En los 772 días transcurridos entre la prohibición del despido a trabajadores de baja, aprobada por el Gobierno el 17 de febrero de 2020 mediante un decreto que poco después convalidaría el Congreso, y la entrada en vigor de la reforma laboral el 30 de marzo, después de generar en tres meses un millón de contratos fijos, se han incorporado al marco de las relaciones laborales quince bloques de normas que afectan al empleo, al paro, a las pensiones, a los salarios y al derecho de huelga, en un carrusel del que no hay antecedentes en la historia reciente del país y que sigue en marcha con el comienzo, el pasado día 22, de las reuniones para diseñar el estatuto del becario que regulará las prácticas de los estudiantes e investigadores.

Esos procesos han sido simultáneos a otros que llevaron a cerrar el año pasado con 20,18 millones de ocupados, 16,97 de ellos asalariados, según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), que no alcanzaban esos registros desde el verano y la primavera, respectivamente, de 2008.

"No hay ninguna época en la que haya habido tantos acuerdos y que además sean normativos. Todos esos acuerdos son positivos y están en el BOE, lo que demuestra la capacidad normativa de los agentes sociales", señala Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO, sobre los intensos cambios que en apenas dos años ha experimentado el marco de las relaciones laborales en España. "Estos dos años han sido brutales en recuperación y creación de derechos, y al mismo tiempo ha habido una enorme recuperación, primero, y creación, después, de empleo", refuerza Mariano Hoya, vicesecretario de Política Sindical de UGT, quien a la vista de esas dos realidades simultáneas concluye que "los dogmas económicos eran falsos".

"Han sido acuerdos de avance o recuperación de derechos"

"Destacaría desde el punto de vista cuantitativo las subidas del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) y desde el cualitativo la reforma laboral, aunque no es posible pesar esos acuerdos con una romana", anota Hoya, que añade que "además, en la mayoría de los casos, se trata de acuerdos con las patronales y que han supuesto una transformación para el país".

"Cada acuerdo ha cumplido un cometido, aunque la reforma laboral, por ser un compendio de acuerdos y por su carácter troncal, tiene un valor especial", apunta Vicente, que llama la atención sobre un aspecto: "Todos han sido de avances o recuperación de derechos".

Estos son, agrupados por bloques, los quince hitos que han marcado la transformación que ha experimentado el marco normativo de las relaciones laborales en España en los últimos dos años.

Las innovaciones de ámbito general

Junto con la reforma laboral que cerró el ciclo y la prohibición del despido de los trabajadores en situación de incapacidad laboral transitoria que lo abrió, el bloque de las normas generalistas incluye la implementación de los ERTE por la pandemia, que además de salvaguardar más de 3,6 millones de empleos e impedir la pérdida de medio millón de ellos, facilitaron un mayor vigor de la recuperación al haber evitado que el desplome de las rentas de los trabajadores superara el 30%, y la ratificación de la Carta Social Europea casi 23 años después de la aprobación de su versión actualizada, lo que supone reconocer el catálogo de derechos que figuran en ella, entre otros el del conjunto de los trabajadores a recibir "una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso" y a que esta sea "igual por un trabajo de igual valor" sin distinciones en función del sexo.

Cierra el bloque la ley del teletrabajo, que configuró esta modalidad de empleo asalariado, extendida con los confinamientos pandémicos, como voluntaria y reversible, impuso la obligación de formalizar por escrito y registrar los acuerdos, y excluyó expresamente de las causas de despido la negativa a operar a distancia.

Las novedades para colectivos específicos

Entre estas novedades se encuentran otra de la que, junto con la del teletrabajo, ambos sindicalistas coinciden en destacar que, pese a sus lagunas, se ha convertido en modelos de referencia para el resto de los países de la UE. Se trata de la ley rider, que sentó las bases para regular el trabajo de los repartidores de las plataformas digitales, un sector que se había convertido en emblemático de la arbitrariedad y de la proliferación de falsos autónomos.

