Los últimos han sido los 748 riders de Deliveroo en Barcelona, que llegaron después de los 85 de Glovo en Cantabria y mientras otros más de 3.000 repartidores de Amazon en todo el país se encuentran en lista de espera: los tribunales están comenzando a avalar la intensa labor que está desarrollando la Inspección de Trabajo para atajar el fraude de los falsos autónomos, un tarea que le ha llevado a detectar y regularizar casi 50.000 casos y a atajar un fraude de cerca de 300 millones de euros a la Seguridad Social, una cifra que seguirá creciendo en los próximos meses, a medida que se vayan cerrando los expedientes.

Los datos figuran en las respuestas del Gobierno a sendas respuestas parlamentarias del Senador malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia sobre el número de falsos autónomos detectados y sobre el impacto de ese fraude en las arcas de la Seguridad Social: 49.755 trabajadores con condiciones laborales de asalariado y sociales de trabajador por cuenta propia y un agujero de 295,36 millones de euros en las cuentas públicas en apenas dos años.

Esos volúmenes de afloramiento de la defraudación se concentran entre junio de 2018, cuando Pedro Sánchez sustituyó a Mariano Rajoy al frente del Gobierno tras la moción de censura, y octubre de 2020, que es el último mes con datos, ya con la coalición PSOE-UP. Los registros hablan por sí solos del ritmo con el que esas dos administraciones enfrentaron el fraude de los falsos autónomos: 4.522 detectados entre 2015 y 2017, once veces menos que entre mediados de 2018 y finales de 2020.

"No es lo mismo, no somos lo mismo. Se han regularizando once veces más falsos autónomos, y eso se debe a que con el actual Gobierno progresista se ha disparado el número de inspecciones, en torno a un 43% más", señala Heredia.
Más de 48.000 empleos completamente regularizados en apenas dos años
Según las respuestas, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó un total de 18.851 falsos autónomos en 2018 y 22.383 más en 2019, a los que, según los datos provisionales de enero-octubre de 2020, se suman otros 8.521.

Paralelamente, desde julio de 2018 la Inspección "ha actuado sobre un total de 48.034 falsos autónomos en el conjunto del país", con unos procesos de regularización que han incluido la devolución a esos trabajadores de las cuotas de autónomos pagadas indebidamente, a menudo con las bonificaciones de la tarifa plana, y, paralelamente, el levantamiento de actas de liquidación a las empresas responsables del fraude para que, con sanciones y recargos, cubran "las cuotas dejadas de ingresar en el momento oportuno".

Esos casi trescientos millones ingresados por esa vía en las arcas de la Seguridad Social habrán crecido al cierre del año y en los primeros meses de este, conforme los inspectores vayan cerrando la tramitación de los expedientes.

Concretamente, las liquidaciones de cuotas supusieron un total de 164.125.150,02 euros por 16.374 falsos autónomos de julio a diciembre de 2018, otros 74.713.644,68 euros por 22.383 trabajadores más en 2018 y 56.533.280,82 más por 9.277 en lo que va de año, "aun teniendo en cuenta las dificultades de actuación y organización generadas como consecuencia de la pandemia", que incluye la supervisión de los ERTE, en la que los inspectores han localizado a 3.635 empresarios tramposos sobre los que han recaído sanciones por 16.539.433 euros.

"Deberían tener un contrato corriente, pero pierden derechos"

"Se trata de personas que están trabajando en una situación de dependencia total y que deberían tener un contrato corriente, pero son obligados a darse de alta para pagar las cotizaciones sociales en el régimen de trabajadores autónomos, con una pérdida considerable de derechos, algo injusto", explica Heredia, que añade que ·estos trabajadores pierden el derecho a tener vacaciones remuneradas, a poder darse de baja o coger permisos, a las pagas extra o a percibir indemnización por despido".

¿Y de dónde sale esa enorme bolsa de fraude laboral que está aflorando la Inspección de Trabajo? Principalmente, de la combinación de dos factores como son por un lado la tarifa plana para los nuevos autónomos, que permite disfrutar durante dos años de bonificaciones en la cuota mínima de cotización a la Seguridad Social, y, por otro, la implantación de modelos productivos basados en la tecnología y en la precarización del empleo que tratan de colar como trabajadores por cuenta propia que les prestan servicios a lo que en realidad son asalariados de los que la empresa intenta no responsabilizarse.

