Pocas veces se había discutido tanto, y con tanto encono, en las esferas de la alta política, el empresariado y el sindicalismo de clase por 12,6 céntimos: esa es la subida del Salario Mínimo Interprofesional por hora que, en la práctica, defiende la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que cuenta con el apoyo de CCOO y UGT y la oposición de CEOE y Cepyme. Son 17 euros brutos al mes, 239,40 al año para quien con ese nivel salarial logre trabajarlo entero.

La Mesa del Diálogo Social cerró este lunes de nuevo sin acuerdo, como ya ocurrió la semana pasada, el encuentro para tratar la revisión al alza del SMI, una decisión que el Gobierno PSOE-UP está decidido a tomar, aunque sin fecha, ya que podría aplazarse a los primeros meses del próximo año, o del siguiente como poco si se imponen las tesis de la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y también sin la cuantía determinada, ya que las posiciones del órgano de concertación van de la congelación de las patronales a los cincuenta euros mensuales de los sindicatos.

La polémica llega cuando el país está concluyendo un nuevo trimestre de parón de la actividad tras el cerrojazo de la primavera y la frágil recuperación de un verano con el motor del turismo gripado, lo que le va a llevar a un histórico desplome anual del PIB superior al 11% y con el que se habrán volatilizado alrededor de 138.000 millones de euros que ya han sido descontados de las rentas salariales, los beneficios empresariales, los impuestos y la inversión.

La polémica sobre la subida del SMI gira en torno a la distribución de una parte ínfima de la riqueza del país, algo a lo que, en el caso de ir a engrosar los sueldos de los trabajadores peor pagados, tanto las teorías como los antecedentes prácticos atribuyen más efectos beneficiosos que otra cosa.

¿A quién beneficia directamente la subida del SMI?

Uno de cada siete trabajadores, el 14,1% del total de los 16,7 millones de asalariados, ganaba el equivalente a un máximo de un SMI en 2018, año de la última Encuesta de Estructura Salarial. Se trata de los 2,3 millones de trabajadores que subsisten en una situación más precaria por la escasez de recursos económicos.

Apenas 137.000 de estos trabajadores pobres, solo el 0,82% del total, trabaja con una jornada completa, un dato que, por pasiva, revela los elevados niveles de precarización que se dan entre quienes se emplean, mayoritariamente contra su voluntad, a tiempo parcial: hay 2,62 millones y 2,35 de ellos no llega a cobrar el SMI. Tres de cada cuatro son mujeres.

"Principalmente son los trabajadores que se encuentran fuera de la cobertura de la negociación colectiva, que es el mecanismo para negociar las condiciones laborales en este país", explica Carlos Gutiérrez, responsable de Juventud y Nuevas Realidades de Trabajo de CCOO. "Parece que de nuevo se quiere que la crisis recaiga sobre los trabajadores", indica el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que reclama la subida a mil euros como una herramienta de mejora de la igualdad.

¿Ayudaría a reducir el número de trabajadores pobres?

El cruce de los datos sobre la evolución del SMI y el umbral de la pobreza en la última década pone negro sobre blanco la insignificancia del coste mínimo de la mano de obra en España: hasta la subida a 900 euros de diciembre de 2018, avalada hace dos meses por el Supremo y seguida de otra hasta los 950  en febrero de este año, la cuantía del SMI no se situó por encima del umbral de la pobreza para un ciudadano que vive solo.

Y queda camino por recorrer, puesto que el actual SMI sigue encontrándose a más de 600 euros de distancia de la renta que requiere un hogar de dos adultos y dos niños para subsistir por encima del umbral de la pobreza, en una situación que se ve agravada por el hecho de que el primer indicador es una cantidad bruta, a la que hay que descontar la retención del IRPF y la cotización social, y la segunda se calcula como neta.

La subida del SMI a 950 euros en catorce mensualidades sitúa el precio de la hora trabajada en siete euros brutos (hace cinco años era de 4,77), mientras un estudio de CCOO señala que hasta la subida de 2018 el Salario Mínimo no superó, en términos reales, a los sueldos de 1980.

¿Tiene España la obligación de subirlo?

Sí: como país firmante de la Carta Social Europea desde 1980  debería aplicar del acuerdo del Consejo Europeo para situar el "salario más bajo" permitido en el 60% del sueldo medio del país, y eso equivale a tener que elevar el primero por encima de los 1.180 euros mensuales (con dos pagas extraordinarias, y siempre en neto) ya que el año pasado el segundo se situó en 27.537 en el cómputo anual. Ese es el objetivo pactado para esta legislatura por el Gobierno PSOE-UP y los sindicatos. "Hay que seguir avanzando en ese camino", señala Gutiérrez.

