Casi la mitad de los jubilados españoles (2,91 millones de un total de 6,25) seguirán viviendo el próximo año en el inframileurismo al recibir pensiones de menos de mil euros brutos mensuales pese a la entrada en vigor de la mayor subida histórica de esas prestaciones. El alza del 8,5% duplica con creces las anteriores revisiones de récord, que fueron el 3,9% de 2002 y el 3,5% de 2005.

Esa será la subida de las pensiones contributivas (las no contributivas crecerán un 15%) en el estreno de las nuevas normas aprobadas el año pasado por el Congreso, salvo que el Instituto Nacional de Estadística (INE) anunciara el próximo 14 de diciembre un improbable descuadre de más de 1,2 puntos en el dato de la inflación interanual del 6,8% de noviembre que adelantó el pasado martes, lo que moviera al alza o a la baja la media de los últimos doce meses.

Sin embargo, pese a la cuantía de la subida, de 92,99 euros mensuales sobre la pensión media -que hoy es de 1.094,02 euros y de 1.301,86 en cómputo anual-, casi la mitad de los jubilados van a permanecer por debajo del listón de los mil euros mensuales, el actual Salario Mínimo Interprofesional (SMI), al mismo tiempo que uno de cada tres se queda por debajo del umbral de la pobreza.

Las escalas sobre la cuantía de las pensiones que recoge el último Informe Económico Financiero de la Seguridad Social cifra en 2.917.122 el número de jubilados cuya prestación contributiva no llegaba en julio de este año a los 900 euros. A ese número habría que añadir una parte de los 275.256 cuya nómina se sitúa entre los 900 y los 921 -cantidad a partir de la cual la revisión del 8,5% supondrá alcanzar los mil por paga- y sin los que ya suponen el 46,6% del total (6,25 millones).

Paralelamente, el 32,93% de los jubilados (2.061.332) reciben prestaciones mensuales de hasta 800 euros, cantidad en la que el INE sitúa el umbral de la pobreza (11.202,20 euros anuales para una persona que viva sola). No obstante, esa tasa se verá reducida con la revisión, que subirá por encima de ese nivel a quienes cobran más de 737. Pese a ello, el número de trabajadores retirados que se encuentra en esa situación no bajará en ningún caso de los 1,6 millones, que suponen más de la cuarta parte del total.

Estas realidades, que tradicionalmente se han quedado al margen del debate político y mediático sobre el futuro de las pensiones, más centrado en el supuesto déficit del sistema, comienzan a entrar ahora en la Mesa de Diálogo Social de la mano de los sindicatos.

"Falta tratar el incremento de las pensiones mínimas y vincular su cuantía al umbral de la pobreza", explicaba esta semana Carlos Bravo, secretario confederal de Seguridad Social y Previsión Social Complementaria de CCOO, en relación a las propuestas del Ministerio de Inclusión para abordar la tercera pata de la reforma del sistema.

En el conjunto de los pensionistas, el volumen de aquellos para los que la suma de sus distintas prestaciones se quedará por debajo de los mil euros superará los 4,3 millones y el de los que las recibirán inferiores al umbral de la pobreza rondará los dos, en ambos casos sobre un total de 9,01.

No obstante, estos últimos datos no resultan indicativos de la situación económica real de los pensionistas, ya que incluye a algunos que compatibilizan las prestaciones con otros ingresos de carácter laboral.

Por otro lado, la revisión del 8,5% tras otra del 2,5% (3% para las mínimas) el año pasado sitúa en el 11,2% la subida ponderada de las pensiones contributivas en los últimos dos ejercicios -en los que la inflación se ha disparado un 13%-, lo que dejaría su pérdida de poder adquisitivo por debajo de los dos puntos. Esta es una situación muy distinta de la que se está dando en el mundo laboral, donde la mitad de los trabajadores tienen el salario congelado.

Movimientos en el PSOE para activar la auditoría de la Seguridad Social

Por otro lado, las reticencias del Gobierno a poner en marcha la auditoría sobre las cuentas de la Seguridad Social ha comenzado a provocar movimientos en el ámbito político. Esto se produce después de que el Tribunal de Cuentas detectara que el Estado cargó indebidamente 103.690 millones en gastos al Seguro entre 1967 y 2018, un balance que, de confirmarse, zanjaría el mantra sobre la fragilidad financiera del sistema de pensiones.

La obligación de realizar esa auditoría viene en la Ley de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones, que ordenaba al Gobierno ponerla a disposición de la Comisión del Pacto de Toledo a finales de julio de este año como muy tarde.

Sin embargo, las reticencias del Ministerio de Hacienda están frenando ese estudio. De confirmarse los cálculos del Tribunal de Cuentas, el departamento liderado por María Jesús Montero debería extraer de los libros del Seguro un paquete de deuda de en torno a 85.000 millones de euros para trasladarlo a los de la Administración central. Un movimiento que, de rebote, bloquea la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social.

En este marco, la Izquierda Socialista ha solicitado a los grupos del PSOE en el Congreso y el Senado que inste al Ministerio de Inclusión para que "de inmediato se encargue al Tribunal de Cuentas la realización de este informe de fiscalización".

Unos días antes, la Presidencia del Gobierno respondía por carta a la petición de activación de la auditoría efectuada por el foro de debate y acción Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP).

En su contestación, el organismo se limitaba a agradecer la solicitud y a afirmar que la trasladaría al Ministerio de Inclusión, "competente en la materia, para que tengan constancia del contenido del que tan amablemente han informado al presidente del Gobierno". Un tono que no parece augurar muchos progresos más allá del sonrojo que pueda generar una respuesta de ese tipo al recordatorio de un incumplimiento de la ley.