Del sufrimiento cercano al terror generalizado. Del horror de un caso concreto al drama de otros 30.000 seres humanos ejecutados, de forma diferente y atroz, por el terrorismo de estado que lideró Jorge Rafael Videla. El editor de libros Alberto Santiago Burnichón fue una de las primeras víctimas de la dictadura argentina. Lo secuestraron un 24 de marzo de 1976, el mismo día del golpe de estado. Al día siguiente apareció dentro de un pozo con siete disparos en la garganta.

Un poco antes o un poco después de que Burnichón fuera asesinado en la ciudad argentina de Córdoba, el embajador de España en Buenos Aires, Gregorio Marañón, batía el récord de la vergüenza: siguiendo instrucciones del rey Juan Carlos I, este país se convertía en el primero que reconocía oficialmente a la dictadura de Videla, que mediante un golpe de estado había desalojado del poder a María Estela Martínez de Perón.

La pesadilla duró varios años. Las primeras elecciones generales se celebraron en octubre de 1983 y el primer presidente democrático tras ese periodo de terror de estado, Raúl Alfonsín, juró su cargo dos meses después. A lo largo de los más de siete años de dictadura, más de 30.000 argentinos –entre los que se encontraba Burnichón– fueron secuestrados, torturados y asesinados mediante diversas técnicas: lanzados vivos desde aviones, fusilados en campos de concentración o torturados hasta la muerte. También hubo bebés robados y apropiados por militares o civiles cómplices. Y hubo, además, negocios y apoyos económicos desde el exterior. España entra de lleno ese último punto. 

Primero llegó el reconocimiento oficial. "Por expreso mandato de Su Majestad el Rey, tuve la misión de ser el primer representante de un gobierno extranjero que entregada a la Junta su reconocimiento", contó algunos meses después el propio Marañón en una rueda de prensa ofrecida en Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, unos 600 kilómetros al oeste de Buenos Aires.

El apoyo diplomático ofrecido por España también fue motivo de conversación durante el encuentro que en julio de 1976 mantuvieron el rey Juan Carlos I y el embajador de la dictadura en Madrid, el militar Leandro Enrique Anaya. "Durante mi intervención expresé mi profunda satisfacción por tener la oportunidad de representar al Gobierno argentino ante un país tan caro a nuestros afectos y que era portador, entre otras cosas, de un mensaje de reconocimiento hacia Su Majestad por haber sido España uno de los primeros Estados que reconocieran al Gobierno argentino el 24 de marzo de 1976", relataba Anaya en un documento.

Los contactos diplomáticos se intensificaron tras el golpe de estado. Según consta en distintos documentos a los que ha tenido acceso Público, la embajada de Argentina en España, actuando ya al servicio de los militares, organizó encuentros con políticos, periodistas, policías y empresarios españoles durante los primeros días de la dictadura. También hubo gestos hacia la familia de Franco: el 31 de marzo, siete días después del golpe, desde la embajada enviaron flores a Carmen Franco, hija del ya fallecido dictador. 

45 años después de aquellos hechos, distintos documentos en poder de este periódico señalan que los reconocimientos oficiales, los agasajos y los envíos de flores dieron paso a intensos contactos diplomáticos al más alto nivel que derivaron en acuerdos económicos y comerciales entre España y Argentina. De nada valieron las denuncias formuladas por distintos organismos de derechos humanos sobre los crímenes que se registraban ya en aquel país a manos de las bandas parapoliciales lanzadas a la calle por la dictadura. 

Los negocios fueron bendecidos por el rey Juan Carlos I, quien ya había adelantado al embajador Anaya que España estaba "en el mejor estado anímico para concretar operaciones comerciales  y financieras con la República Argentina", según describió el diplomático. El monarca también le prometió que el ministro de Economía de la dictadura, que tenía previsto visitar España por esas fechas, "tendría la mejor acogida y disposición de banqueros, inversores e industriales".

Medallas y dinero

España no solo fue uno de los primeros países en reconocer al régimen de Videla, sino que también tomó la delantera a la hora de entregar condecoraciones oficiales tanto al dictador como a otros destacados miembros de su equipo. Ninguna de esas medallas, cuya existencia fue revelada por Público en 2014, ha sido revocada por las autoridades españolas en democracia. 

Las relaciones entre ambos países durante aquellos años forman parte de los archivos de la Cancillería argentina y de la embajada española, donde además existe amplia documentación sobre los españoles secuestrados por la dictadura de Videla. Aquellos expedientes permiten constatar una compleja situación: mientras los diplomáticos españoles hacían gestiones protocolarias para consultar por sus compatriotas desaparecidos, desde Madrid se alentaban e impulsaban acuerdos comerciales y económicos con los verdugos.