"Ha prendido todo como un carrizo seco cuando le cae una chispa. Veníamos diciendo que la política agraria, la PAC, tenía que ser una red de seguridad; y hablábamos en serio cuando decíamos que Agroseguro debería modernizarse. Y al final ha habido un tsunami en el que la gente ha explotado de rabia", explica José María Alcubierre, secretario general de Uaga, la organización agraria aragonesa integrada en COAG.

Se refiere a las tractoradas que desde hace unos días están desarrollando por toda España grupos de agricultores profesionales en un movimiento que se está extendiendo por toda Europa y que presenta algunas características comunes de intendencia entre las que destacan tres: una supuesta espontaneidad canalizada a través de grupos de WhatsApp; su desarrollo al margen de los interlocutores habituales del campo, que son unas organizaciones agrarias que han convocado protestas para los días 8, 16 y 23; y un apoyo institucional de la ultraderecha desde las instituciones tan extravagante, por inusual, como paradójico cuando Vox desempeña las competencias de agricultura en los gobiernos autonómicos de medio país.

"No estáis solos", decía en su perfil de X (antes Twitter) el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, mientras su homónimo aragonés, Alejandro Nolasco, exhibía un cuajo de aúpa al mostrar en una tractorada su apoyo a "esta manifestación del campo y las que vengan" cuando su conmilitón Ángel Samper, consejero de Agricultura, sigue sin sacar adelante las ayudas directas y las rebaja fiscales que contempla su pacto con el PP.

Oportunismos políticos y decisiones tácticas al margen, lo que revelan las últimas tractoradas y las que vendrán próximamente son las consecuencias de "una situación de desequilibrio en el modelo productivo. Los que han salido son los que trabajan en el campo y viven del campo, no los fondos de inversión ni los agricultores de sofá", explica Alcubierre.

Son los tres grandes grupos de propietarios y explotadores de tierra, a los que las tres grandes reivindicaciones de las protestas (el exceso de papeleo que impone la burocracia comunitaria, la reclamación de una fiscalidad menos gravosa para las actividades agrarias y la denuncia de las desventajas que impone el modelo de comercio globalizado de alimentos) les afecta de manera muy distinta por las características de sus modelos de negocio: de autogestión para los profesionales, industrial para los segundos, y basado en las normas comunitarias, precisamente, para los rentistas.

¿Cuántos agricultores hay en España?

Los profesionales, los que gestionan explotaciones familiares, se están reduciendo a un ritmo que, de mantenerse, va a situarles dentro de poco en una situación de vulnerabilidad como colectivo. Según los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) que elabora el INE (Instituto Nacional de Estadística), el colectivo de la agricultura familiar ha pasado en quince años de 331.700 a 225.000 miembros, con una merma de casi un tercio y un ritmo de reducción de algo más de 7.000 por año.

En ese mismo periodo, los agricultores con trabajadores a cargo aumentaban un 50% para alcanzar los 68.000, y la mano de obra asalariada pasaba de sacar 100.000 puestos de ventaja a la profesional a duplicarla, en una tendencia en la que el crecimiento del trabajo por cuenta ajena discurre en paralelo a otros fenómenos como la uberización y la industrialización de las explotaciones.

En esos quince años, y según los datos del Ministerio de Agricultura, tanto el número como la extensión de las explotaciones valoradas en menos de 50.000 euros, las minifundistas, han ido menguando mientras las de más de medio millón se duplicaban.

Eso apunta a un claro proceso de cambio del modelo productivo agrario en el que cada vez ocupa mayor espacio la industria agroalimentaria y tiene menos capacidad de maniobra el pequeño agricultor.

"¿Qué pasaría si cada año se cerrara una empresa de 200 trabajadores, y más en los pueblos con lo difícil que es llevar empleo allí?", plantea Alcubierre con los datos de Aragón. Las cifras estatales hablan del cierre de factorías que suman más de 7.000 empleos cada año.

¿Desventajas ante el comercio globalizado de alimentos?

"La agricultura es la moneda de cambio en los tratados de libre comercio", anota Alcubierre, que llama la atención sobre la unanimidad de las organizaciones agrarias en los tres grandes ejes de la protesta: el exceso de burocracia, la fiscalidad y las cláusulas espejo, que no dejan de consistir en acotar las desventajas que el comercio globalizado de alimentos aplica a los agricultores occidentales.

