Netanyahu gana el primer asalto en la batalla por su reforma judicial

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha ganado el primer asalto en la larga batalla por su polémica reforma judicial. Pero no la guerra.

Pese a las manifestaciones en las calles y a las críticas internacionales, el Parlamento israelí –la Knéset– aprobó definitivamente el pasado lunes la primera ley de peso de la propuesta legislativa del Gobierno, que eliminará la separación de poderes en el país, según sus detractores.

La nueva norma acabará con la capacidad de los jueces de anular decisiones del Ejecutivo que consideren "irrazonables", una cláusula que había permitido cancelar nombramientos de ministros condenados por corrupción, así como medidas gubernamentales contrarias a la ley.

El miércoles, el Tribunal Supremo anunció que, aunque dejará que la norma entre en vigor y de momento no la revocará, revisará la ley en septiembre, tras recibir ocho apelaciones en 48 horas.

La ratificación de esta ley, clave en el proyecto de reforma judicial de Netanyahu, abre una situación sin precedentes para el Supremo, ya que el máximo órgano judicial de Israel deberá decidir ahora sobre una norma que le priva de poderes de manera explícita.

La Corte, que no ha avanzado aún cuál será su posición y sólo ha indicado que escuchará los argumentos presentados en contra, se enfrenta ahora a una difícil disyuntiva: ceder y mantener una norma que afecta directamente a sus funciones de control judicial o anularla y agravar la crisis política en Israel.

Esta segunda opción será, sin duda, interpretada por Netanyahu y sus socios como un ejemplo más de lo que consideran una exagerada intervención judicial en el poder ejecutivo y legislativo.

El Gobierno podría optar entonces por declararse en rebeldía y seguir aplicando la ley, lo que haría aún más profunda la brecha entre las dos almas del país: la encarnada por religiosos y conservadores, partidarios de la reforma, y la que personifican los liberales y progresistas.

Si la revisión del Supremo frenara el proyecto, el Gobierno podría optar por declararse en rebeldía y seguir aplicando la ley

Además, si el Supremo optara por invalidar la ley se trataría de la primera vez que esto sucede en la historia de Israel. Aunque este órgano judicial ya ha revocado hasta 22 normas menores que colisionaban con las leyes fundamentales del país, nunca antes se ha cancelado una ley fundamental en sí.

Por las características del texto aprobado el pasado lunes, la norma ha pasado a formar parte de las poco más de diez leyes consideradas principales para el Estado, y que funcionan a modo de Carta Magna, ya que Israel no tiene constitución.

El Gobierno ya ha dejado claro que el Supremo "no está autorizado" a invalidar la ley y ha avisado de que hacerlo "será la gota que colme el vaso y generará aún más caos".

"Es un intento de revertir la decisión democrática hecha por millones de ciudadanos y entregar a una burocracia no electa el poder de echar a un primer ministro", han asegurado al periódico Maariv fuentes del Likud, el partido de Netanyahu.

La oposición seguirá luchando

Por su parte, las presiones de la oposición y de los manifestantes contrarios a la ley no se han detenido. De hecho, se espera que sigan con mayor intensidad en los próximos meses, especialmente cuando se retome el curso político, que termina a finales de este mes de julio.

Además de mostrarse contrarios a la reforma judicial desde su misma presentación en el mes de enero, el pasado lunes 54 diputados de la oposición se ausentaron del pleno como muestra de rechazo a una votación que ya tenían perdida de antemano.

Al mismo tiempo, miles de manifestantes –reservistas del Ejército, académicos, doctores, trabajadores de tecnología y organizaciones civiles– protestaban en diversos puntos del país y delante de la Knéset.

En diversas ocasiones, las concentraciones fueron disueltas con violencia por parte de la Policía, que ha negado ningún cualquier tipo de mala conducta y está en manos del ministro ultraderechista Itamar Ben-Gvir.

Buena parte de la sociedad civil israelí, especialmente en grandes ciudades como Tel Aviv, ha protestado intensamente contra la reforma judicial de Netanyahu. La aprobación de la nueva ley esta semana ha sido para todos ellos un duro golpe, al que reaccionaron convocando una huelga de médicos de 24 horas el martes, y organizando más y mayores protestas en Israel.

Por su parte, miles de reservistas del Ejército han anunciado que no se presentarán a prestar su servicio. Las fuerzas armadas ya han tomado medidas disciplinarias contra algunos de los más de 10.000 militares en la reserva que se han declarado en rebeldía.

A uno de ellos lo han castigado con 15 días de cárcel, que no tendrá que cumplir, y a otro lo han multado con 1.000 séqueles (244 euros).

El líder de la oposición, Yair Lapid, del partido centrista Yesh Atid, ha pedido que esperen a que el Supremo examine las alegaciones contra la ley. El Ejército ya ha advertido de que su "capacidad" para el combate podría verse afectada pronto si las tropas de reservistas no se presentan al servicio durante un largo período de tiempo.

Uno de los sectores más activos en contra de la reforma es el de las empresas de tecnología, que aporta el 10% de los empleos y el 15% del PIB del país.

