Superado el mayor escollo de la legislatura, como era la aprobación de los Presupuestos, el Gobierno de coalición, lejos de asentarse, ha derivado en una dinámica de descoordinación, mensajes contradictorios y hasta de confrontación interna, con temas tan importantes como las pensiones, la subida del salario mínimo interprofesional, la prohibición de los desahucios y de los cortes de suministros básicos en plena pandemia, o hasta el modelo de Estado.

En los últimos días, los más dispares mensajes han salido de distintos ministerios, con posicionamientos diferentes, lo que ha creado un cierto clima de zozobra interna y de confusión. Desde el inicio de la legislatura es habitual presenciar negociaciones en el seno de la coalición derivadas de las distintas posiciones que el PSOE y Unidas Podemos tienen en determinados asuntos.

Hubo posiciones distintas en cuestiones como los Presupuestos o las medidas sociales que se impulsaron durante la primera ola de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, finalmente siempre se alcanzaron acuerdos y, más allá de determinados momentos de tensión, ambas formaciones han normalizado una dinámica interna en el Ejecutivo que muchas veces pasa por la confrontación de posiciones y posterior resolución de conflictos.

Sin embargo, en las últimas semanas el desacuerdo parece haberse impuesto al entendimiento, y los mensajes que se lanzan desde los distintos ministerios han llegado a confundir hasta a los propios sindicatos. Comisiones Obreras y UGT pidieron este martes "mayor coordinación" al Ejecutivo tras la primera reunión del diálogo social para subir el salario mínimo, y después de que el Ministerio de Economía, en contra del criterio del de Trabajo, abogase por congelar el SMI.

El primer enfrentamiento vino a raíz de la prohibición de los desahucios. Tras la retirada de la enmienda a los Presupuestos sobre este asunto presentada por Bildu, ERC y Unidas Podemos, la medida parecía encauzada. De hecho, en una sola reunión, la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, y el secretario general de Vivienda, David Lucas, acordaron ampliar la prohibición de los desahucios y encarrilaron las negociaciones.

La única discrepancia conocida radicaba en el plazo de aprobación de la enmienda: Pablo Iglesias la quería cuanto antes (para que no se produjeran desahucios en pleno invierno) y José Luis Ábalos, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se remitió primero al final del año y, después, a "antes de la Navidad".

Desahucios y suministros se enquistan antes de Navidad

Sin embargo, pese a que la única discrepancia en materia de desahucios parecían ser los plazos, este sábado las negociaciones se estancaron, tras acusar Unidas Podemos a los ministerios de Justicia y Economía de querer introducir una fórmula en el decreto para compensar a los grandes tenedores de vivienda (en su mayoría bancos y fondos buitre) que vieran reducidos sus beneficios a raíz de la paralización de los desahucios.

El desencuentro entre la Vicepresidencia de Derechos Sociales con Justicia y Economía se sumó al que los de Iglesias mantenían con la Vicepresidencia para la Transición Ecológica en materia de prohibición de cortes de suministros. Aunque no se ocultaba que el asunto estaba enquistado (Unidas Podemos pide recuperar la garantía de los suministros básicos en pleno estado de alarma desde septiembre), este martes la formación morada acusó a Transición Ecológica de protagonizar una negativa reiterada a impulsar este medida.

La denuncia llegó en medio de la reunión del Consejo de Ministros; sin embargo, en la propia rueda de prensa del Consejo, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, anunció en una respuesta leída que el Gobierno garantizaba que a ninguna persona en situación de vulnerabilidad se le cortará el agua, la luz o la calefacción.

Fuentes de Unidas Podemos aseguraron, sin embargo, que en esos momentos no había acuerdo y recordaron que su propuesta es que la protección vaya más allá de las personas que perciben el bono social eléctrico para cubrir a todas las personas en situación de vulnerabilidad, tal y como se define en el real decreto de escudo social aprobado en marzo al comienzo del estado de alarma.