Las otras dos novedades sectoriales de calado han sido la ratificación por España del Convenio 189 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que es el primer paso para reconocer a las empleadas del hogar el derecho a las prestaciones por desempleo que tuvieron provisionalmente durante el estado de alarma, y la del 188, que establece las bases del desempeño laboral en el sector pesquero, en el que hasta el 10% de las plantillas están sin cubrir.

El derecho a informar de las huelgas

El Congreso y el Senado  certificaron en marzo y en abril del año pasado, respectivamente, la eliminación del tercer punto del artículo 315 del Código Penal, que castigaba con penas de hasta tres años de cárcel a "quienes, actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga", un precepto incluido unos años antes y que llevó al banquillo a varios centenares de sindicalistas por haber formado parte de piquetes.

Las revisiones de los salarios

El SMI (Salario Mínimo Interprofesional) ha pasado de catorce pagas de 950 euros brutos a otras tantas de mil en los dos últimos años, progresión que llega después de otra subida de 50 euros aprobada en 2019 y a la que, si se cumplen los anuncios del Gobierno, debería seguir otra de 63 al acabar este año para cumplir el objetivo proclamado de alcanzar los 1.240 mensuales con las extras prorrateadas. A este acuerdo en materia salarial se le suma otro, de hace unos meses, por el que se reglamenta el registro retributivo.

Se trata de dos de los pocos asuntos en los que las patronales no han estado de acuerdo con los sindicatos y el Gobierno.

Igualdad de género en las empresas

Tampoco las organizaciones patronales estuvieron de acuerdo en la reglamentación de los planes de igualdad en la que sí alcanzaron sintonía el Gobierno, cuyo Ministerio de Trabajo lanzaba hace unos meses una herramienta para la valoración de los puestos de trabajo en ese ámbito, y los dos principales sindicatos.

De hecho, CEOE llegó a recurrir el artículo que reconocía a las centrales capacidad para negociar el contenido de los planes de igualdad en las empresas sin representación sindical al sostener que ni eso podía ocurrir ni podía ser establecido mediante un reglamento. Sin embargo, el Supremo ha avalado el texto que salió de la mesa de negociación y ha zanjado la polémica.

La nueva configuración de las pensiones

La renovación del marco normativo de las relaciones laborales de estos dos últimos años ha alcanzado también a quienes ya han salido de él con dos modificaciones de calado en materia de pensiones: el establecimiento de la variación media anual del IPC (Índice de Precios de Consumo) como el índice para revalorizarlas y la puesta en marcha del llamado mecanismo de equidad intergeneracional, que consiste en una derrama mensual del 0,4% en la cotización de la empresa y del 0,2% en la del trabajador entre 2023 y 2032 para disponer de recursos con los que pagar la jubilación del baby boom tras quedar prácticamente agotada la anterior hucha de las pensiones.

Las medidas en trámite

La principal medida que se está tramitando es el inicio de los contactos para negociar el contenido del estatuto del becario, a lo que se suma los desarrollos que puedan salir de la Declaración de Toledo sobre la Economía Social.

¿Qué campos quedan por explorar?

"Antes de acabar el año hemos de abordar las prestaciones por desempleo, que sufrieron importantes recortes en 2012", explica Mari Cruz Vicente, que recuerda cómo el Gobierno central ha comenzado a elaborar una Ley de Empleo cuya tramitación requerirá equilibrios al ser autonómicas la mayoría de las competencias en esta materia y que anota cómo, aunque todo apunta a que este año será difícil cerrar un Acuerdo de Negociación Colectiva estatal ante las tensiones inflacionistas, lo que trasladará esos debates a los convenios de ramo y de empresa, sindicatos y patronales tienen "21 materias pendientes de desarrollo de la reforma laboral" en sus mesas bipartitas.

Hoya, que coincide en "la necesidad de cerrar un Acuerdo de Negociación Colectiva que dé estabilidad a las empresas y permita a los trabajadores recuperar poder adquisitivo", apunta como principales asuntos pendientes en materia laboral "un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI que regule aspectos como la digitalización, la robotización y el teletrabajo" y una revisión de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, ya que "se siguen matando dos trabajadores cada día en España".