva años blindando al oligopolio global y se enfrenta, en estos momentos, a una fase de modernización que podría ser crucial para perpetuar sus efectos y hacer descarrilar los objetivos de reducción de emisiones. Así lo evidencia el acuerdo preliminar de la Unión Europea y así lo ha denunciado la propia vicepresidenta del Gobierno de España, Teresa Ribera, que ha pedido que Europa se salga de este convenio internacional para agilizar el adiós a los combustibles fósiles. "Ha llegado el momento de solicitar a los servicios jurídicos de la Comisión y del Consejo un análisis jurídico sobre los posibles efectos de la retirada del Tratado", ha asegurado esta semana la responsable de Transición Ecológica.

La intención de Europa era transformar el tratado para alinearlo con los objetivos del Acuerdo de París y reducir las emisiones de CO2 que aceleran el calentamiento del planeta. Pero el resultado ha sido, según las organizaciones sociales europeas, un fracaso. "Si este documento se termina de ratificar tal cual está, las inversiones en combustibles fósiles quedarán blindadas", indica Marta G. Pallarés, portavoz de Ecologistas en Acción, integrada dentro de la Red de Acción por el Clima (CAN, por sus siglas en inglés). Las apreciaciones de la activista se deben, principalmente, a que el consenso de los países no ha conseguido eliminar la protección al petróleo, gas y cabrón. El capital destinado a hidrocarburos o a infraestructuras de transporte estará blindado ante cualquier acción política hasta 2033 y las nuevas inversiones hasta 2040. Además, se han incluido fuentes de energía y tecnologías que antes no estaban salvaguardadas por el TCE y que generan impactos ambientales, como el biogás, los combustibles sintéticos o las plantas de captura de CO2.

Aunque el ámbito de negociación es entre países, el tratado es un arma importante para las empresas, pues con este documento pueden llevar a los tribunales a los Gobiernos que legislen o tomen medidas políticas que atenten contra proyectos energéticos concretos. Esto incluye también al sector eólico o fotovoltaico y, de hecho, en España, el TCE sirvió para que numerosas compañías denunciaran al Ejecutivo por el recorte a las primas de las renovables en la era Rajoy. En cualquier caso, es una palanca a la que las grandes eléctricas suelen recurrir cuando ven peligrar sus negocios de gas, petróleo o carbón. De hecho, en 2022, cinco compañías energéticas ya han reclamado, acogiéndose al Tratado de la Carta de Energía, 4.000 millones de euros a cuatro países europeos (Italia, Países Bajos, Polonia y Eslovenia) por bloquear proyectos de combustibles fósiles.

¿Abandonar el TCE?

"El Tratado modernizado seguirá obstaculizando la ambición de las políticas climáticas, protegiendo inversiones fósiles y cuestionando el derecho a regular de la UE y sus estados miembros", admitía Teresa Ribera. "Debemos preparar la salida coordinada de la UE y sus miembros del Tratado". Tras sus palabras, el Parlamento holandés planteó una moción para respaldar la petición de España. Abandonar el tratado es una opción aparentemente factible, al menos desde la perspectiva de los países más comprometidos con las políticas de transición energética, sin embargo, el proceso está lleno de trabas.

La denominada clausula de supervivencia permite que los países puedan seguir siendo objeto de demandas durante 20 años después de haber abandonado el convenio. Este punto también había sido objeto de negociaciones y se pretendía eliminar o rebajar, pero finalmente el acuerdo preliminar no lo ha modificado. Si el Gobierno español decidiera desligarse podría recibir demandas por parte de inversores extranjeros hasta 2042. La compañía Berkeley, por ejemplo, podría seguir acudiendo a los tribunales de arbitraje para demandar una indemnización por los daños económicos de la prohibición de nuevas minas de uranio emanada de la Ley de Cambio Climático. 

"Que España se salga del tratado en solitario no tiene ningún sentido", indica Gonzalo Escribano, investigador de Energía y Clima del Real Instituto Elcano y profesor de Política Económica de la UNED. "Es verdad que los defensores de la Carta dicen que es mejor reformarla que irse y aplicar esos 20 años de provisión, pero si se saliera un grupo grande de países sí podría tener un efecto importante. Hay que tener en cuenta que nosotros, Europa, somos países consumidores y si la UE y Reino Unido decidieran abandonar el tratado podría haber dudas sobre el sentido de que éste siguiera vigente, porque estaría prácticamente desmantelado", reflexiona. "El problema es que hace falta unanimidad. Ya vemos que está habiendo dificultad para modernizar la Carta, porque hay países, como Japón, Kazajstán o Azerbaiyán, que dependen mucho de los combustibles fósiles. Pero es que tampoco sería sencillo si la UE abordase una salida en bloque, porque dentro de Europa hay países con intereses en carbón, petróleo o gas, como Hungría o la República Checa".

El nuevo escenario geopolítico, clave 

El debate para modernizar el tratado ha sido atravesado por completo por la coyuntura geopolítica actual. Las implicaciones energéticas derivadas de la guerra en Ucrania ha dinamitado cualquier intento de alinear el convenio con los objetivos del Acuerdo de París. "El acuerdo dificulta mucho cumplir con los objetivos internacionales de lucha contra el cambio climático o con la propia estrategia europea FitFor55, pero hay que hacer un ejercicio de realismo, porque la falta de alineamiento con los planes climáticos ya lo tenemos desde antes de la guerra, que ha agravado todo un poco más", explica Escribano, que considera que si las negociaciones se hubieran dado unos años atrás el resultado podría haber sido diferente.

El experto del Instituto Elcano considera que la UE no ha dejado de lado la transición energética, pero sí ha pasado a un plano secundario. "Las políticas climáticas siguen activas a largo plazo, el problema es que el tema prioritario es la seguridad energética del continente y eso sólo se puede tratar a corto plazo en este momento, porque no hay margen para instalar suficientes renovables de aquí al invierno para garantizar que la economía no caiga o que los hogares se puedan mantener calientes", analiza. "Alemania ya está construyendo terminales de GNL nuevas y está anunciado que probablemente tendrá que reabrir las plantas de carbón para que su economía no se contraiga. Pero claro, ya se calcula que sus emisiones de gases de efecto invernadero podrían aumentar más de un 20% en 2023 si sustituye el gas ruso por carbón o lignito".

La recuperación de proyectos fósiles –como las plantas de gas en Alemania o la posible construcción del gasoducto MidCat para conectar España con el resto de Europa por los Pirineos– condiciona el resultado de la modernización del TCE, pues, en esta coyuntura, es una herramienta imprescindible para que las empresas puedan garantizar que sus inversiones en estas nuevas infraestructuras no queden abandonadas tras la guerra y puedan ser amortizadas.