Trabajo subirá el SMI, a pesar de la patronal y de Calviño

Otro episodio parecido ha ocurrido con el Salario Mínimo Interprofesional. Tras escuchar a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, la improcedencia de que en las actuales circunstancias se subiera el SMI, desde el Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz, no dejó ninguna duda que se subiría.

La negociación empezó este martes y todo parece indicar que triunfan las tesis de Trabajo, aunque la ministra Portavoz, María Jesús Montero, pidió prudencia y hasta advirtió de que estas medidas pueden incrementar el paro.

Tal es el caos de mensajes, que hasta los sindicatos han pedido una "mayor coordinación" al Gobierno de coalición en esta materia. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha dejado claro durante la reunión del diálogo social que la congelación del SMI no era una opción para Trabajo, que solo impulsará una subida, aunque sea sin acuerdo de la patronal. Sin embargo, pese a mostrarse satisfechos con la posición de los de Díaz, han criticado que no llevase ninguna propuesta, algo que han achacado al desencuentro entre la dirigente de Unidas Podemos y Calviño.

Además de una "mayor coordinación", también han entonado el "zapatero a tus zapatos" y han pedido a los ministerios de Hacienda y Economía que no intervengan en las negociaciones del diálogo social con Trabajo y que no den mensajes que generan "expectativas" contrarias a la subida del salario mínimo.

También hay un desbarajuste de mensajes en el Gobierno en torno a la reforma de las pensiones, donde se ha colado, sin que nadie sepa bien la razón, la propuesta de ampliar el periodo de cotización para calcular la pensión a 35 años. El ministro del Seguridad Social, José Luis Escrivá, ni desmiente ni confirma esta posibilidad, y se limitó a pedir discreción para no interferir en las negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales.

Sin embargo, Unidas Podemos no tardó en mostrar su total rechazo a esta propuesta, al igual que los sindicatos, que aseguran que no pasarán por una reforma de la pensiones que contemple esta medida (que se sitúa al margen y va en contra del Pacto de Toledo aprobado en el Congreso hace unos meses, que fija el período para el cálculo de la pensión en 25 años, para el año 2022, y abre la puerta a que los trabajadores puedan elegir sus mejores años laborales para evitar las denominadas lagunas de cotización).

Y, como telón de fondo, sigue el distinto posicionamiento de los socios de Gobierno en torno a la monarquía y las responsabilidades que hay que exigir al rey emérito. El PSOE se sumó, de nuevo, al PP y a Vox para rechazar cualquier comisión parlamentaria para investigar a Juan Carlos I, agarrándose como un clavo ardiendo al último informe de los letrados del Congreso.

Y el PSOE no se va a mover de ahí. Como dijo Pedro Sánchez en una reciente entrevista, los socialistas van a seguir defendiendo la monarquía parlamentaria y, a la vez, van a seguir apoyando al figura de Felipe VI. El PSOE no contempla ni el más mínimo acercamiento a las posiciones de Unidas Podemos, aunque admiten que les desgasta el mensaje de la oposición de que sus socios de Gobierno cuestionen el propio modelo de Estado. 

Unidas Podemos ve con relativa normalidad que haya posiciones enfrentadas entre un partido abiertamente republicano y los socialistas, que han cerrado filas en torno a la Casa Real. Sin embargo, los de Iglesias insisten en que en todo lo relativo a investigar, desde el punto de vista parlamentario o judicial, los escándalos de la monarquía, el debate se desplaza desde el tradicional república o monarquía hacia un debate "sobre democracia", transparencia y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

En el PSOE, hay voces que consideran que Pedro Sánchez tiene que poner orden y que, una vez aprobado los Presupuestos, debe tranquilizar la acción del Gobierno y cambiar esta dinámica. Quienes así opinan, comentan irónicamente que no hay que darle la razón a Felipe González, que comparó al Gobierno con el camarote de los hermanos Marx.