Ese formato está extendido tanto entre algunas plataformas digitales, que tratan de disfrazar de economía colaborativa lo que son modelos de negocio con plantilla, como en sectores menos tecnologizados como la industria cárnica, cuyas empresas comenzaron hace dos años a admitir sus irregularidades tras la presión de los sindicatos y de los inspectores, y en otros como la telefonía.

"Hay una realidad en el tejido productivo: se ha prostituido la figura del autónomo al introducir las plataformas el factor de la digitalización, con el que no existen elementos de la empresa tradicional como la cadena de mando o el centro de trabajo y todo se organiza a través de los algoritmos de una APP", explica Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT, que anota que "eso, que debería ser beneficioso, está arrastrando a la empresa a un modelo de precarización".

Pino entiende que "ahora sí se combate, hay una confrontación contra ese modelo de beneficio máximo y mínimos costes por medio del algoritmo". "Ha habido un vuelco: la Inspección se ha activado y ha puesto en marcha la maquinaria, y los tribunales están respaldando ese trabajo; aunque todavía queda mucho trabajo por hacer".

La tarifa plana: la clave del tinglado

¿Qué beneficios obtienen las empresas con ese fraude? Básicamente, ahorrarse una factura proporcional al 34,6% de los salarios de esos mismos trabajadores como cotización empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes (28,3%), desempleo (5,5%) y formación profesional (0,6%) y para el Fogasa (0,2%), a lo que se añaden otras ventajas estratégicas como poder prescindir de los empleados de un día para otro sin coste alguno.
Eso tiene consecuencias claras en las arcas públicas, que en lugar de esas cotizaciones, que suponen 346 euros mensuales por cada mil de sueldo, solo ingresan 60 si el trabajador se encuentra en su primer año como autónomo, entre 150 y 200 en el siguiente y 289 cuando ha superado ese periodo.

El descuadre resulta descomunal, de cientos de millones de euros al año si se tiene en cuenta el volumen de falsos trabajadores por cuenta propia detectado por la Inspección y las estimaciones de los sindicatos.

"La tarifa plana es un enorme coladero que, aunque ha permitido que miles de autónomos con ideas brillantes pudieran beneficiarse de la reducción de las cotizaciones para poner en marcha sus negocios, ha sido uno de los principales polos de atracción para las empresas que se dedican a explotar a los falsos autónomos. Es un sistema nefasto", explica Eduardo Abad, secretario general de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos).

"La Seguridad Social subvenciona los falsos autónomos"

El grado de perversión de la tarifa plana llega al extremo de que "la Seguridad Social está subvencionando falsos autónomos para las empresas que están pervirtiendo el mercado de trabajo", sostiene Abad, que llama la atención sobre el hecho de que "esa problemática comenzó con la implantación de la tarifa plana".

"Para capitalizar la prestación de desempleo el SEPE exige presentar un plan de negocio, pero para acceder a la tarifa plana no se pide nada, y eso da lugar a situaciones como las de los falsos autónomos, que son trabajadores que optan por esa figura cuando no encuentran otro empleo", añade.

La ausencia de criterios para acceder a la tarifa plana suma otros efectos perversos a los que aprovechan las empresas que explotan a los falsos autónomos, tal y como muestran los datos de la recaudación del IRPF que maneja el Ministerio de Hacienda.

"¿Qué hacen cotizando con la tarifa plana más de 150.000 autónomos que facturan por encima de los 12.600 euros, que vendría a ser el equivalente del Salario Mínimo Interprofesional?", plantea Abad, que pone sobre la mesa otra de las incongruencias del sistema.

El calado de ese desarreglo se aprecia con más claridad al observar la existencia de más de 20.000 autónomos que ingresan más de 40.000 euros al año y cotizan con la tarifa plana, que les supone solo 60 euros mensuales a muchos de ellos. Hasta 13.740 de los acogidos a ese sistema, un 3% del total, ganan más de 48.840, la base máxima de cotización que contempla para cualquier trabajador la Seguridad Social.