"Esa propuesta es la que está más en el alero de todo lo que hay sobre la mesa. Estamos abiertos a debatir sobre todo, pero esto no está en las recomendaciones del Pacto de Toledo, y negociarlo exige que haya un consenso, que haya respaldo suficiente en el parlamento y en el Gobierno, y no parece que lo tenga", expone, gráficamente, Carlos Bravo, secretario confederal de Seguridad Social y Previsión Social Complementaria de CCOO, que recalca que "el periodo de cómputo para las pensiones está en el margen de la mesa".

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, abrió este lunes un inesperado melón al plantear a la Mesa del Diálogo Social la posibilidad de, dentro de un paquete de reformas que afectan a puntos nucleares del sistema de pensiones, ampliar de 25 a 30 años el periodo de cómputo de las cotizaciones para determinar la cuantía de las pensiones de jubilación, siempre con la posibilidad de eliminar del cálculo los 24 meses de menor aportación.

La iniciativa, que comenzaría a aplicarse en 2027 con ampliaciones de cinco meses de cómputo por ejercicio, se enmarca en un complejo encuadre que lastra de origen su eventual aprobación al provocar reticencias tanto entre los agentes sociales como entre los grupos de todo el arco parlamentario.

Por una parte, la ampliación del periodo de cómputo fue eliminada en el último momento del documento de recomendaciones que el Pacto de Toledo cerró a finales de octubre de 2020, a propuesta de UP, que contó con el apoyo del PP y con la aceptación del PSOE.

Pero, por otra, fue incluida por el Gobierno en el Plan de Recuperación y Resiliencia enviado a Bruselas para acceder a los fondos Next Generation, y eso exige que para seguir recibiéndolos el 31 de diciembre debe estar materializado el hito que lo recoge, el C30.R2-C, que se refiere a la "adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación".

El objetivo declarado de la reforma consistiría en "reforzar la progresividad y el carácter contributivo del sistema haciendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador y atienda la realidad de un mercado laboral en el que las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales".

Sin embargo, y al menos en principio, ese planteamiento no acaba resultando muy compartido ni en el ámbito social ni en el político pese a existir consenso en su efecto sobre la nómina de las pensiones sería prácticamente neutro y a pesar de que entre sus eventuales consecuencias se incluyen el arrastre a la baja de las pensiones de mayor cuantía y la mejora de las que recibirían quienes sufren el desempleo y/o la exclusión laboral en el tramo final de sus vidas laborales.

Agentes sociales y partidos coinciden en que no toca

De hecho, los posicionamientos críticos con la propuesta, que el jueves será debatida en la Mesa del Diálogo Social, se han venido sucediendo desde que fue planteada el pasado lunes.

Para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se trata de "un endurecimiento del acceso a las pensiones" cuya aplicación supondría "recortar derechos", mientras Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de UP, anotó que "no es el camino".

Comparten esa posición varios apoyos habituales del Gobierno como Más País, Compromís o el BNG mientras desde la oposición el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, alejaba el comodín del bipartidismo y la razón de Estado al afirmar que "se está negociando en el último mes y medio, sin gran interlocución con los afectados e improvisando".

"Creo que el ministro ha vuelto a equivocarse, porque éste es un debate que no es necesario abordar hoy", señaló desde el plano social el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, mientras para su homólogo de CCOO, Unai Sordo, "lo razonable es que esto permanezca así y no se toque más" ya que "esto no tiene un consenso político detrás".

La CEOE mostraba, por su parte, una inusual sintonía con los sindicatos en este asunto al ver sus responsables difícil "de entrada" un acuerdo sobre este aspecto de la reforma de las pensiones y porque la propuesta llega "tan tarde" que "no se entiende bien el papel de los agentes sociales".

La herida de la ruptura con UGT en los ochenta

Los tiempos son otro de los factores clave de este asunto. Con apenas un mes por delante para sacar adelante la medida comprometida con Bruselas, cobra fuerza la posibilidad de recurrir al decreto para aprobarla en Consejo de Ministros, algo factible al tener mayoría el PSOE en el gabinete.

Esa opción, sin embargo, y aunque se perfila como la más adecuada para cumplir el compromiso con Bruselas, parece tener contraindicaciones si el ejecutivo no ata antes los apoyos parlamentarios para convalidarlo, ya sea directamente como decreto o para pasar a tramitarlo como ley, u obtiene el visto bueno de los agentes sociales.

Cualquiera de las dos opciones le servirían a fecha de hoy a la parte socialista del Gobierno, aunque, al mismo tiempo, la carencia de cualquiera de ellas entraña elevados riesgos reputacionales en vísperas de un año con varias convocatorias electorales (municipales y autonómicas el 28 de mayo y generales sin fecha).

Más allá del revolcón parlamentario, la posibilidad de un enfrentamiento con las organizaciones sindicales a cuenta del periodo de cómputo de las pensiones supondría en el PSOE, además de un cortocircuito a una intensa etapa de recuperación del diálogo social de tres años, reabrir una herida que en 1987, cuando ese plazo subió de dos a ocho años con Joaquín Almunia en la cartera de Trabajo, desencadenó la ruptura entre partido y sindicato, entonces liderado por Nicolás Redondo, y sentó las bases de la huelga general del 14-D de 1988.

