El Consejo de Ministros aprobará este viernes por decreto suprimir la fórmula empleada en España para revalorizar las pensiones, que limitaba las subidas al 0,25% mientras la Seguridad Social tuviera déficit, y volverá a tomar el IPC como referencia.

La medida está contenida en un borrador de Real Decreto Ley al que Reuters tuvo acceso el miércoles. Una portavoz del Ministerio de Trabajo dijo que el texto, que aplica las recomendaciones de una comisión parlamentaria, es un "documento de trabajo" que puede ser modificado antes de su aprobación.

El texto, adelantado por el periódico Cinco Días, deroga el conocido como Índice de Revalorización de las Pensiones que se incluyó como una medida destinada a contener el déficit público en una reforma de 2013 del anterior Gobierno del Partido Popular.

A partir de ahora, según este borrador, las pensiones se actualizarán con el "IPC real" de noviembre de cada año, la misma fórmula que estaba establecida antes del cambio de 2013.

En 2018, la revalorización extraordinaria que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy, sin aplicar la ley, fue del 1,6%, la misma cifra prevista para 2019.

Los pensionistas se movilizaron durante el primer semestre de 2018 para conseguir cambiar una ley que les hacía perder poder adquisitivo convirtiéndose en uno de los principales movimientos sociales en el país. Rajoy les prometió un alza en línea con la inflación para 2018 y 2019.

La llegada del socialista Pedro Sánchez al poder el 1 de junio de 2018 con una moción de censura a Rajoy cambió de manos la decisión final sobre cómo revalorizar las pensiones, una cuestión que se ha estado debatiendo en una comisión especial del Parlamento conocida como Pacto de Toledo.

En el texto, el Gobierno dice que el modelo actual "es incompatible con el estado del bienestar" y asegura que plantea nuevas medidas de ingresos para hacer compatible este gasto extra con la "solidez financiera del sistema". Los detractores de recuperar el IPC temen que el gasto en pensiones sea insostenible ante el envejecimiento de la población, entre otros motivos.

Cada décima que se revalorizan las pensiones le cuesta al Estado alrededor de 130 millones de euros extra, según la Seguridad Social. Una subida del 1,6% cuesta al Ejecutivo 1.800 millones, y al consolidarse en la nómina dispara el gasto a futuro.

En el mismo texto que previsiblemente se aprobará el viernes, el Ejecutivo contempla una medida extraordinaria para mejorar los ingresos de la Seguridad Social y luchar al mismo tiempo contra el fraude en la contratación de trabajadores temporales.

El Gobierno subirá a las empresas en un 40% las cuotas de la Seguridad Social de los contratos temporales de cinco días o menos. El Ejecutivo espera así disuadir de que se hagan este tipo de contratos y al mismo tiempo subir los ingresos.

España tiene una la tasa de temporalidad más alta de Europa, según Eurostat. Un 22,1 por ciento de los trabajadores son temporales, el doble que la media de la UE.