"Lo que pedimos es que los productos que vengan a Europa se produzcan con las mismas condiciones con las que se produce aquí en cuanto a productos fitosanitarios, a normativa laboral y salarial, que en algunos casos roza la semiesclavitud, y al resto de condiciones", explica.

Esa reivindicación, a la que la UE ha tratado de restar fuerza retirando más autorizaciones de uso de pesticidas en territorio comunitario, choca con varios escollos entre los que no resulta menor la cantinela contra la Agenda 2030 que la ultraderecha está intentando colocar entre los agricultores para abrir una brecha en el colectivo: las diferencias son obvias entre pedir barra libre de productos químicos y reclamar que se apliquen las mismas restricciones en los puntos de origen y destino de la mercancía.

El principal, no obstante, es la creciente aplicación de formatos industriales a la producción, la transformación y la distribución de alimentos, que va progresivamente achicando las capacidades de influencia de los pequeños agricultores y de sus organizaciones en esos canales mientras, simultáneamente, lo van ganando los fondos y las grandes corporaciones agroalimentarias en un proceso similar al que lleva años viviendo la ganadería.

¿Esa desventaja en qué se traduce?

Básicamente, en una perdida de influencia sobre las normas de los mercados y sobre su funcionamiento, cuyas dinámicas ofrecen perspectivas paradójicas.

¿Alguien podría imaginarse que la cadena alimentaria española importa cada año una media de 177.000 toneladas anuales de naranjas y más de 230.000 de sandías? ¿Y que más de 15.000 de las primeras llegan desde Holanda? ¿Y que un tercio de las 12.000 de tomate que llegan de otros países tienen ese mismo origen?

Eso es lo que ocurre año tras año, según los datos de Aduanas y de las Cámaras de Comercio, que también dan fe de cómo la cadena alimentaria española importa más manzana de las que exporta, y que muestran una balanza comercial equilibrada en la aceituna, un producto del que el mayor productor mundial acaba realizando importaciones.

Esas entradas de género acaban teniendo impactos en la formación de precios de los alimentos, uno de los procesos cuyos vericuetos nadie ha sabido descifrar hasta la fecha.

Pese al enigma, también hay constantes: en el último año, y según indica el IPOD (Indicador de Precios Origen-Destino) de COAG, el encarecimiento de los alimentos vegetales entre los campos y las tiendas no bajó del 370% en el último año, en el que el de los cárnicos y otros de origen animal como la leche y los huevos no cayeron por debajo del 270%.

Esa tasa, que no deja de representar los márgenes con los que trabajan la industria y la distribución, resulta ser menor que hace unos años, aunque presentó una tendencia alcista durante todo el 2023.

¿Qué pasa con el rentismo?

Es una de las señas de identidad de la aplicación de la PAC del siglo XXI: Europa reparte cada año 4.000 millones de euros en ayudas basándose en los derechos históricos de 2004, lo que ha dado lugar a una casta de medio millón de labradores de corbata o agricultores de sofá que se reparten en torno a tres cuartas partes de esa cantidad.

La normativa comunitaria contempla que quien se vendió las ovejas en 2004 siga cobrando una prima por ellas en 2024 si conserva la titularidad, y que quien entonces cultivaba cereales subvencionables siga cobrando por ellos, ya que el derecho se incorporó a la tierra en ambos casos.

Y también permite compatibilizar el cobro de esas ayudas a la agricultura si se mantiene la propiedad de terrenos que han sido arrendados para la instalación de parques de energías renovables.

Al mismo tiempo que cronifican esas lucrativas situaciones de rentismo, exentas de ser declaradas en el IRPF en muchos casos, las políticas ambientales de la UE dejan al margen de las primas por capturar carbono a los frutales y otros cultivos de tipo leñoso, que resultan ser los más activos en ese ámbito.

¿Afecta el cambio climático?

"En el valle del Ebro llevamos dos años sin apenas cosechar cereal por la sequía y con los insumos más caros por el encarecimiento de la energía y de los abonos. Eso ha aumentado la situación de desesperación" que ha llevado a las movilizaciones, señala el secretario general de Uaga.

Los daños provocados por los fenómenos meteorológicos extremos, como heladas, sequías, granizadas y vendavales, ya se llevan por delante el 10% de la renta agraria en España.