Tres de cada cuatro se jubilan con 35 años cotizados

Ese periodo de cómputo, que facilitaba la planificación de las cotizaciones en los regímenes no asalariados, en los que dos años de cotización elevada garantizaban una pensión magra, crecería hasta los quince años en 1997, con José María Aznar en el Gobierno, y se iría a los veinticinco en 2011, en los últimos meses del gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, con un sistema progresivo que finaliza ahora.

La nueva ampliación, explica Bravo, "la eliminaron de las recomendaciones del Pacto de Toledo porque no tenían apoyo para sacarla adelante, y para negociarla tendrían que garantizar un apoyo parlamentario que ahora no vemos. Además, si su efecto es neutro para la Seguridad Social, la pregunta es ¿es imprescindible?".

La ampliación del periodo de cómputo "va a tener un impacto mínimo y redistributivo. Afectaría más a quienes hacen planificación fiscal con las pensiones y obligaría a tener cotizaciones elevadas durante toda la vida laboral", explica Octavio Granado, exsecretario de Estado de la Seguridad Social y uno de los principales expertos en pensiones del país, que aporta dos datos que, una década después, impugnan los discursos catastrofistas que generó el paso de 15 a 25 años: entre 2012 y 2021, lo que incluye los años de mayor destrucción de empleo en España, la pensión media ha subido un 25% y las nuevas pensiones lo han hecho en un 40%.

Varios registros del último Informe Económico Financiero de la Seguridad Social también cuestionan esos discursos: "la mayoría de las pensiones en vigor, el 64,48%, se han reconocido con 35 o más años cotizados, siendo el peso relativo aún mayor en el caso de las nuevas pensiones reconocidas en 2021 donde representan el 74,4%", indica el documento, que recoge cómo esa cota supera el 75% entre las nuevas pensiones del régimen general, en el que solo un 10,4% se jubila con menos de 25 años cotizados, que es la carrera mínima ahora.

“Quien se jubile a los 67 va a cotizar 30 sí o sí”

La propuesta de Escrivá, en todo caso, tiene un par de lagunas pendientes de resolver. Una afecta a las posibles limitaciones para elegir los 24 meses malos, que de colocarse al final de la carrera laboral pueden permitir que quienes ya tienen garantizada la prestación máxima pasen a cotizar por la mínima, con la consiguiente merma de ingresos para el sistema.

La otra afecta a las lagunas de cotización, es decir, al tratamiento de los años que le faltan al trabajador para llegar a los 30 cotizados. Ahora se aplica la base mínima de las cotizadas hasta un máximo de 48 meses y el 50% de esta para el resto de los huecos, aunque solo en el régimen general.

La propuesta no afecta, en cualquier caso, al mínimo de quince años cotizados para poder acceder a una prestación y sitúa en los 37 años la edad a partir de la cual esas aportaciones al Seguro comienzan a computar.

"La gente que se jubila a los 67 va a cotizar treinta años sí o sí, porque nadie empieza a trabajar a los 37", anota Granado, que explica que la iniciativa de Escrivá "tiene su complejidad técnica. Pasar de 25 años a 28 va tener un impacto poco relevante en la masa de las pensiones, pero dificultará las pensiones a la carta y que la gente juegue con las cotizaciones". 

“Vincular la cuantía al umbral de la pobreza”

El resto de las medidas que Escrivá planteó a la Mesa del Dialogo Social, al que tras acordar el sistema de revisiones y diseñar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional le quedan por resolver los objetivos de "adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación" y de "Adecuación de la base máxima de cotización del sistema", tuvieron una acogida favorable por parte de los sindicatos, que las ven como un buen punto de partida aunque al mismo tiempo con aspectos pendientes.

La plataforma del Ministerio de Inclusión incorpora la revisión de las bases máximas de cotización con el IPC, lo que elevará el año que viene hasta los 53.000 euros brutos de salario la obligación de cotizar y parece un primer paso hacia el destope, ya que recorta la parte de los grandes sueldos que queda exenta de aportar una parte proporcional al Seguro.

A esa medida se le añade un incremento adicional anual del 1,154% anual entre 2025 y 2050 tanto en las bases como en las pensiones máximas, y varias propuestas para mejorar las carreras de cotización afectadas por la crianza de hijos y las del colectivo de trabajadores autónomos.

"Es positivo pero insuficiente", explica Bravo, que pone el acento en otro aspecto que, como la ejecución de la auditoría del sistema, no acaba de entrar en el debate público sobre el sistema de previsión social: "Falta tratar el incremento de las pensiones mínimas y vincular su cuantía al umbral de la pobreza", algo que, sin duda, permitiría comenzar a resolver averías de país como la que supone que más de la mitad de los pensionistas subsistan por debajo del mileurismo.