Multa de 26.000€ por cortar las vías de los ferrocarriles durante el 8-M

Las masivas movilizaciones del 8 de marzo de este 2018 quedarán recogidas a las efemérides del movimiento feminista del Estado como una de las jornadas clave para entender el estallido lila de los últimos tiempos. Fueron 24 horas intensas de huelga y acciones a la calle, acompañadas por unas manifestaciones por la tarde donde la asistencia se contó por miles; nadie quedó fuera en el momento de reivindicar el éxito de la jornada en actitud festiva. Más allá de las celebraciones, las victorias conseguidas han tenido costes por algunas de las manifestantes, que ahora cargan con la represión judicial y económica.

El caso más sonado en Catalunya es el de las mujeres de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) que cortaron las vías de los Ferrocarriles Catalanes de la Generalitat (FGC) a primera hora de aquella mañana. Ahora se enfrentan a un pago de 26.000 € y una posible condena de tres años de prisión en caso que se mantenga en el escrito de acusación el delito de desórdenes públicos por el cual han sido investigadas. Aquel 8 de marzo, una treintena de vecinas de la localidad impidieron el paso de los trenes durante casi dos horas, tal como explica una de las participantes de la acción, Berta Cervantes: "Era el inicio de la jornada de lucha. Cogimos unas pancartas, entramos a los ferrocarriles y cortamos la circulación desde las 8 de la hasta casi las 10".

No fueron las únicas. A primera hora de la mañana, decenas de asambleas feministas y comités de huelga organizaron piquetes para interrumpir el transporte hacia los centros de trabajo, tanto a las entradas de la ciudad de Barcelona cómo en todo el territorio. En la capital catalana, la Guardia Urbana y el Servicio de Tránsito avisaron de cortes en la Avenida Meridiana, a la altura de Fabra i Puig; en la Gran Vía de las Cortes Catalanas, por la plaza de las Glorias y en Urgell; en la Avenida Paral·lel; por la parte alta de la ciudad, en la Avenida General Mitre; también a la Avenida Diagonal, entre muchos otros. El área metropolitana también fue intervenida por activistas en la carretera C-55 a la altura de Manresa, en la C-58 a Terassa o a la N-11, en Premià de Dalt, entre otros. El escenario en todo el país era el colapso habitual de cualquier día de huelga.

A la misma hora, las activistas de Sant Cugat del Vallès procedieron a poner su granito de arena a la parada feminista. Cervantes relata como, después de casi dos horas de corte, un dispositivo de antidisturbios llegó a la estación de ferrocarriles para desalojar. Fue entonces cuando decidieron abandonar la movilización y seguir con la jornada de lucha, pero la acción de la mañana no quedó impune: "Una vez fuera, nos rodearon e identificaron a siete de las participantes. De todas las que nos identificaron, cinco habíamos militado o militábamos al colectivo feminista de la ciudad, Hora Bruixa, y una de ellas era el cargo de lucha feminista de la CGT”. Se trata de la sindicalista Marta Padrós, que también comparte con Públic el relato de la jornada: "Parece como si FGC no hubiera hecho una previsión de la fuerza de la movilización de aquel 8M, como sí que hicieron durante las huelgas del 8 de noviembre después del 1-O. Ningunearon al movimiento feminista, nos infantilizaron. La situación los desbordó y llamaron a los Mossos d'Esquadra", opina Padrós.

Las activistas investigadas se han organizado a la plataforma 8milmotius (8 mil motivos, en catalán), con la cual quieren denunciar públicamente su situación y señalar la responsabilidad de FCG. Critican que, al contrario de lo que es habitual, en este caso la institución pública se personó contra las activistas: "Hay un discurso feminista burgués que ya va bien porque no entra en contradicción con el capitalismo. Pero cuando empezamos a hablar de un feminismo revolucionario, de cambiar la base, es cuando el sistema hace algo. Es cuando Mossos denuncia y FGC se persona en la acusación", valora Padrós.

De hecho, la relación de FGC con este caso está generando polémica antes de que acabe la investigación, puesto que fuentes de la institución pública aseguran que ellos no han formado parte en ningún momento de la acusación: "El protocolo de la empresa, como servicio público, es que, cada vez que hay una afectación, se avisa a Mossos y ellos deciden los pasos a seguir", explican en declaraciones a Públic. Según la empresa pública, es la policía catalana quién pide las responsabilidades penales y el papel de FGC acabó cuando cuantificaron los daños del corte, que aseguran que afectó 40.000 personas. Esta versión se contradice con la de la defensa de las siete denunciadas que aseguran que sí formó parte en un principio con una denuncia de un representante de la empresa pública que así lo certifica.

Por este motivo, las activistas critican que un órgano bajo las órdenes de responsables políticos que se mostraron favorables a las consignas de la huelga feminista ahora las persiga: "Están jugando a la desmovilización de la gente mediante la justicia patriarcal. Hace unos años nos disparaban balas de goma, pero como ya no está de buen ver, ahora nos castigan con represión económica y penal", dice Cervantes. Por eso, además de dar visibilidad a su caso, las siete denunciadas de 8milmotius quieren señalar la responsabilidad de FGC no solo en el ámbito judicial, sino también en el mismo abordaje de la violencia machista más allá de la teoría. Según la Encuesta de violencia machista en Catalunya de finales del 2016 -documento que aportan para desarrollar la campaña-,

La represión contra feministas, cada vez más presente

Las mujeres de 8milmotius forman parte del caso catalán más conocido después de las movilizaciones del 8 de marzo y se suma a la represión vivida a otras partes del Estado, como es el caso de las mujeres de Gijón detenidas por hacer parte de un piquete. Pero no es el único. Desde la red de asambleas feministas aseguran que durante los meses de agosto y septiembre algunas de sus miembros recibieron infracciones administrativas por haber participado de cortes a carreteras y vías de tren. Este es el caso de Laura Arcarons, que participa de la asamblea feminista La Furia, en el barrio del Fort Pienc de Barcelona, quién estuvo en uno de los cortes de la ciudad: "Aquel día me identificaron porque argumentaban que, como yo traía el megáfono, tenía el papel de promotora y organizadora de parar el tránsito". A Arcarons le pedían una multa leve, lo que equivale a una cantidad de entre 300 y 600 €, y que en su caso era del mínimo importe.

Desde la asamblea La Trama Feminista, en el barrio de Sants, también confirman que dos personas de su entorno que participaron de las acciones de huelga han recibido infracciones administrativas similares. El colectivo Dones Juristes (Mujeres Juristas, en catalán), que se puso a disposición de las huelguistas durante aquel día para apoyar en posibles casos represivos, confirman que no son casos aislados, a pesar de que no disponen de un número determinado de multas y sanciones por la dispersión de las movilizaciones durante aquel día.

La represión es uno de los motivos por el cual la coordinadora de la huelga de este año ha decidido, de nuevo, convocar una huelga para el próximo el 8 de marzo de 2019, tal como se acordó el pasado 6 de octubre. Marta Padrós, quien ha formado parte de la toma de decisiones, la defensa, precisamente, como una herramienta para protegerse de los frentes judiciales que se puedan derivar: "Hace unos años, cuando convocábamos la Vaga de Totes (Huelga de Todas) el 8 de marzo, el nivel de represión no era el mismo. Ahora las feministas estamos en el punto de mira y se hace más necesario que nunca convocar una huelga para darnos un amparo legal y protegernos de cara a la represión que nos pueda llegar”.