¿Subir el SMI daña la creación o el mantenimiento del empleo?

Eso parece más un mito que otra cosa, ya que no es, cuando menos, lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Las grandes subidas del último lustro, dos arrancadas por el PNV al Gobierno de Mariano Rajoy en 2017, y dos más pactadas en la Mesa de Diálogo Social con cada uno de los ejecutivos de Pedro Sánchez, han coincidido con un aumento de la ocupación que la pandemia cortó el seco.

Entre 2017, cuando el salario mínimo superó la barrera de los 700 euros, y 2019, cuando alcanzó los 900, se crearon en España algo más de un millón de puestos  de trabajo asalariado, a los que se les añadió otro medio millón largo con el SMI más elevado de la historia.

¿Tiene efectos macroeconómicos una subida del SMI?

Normalmente sí, ya que los beneficiarios de una medida de ese tipo se concentran en los estratos de renta más bajos del país, los de menor capacidad de gasto, con lo que su consumo habitual, que se centra en los bienes de primera necesidad (alimentos, ropa, suministros), se ve estimulado, y eso tiene efectos vigorizantes en los tejidos productivo y comercial que se dedican a elaborar y distribuir ese tipo de artículos.

¿Y consecuencias sociales?

Es una manera de igualar hacia arriba en lugar de hacerlo hacia abajo, lo que actúa directamente y a la baja sobre factores como la precarización del empleo, la parcialidad o la temporalidad.

Para el responsable de Juventud y Nuevas Realidades de Trabajo de CCOO, "el SMI es una herramienta muy potente para luchar contra la desigualdad y el fenómeno de los trabajadores pobres, pero además de las de justicia social hay razones de economía para subirlo porque se trata de una herramienta para impulsar el crecimiento económico ya que se trata de un dinero que va directamente al consumo".

¿El Estado gana algo?

Elevar el SMI tiene un efecto de distribución de la renta, en este caso desde las ganancias empresariales a los salarios más bajos, que no requiere la puesta en marcha de herramientas fiscales ad hoc, como ocurriría si se hiciera a través de un impuesto, ni tampoco genera gasto público ya que la Administración no interviene en esa transferencia. Si no se trata de un ahorro propiamente dicho, sí sería, cuando menos, un coste evitado.

¿Y en Europa qué hacen?

Básicamente, subir el salario mínimo para el año que viene. Pese a la crisis provocada por la pandemia en todos los casos y con independencia de que ya esté más alto, mucho más en algunos casos, que en España.

"Los países de nuestro entorno están subiendo el SMI: 4,7% en Portugal, 2,7% en Alemania, 1% en Francia, 2% en Holanda, 2,8% en Luxemburgo, 7,7% en Polonia, 7,4% en Eslovaquia, 6,6% en Bulgaria y hasta un 16,3% en Letonia", señala Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT. Tanto en Alemania como en Francia, el sueldo más bajo se encuentra por encima de los 1.500 euros mensuales, en Holanda se acerca a los 1.700 y en Luxemburgo supera los 2.100.

"La mayoría de los países de la UE va a subirlo, y no hacerlo convertiría a España en una excepción en Europa", anota Gutiérrez, que destaca cómo "se trata de países en los que se plantean los mismos problemas que en España por el impacto de la crisis".

¿Suben otros sueldos el año que viene?

Sí. Las pensiones contributivas van a subir un 0,9%, las mínimas un 1,8% y los salarios de los empleados públicos van a aumentar un 0,9%. Y, paralelamente, las revisiones salariales de los convenios negociados a lo largo del año ofrecen un incremento medio del 1,8%. "Lo que no parece razonable en ese escenario es congelar los sueldos más bajos", sostiene Gutiérrez.

Tampoco el argumento del eventual efecto inflacionista de una medida de este tipo parece sostenerse cuando con la pandemia, desde marzo, algunos productos básicos como los alimentos han registrado una subida media del 2,6% pese al parón de la actividad.

¿De cuánto dinero hablamos?

La cuenta es sencilla: subir un 1,8% el sueldo a 2,62 millones de trabajadores que al cabo del año cobran catorce pagas de 950 euros brutos saldría por 627,2 millones de euros en el caso de que todos ellos trabajaran a jornada completa y durante todo el año, aunque la realidad del precariado rebaja notablemente esa factura tener como destinatarios mayoritariamente a asalariados con jornada parcial.

Esos menos de 630 millones de euros equivalen a menos de la cuarta parte de los 2.586 millones en impuestos del primer trimestre que pymes y autónomos ha llegado a tener aplazados o apenas a un 0,75% de los más de 85.000 que ahora mismo tiene avalados el ICO, en dos de las medidas de mayor calado del "escudo social", que incluyó la exención de las cuotas empresariales en los ERTE.