La defensa del empresario Juan Miguel Villar Mir ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye las actuaciones en relación a la trama Lezo, por grabar conversaciones entre los abogados y su cliente e incorporar el contenido de las mismas al sumario.

En concreto, los letrados, que recabaron en julio el respaldo del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) por este asunto, acusan al magistrado de haber cometido delitos prevaricación judicial, interceptación ilegal de las comunicaciones, retardo malicioso de la Administración de Justicia y falsedad e infidelidad en la custodia de documentos.

Según la querella a la que ha tenido acceso Europa Press, la cuestión radica en las diligencias ordenadas por el magistrado en la pieza número 3 del sumario del caso Lezo. García Castellón, a propuesta de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, autorizó la intervención de una serie de líneas telefónicas entre las que estaban las de los abogados y sus clientes en busca de alguna autoincriminación involuntaria.

Para los querellantes, era una "certeza casi absoluta" que con las escuchas se acabarían recogiendo conversaciones entre abogado y cliente y mucho menos probable que apareciera esa autoincriminación, ya que los delitos que se estaban investigando se habrían producido una década antes y pese a ello, el Magistrado no adoptó ninguna cautela. Dicen que sabía, además, que uno de ellos era abogado en la causa y aún así, mantuvo las escuchas y las extendió a otros investigados.

La UCO avisó de que había abogados y clientes

La querella se detiene en este punto, pues conforme recoge, el día 9 de enero de 2018 la UCO le advirtió expresamente de que había escuchado, grabado y analizado las conversaciones entre una persona investigada y su abogado y el Magistrado no ordenó el inmediato cese de la actuación y la eliminación de la información obtenida, sino que recibió en el juzgado un oficio aparte con las transcripciones.

De estas transcripciones salió, según los querellantes, el problema con el certificado médico que Villar Mir presentó para aducir problemas de salud y evitar comparecer en la Audiencia Nacional cuando estaba previsto. El facultativo acabó siendo llamado a declarar en los Juzgados de Plaza de Castilla, donde ahora se investiga si incurrió en una falsedad.

La querella insiste en que García Castellón no dictó ninguna resolución que "específicamente habilitara a la UCO para grabar las conversaciones entre el señor Villar Mir y su abogado en relación a la entrega del certificado médico" y alega además, que si el magistrado hubiera sospechado en su momento que había alguna irregularidad en la conducta del médico, habría mandado a un forense para reconocer al imputado en lugar de aceptar que se pospusiera la comparecencia.

Pidieron las grabaciones

Los abogados pidieron al juez en marzo la entrega de las grabaciones, algo que según afirman, fue informado positivamente por el Fiscal, sin embargo nunca llegó a producirse y de hecho, el letrado de la Administración de Justicia que estaba a cargo y contra el que también se han querellado, les informó de que nunca habían llegado al juzgado y seguían en poder de la UCO.

Con todo, en abril, el juez de refuerzo Diego de Egea dictó un auto que ordenaba la destrucción de todas las grabaciones en las que se pudiera ver afectado el derecho de defensa, pero la Fiscalía pidió que se conservasen las que había mantenido Villar Mir con el mencionado médico. Finalmente, García Castellón resolvió mantener esos intercambios, pero también otros a los que los querellantes, tras sucesivas peticiones, no han conseguido tener acceso.

Por eso la querella apunta también a un posible delito de falsedad e infidelidad en la custodia de documentos, ya que, tal y como expone, "por asombroso que parezca", resulta "imposible" conocer si las grabaciones de las conversaciones entre el querellante y sus clientes han sido destruidas o si no lo han sido, al existir resoluciones, diligencias e informes de los querellados "contradictorios".

Solicitan que declare la UCO

Según afirma, si han sido destruídas se habría producido "una grave infracción" de su derecho a obtener copia de las mismas (delito de infidelidad en la custodia de documentos) y si no lo han sido, "con manifiesta falsedad de los documentos oficiales en los que los querellados manifiestan lo contrario (falsedad)".

Instan por todo ello al Supremo a estudiar los autos y diligencias relativas a las escuchas y a tomar declaración tanto al magistrado y el letrado de Justicia como al Teniente y al Sargento de la Unidad Central Operativa de Guardia Civil y a los responsables de los ficheros de seguridad de Sitel.

No obstante, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desestimó en una providencia del pasado mes de julio el incidente de nulidad presentado por la defensa de Villar Mir por estas escuchas, ya que habían sido avaladas en un auto dictado un mes antes en la misma sala, cuando se respaldó también al fiscal en su pretensión de investigar la parte del contenido que hacía referencia a la falsificación del certificado médico.