Israel se ha vanagloriado durante años ser una start-up nation, y ahora el Gobierno ve como su Silicon Valley particular se revuelve contra sus medidas, asustado por las consecuencias económicas de las mismas.

Esta semana, la agencia de calificación crediticia Moody's ha advertido de "riesgos significativos" para los inversores, y ha augurado que el aumento de las tensiones políticas y sociales tendrá "consecuencias negativas para la economía y la situación de seguridad".

Miles de reservistas del Ejército han anunciado que no  prestarán su servicio, lo que podría reducir su "capacidad" para el combate 

Las empresas tecnológicas lanzaron el martes una gran campaña publicitaria, comprando las primeras páginas de cinco importantes periódicos israelíes, cuyas portadas llegaron en negro a los quioscos con sólo dos mensajes escritos: "Un día negro para la democracia israelí", en el anverso, y "La locomotora de Israel nunca se rendirá", en el reverso.

Por su parte, Netanyahu y su ministro de finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, han dicho que estas consideraciones y efectos en los mercados son "una reacción momentánea". "Cuando se calmen las aguas, se verá con claridad que la economía de Israel es muy fuerte", han indicado en un comunicado conjunto.

Tras la aprobación de la ley, el ministro de Justicia y principal arquitecto del proyecto legislativo, Yariv Levin, celebró el momento asegurando que se trataba del "primer paso de un proceso histórico" en Israel.

Además, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, añadió que aún quedaban "muchas otras leyes" por aprobar, cuando los parlamentarios vuelvan al trabajo, en el mes de octubre.

Por su parte, Netanyahu dijo el jueves en una entrevista para la cadena norteamericana ABC que la nueva ley es solo "una pequeña corrección" en el sistema legal israelí, que "se ha descarrilado en Israel en los últimos 20 años" porque el país tiene los tribunales "más activistas del planeta".

"La reforma se describe como el fin de la democracia israelí. Creo que eso es una tontería y cuando la bruma se disipe, todos lo verán", añadió el primer ministro.

Un primer paso de muchos

Con esta nueva ley ya son dos las normas aprobadas por iniciativa del Gobierno de Netanyahu, dentro de su paquete de reforma judicial. La primera, que obtuvo luz verde en marzo, cubre las espaldas al primer ministro ante los casos de corrupción que existen en su contra.

En concreto, la norma protege a Netanyahu y sus sucesores ante la posibilidad de ser recusados o declarados no aptos para ejercer sus funciones en caso de ser condenado en un juicio. Netanyahu afronta actualmente diversas acusaciones por soborno, abuso de confianza y fraude.

Entre otras cosas, los jueces investigan si Netanyahu recibió obsequios por un valor de más de 240.000 euros procedentes de diversos magnates, y si obtuvo favores por parte de empresarios de los medios de la comunicación a cambio de contrapartidas en forma de regulaciones favorables a sus compañías.

Ya han sido aprobadas dos normas en esta reforma judicial y quedan, al menos, otras tres propuestas

El primer ministro siempre ha negado los cargos y ha acusado a los jueces de orquestar una caza de brujas contra él.

Más allá de estas dos leyes, aún quedan al menos tres propuestas de normas especialmente escabrosas por aprobar. La más grave es la llamada cláusula de anulación. Una norma que, a la práctica, subyugará por completo el poder judicial al legislativo.

En concreto, esta ley otorgaría a la Knéset la autoridad para anular cualquier decisión judicial con una mayoría simple de 61 diputados de 120: el mínimo que necesita cualquier Gobierno en Israel para obtener el poder.

Esta posibilidad afectaría también a la capacidad del Tribunal Supremo de revocar leyes ilegales que salgan del Parlamento, ya que la Knéset sólo necesitaría volver a llevar la norma al pleno y aprobarla por mayoría.

"La eliminación de la revisión judicial eliminaría los controles y contrapesos más significativos que existen sobre el Gobierno", alertan desde el Israel Democracy Institute.

Otra ley que pretende aprobar el Ejecutivo de Netanyahu es la que afecta al nombramiento de los jueces. En Israel, el comité de selección de los magistrados está compuesto por cuatro políticos electos (dos ministros y dos diputados), tres jueces y dos miembros del Colegio de Abogados, y requiere una mayoría de siete de los nueve miembros para escoger a un nuevo juez.

La propuesta de Netanyahu y sus socios dará una mayoría automática al Gobierno dentro del comité, "politizando todos los rangos del sistema judicial de Israel" y dañando la independencia judicial, según el Israel Democracy Institute.

Finalmente, la cuarta ley a aprobar afecta a los "asesores jurídicos" de los políticos, una figura que actualmente es obligatoria para todos los ministerios del Ejecutivo y que tiene la función de aconsejar a la hora de implementar nuevas normativas, pero también puede vetar aquellas normas que no cumplan con la ley.

Con la aprobación de la reforma, estos asesores jurídicos pasarán a ser designados por los políticos, por lo que raramente les llevarán la contraria.